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El legislador del MPF analizó la sesión maratónica defendiendo la derogación de la Ley 1529 y advirtió que el conflicto podría judicializarse. También repasó medidas sociales, el debate por la coparticipación y alertó sobre la falta de infraestructura para la nueva ley de imputabilidad juvenil.

Río Grande.- En una extensa entrevista brindada al programa “La Mañana de la Tecno” de Radio Universidad 93.5 MHz, el legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, realizó un balance de la segunda sesión ordinaria de la Legislatura, marcada por la derogación de la Ley 1529 de reforma constitucional y por un clima político atravesado por la crisis social y económica.

La sesión —que se extendió hasta la madrugada— dejó como dato central la aprobación, por 11 votos contra 4, de la iniciativa impulsada por Jorge Lechman para dejar sin efecto la norma que declaraba la necesidad de reformar la Constitución.

“Un mensaje contundente al Ejecutivo”

Villegas fue categórico al interpretar el resultado de la votación:

“Fue un mensaje muy claro del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de que no es la oportunidad de meter a los fueguinos en un proceso electoral que no le va a cambiar la vida a nadie”, afirmó.

El legislador sostuvo que la decisión se apoya tanto en razones políticas como en el contexto social que atraviesa la provincia. “Tenemos una realidad muy compleja: pérdida de empleo, aumento de la pobreza, un sistema de salud en crisis, problemas en educación. Frente a eso, avanzar con una reforma es un sinsentido”, planteó.

Abrogación, veto y posible judicialización

Durante la entrevista, Villegas también se refirió al aspecto técnico de la medida, explicando que la “abrogación” de la ley implica dejarla sin efecto, en términos similares a una derogación.

Consultado sobre los pasos institucionales, detalló que el gobernador Gustavo Melella cuenta con diez días hábiles para vetar o promulgar la norma, y que, en caso de veto, la Legislatura podrá insistir.

“Habrá que ver si se sostienen los 11 votos para la insistencia. Y después, eventualmente, cuáles son las consecuencias jurídicas. Esto podría terminar en el Poder Judicial”, advirtió.

Cruce con el Ejecutivo

El legislador también respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien calificó como inconstitucional la decisión legislativa.

“Una ley puede ser abrogada por otra ley. Eso es una competencia exclusiva del Poder Legislativo. La discusión no pasa por ahí, sino por la oportunidad”, sostuvo Villegas, al tiempo que cuestionó al Ejecutivo por “estar enroscado en estas discusiones” en lugar de atender las urgencias de la provincia.

Más allá de la reforma: una agenda atravesada por la crisis

Villegas remarcó que la sesión no se limitó al debate constitucional, sino que incluyó una serie de medidas orientadas a mitigar el impacto social de la crisis.

Entre ellas, destacó:

• La suspensión de cambios en subsidios al gas envasado.
• La prohibición de cortes de servicios esenciales durante el invierno.
• La adhesión a una ley nacional de promoción de la enfermería.
• La creación de una comisión investigadora por el “radar inglés” en Tolhuin.
• Medidas de alivio para policías territoriales endeudados.
• Modificaciones en el sistema previsional policial.

“Son decisiones que muestran que estamos tratando de estar a la altura de la circunstancia”, afirmó.

Imputabilidad juvenil: un problema sin infraestructura

Otro de los temas abordados fue la reciente baja de la edad de imputabilidad a nivel nacional. Villegas advirtió que la provincia no cuenta con infraestructura adecuada para alojar menores en conflicto con la ley penal.

“Tierra del Fuego no tiene un lugar específico para menores. Si se presentan casos, vamos a tener un problema grave”, alertó.

Una discusión abierta

Finalmente, el legislador insistió en que el proceso de reforma constitucional aún se encuentra en una etapa inicial, lo que habilita a la Legislatura a revisar su decisión.

“No hay cronograma electoral firme, no hay candidatos, no hay convención en marcha. Estamos en una instancia preconstituyente”, explicó.

En ese marco, defendió la potestad del Parlamento para dar marcha atrás con la ley y reiteró que la prioridad debe estar puesta en la crisis social.

Con posiciones cada vez más firmes entre el oficialismo y la oposición, el escenario político fueguino se encamina a un nuevo capítulo de alta tensión institucional, donde la disputa por la reforma constitucional convive con una agenda urgente marcada por la realidad económica de la provincia.