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‘Chispita’ Fadul redobla su rechazo a la reforma constitucional y pide derogar la Ley 1529 antes del 30 de abril. La presidenta de Somos Fueguinos advirtió sobre riesgos institucionales, cuestionó el costo del proceso y sostuvo que “no es tiempo” de modificar la Carta Magna provincial en medio de la crisis económica y social que atraviesa la provincia. “No es un problema de la Constitución, es un problema de gestión”, afirmó la dirigente a la vez que reclamó a los legisladores que “tienen que votar la derogación”.

Río Grande. En una entrevista extensa en “La Mañana de la Tecno” por Radio Universidad 93.5 MHz, la presidenta del partido Somos Fueguinos, ex legisladora provincial, dos veces convencional constituyente y diputada nacional mandato cumplido, la Dra. Liliana “Chispita” Fadul, volvió a fijar una postura tajante frente al proceso de reforma constitucional impulsado en Tierra del Fuego. Con definiciones contundentes, reclamó a los legisladores provinciales que avancen en la derogación de la Ley Provincial 1529, norma que habilita la modificación parcial de la Constitución, y advirtió que aún están a tiempo de frenar el proceso.

Una reforma inoportuna

La dirigente fue clara desde el inicio: considera que la reforma no solo es inoportuna, sino también incongruente frente al contexto actual. “Estamos absolutamente en contra de esta reforma en un momento inadecuado”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la responsabilidad política no recae únicamente en el Ejecutivo, sino también en la Legislatura. “La pelota está en la cancha de los legisladores y del gobernador”, enfatizó.

La Ley 1529, sancionada en diciembre de 2023, habilita la reforma de unos 70 artículos de la Constitución provincial y establece la convocatoria a una Convención Constituyente en Ushuaia, con una integración equivalente al número actual de legisladores. Sin embargo, en el ámbito legislativo ya tomó estado parlamentario el Asunto 057, impulsado por el legislador Jorge Lechman, que propone dejar sin efecto esa convocatoria. El expediente se encuentra en la Comisión 1 y podría tratarse en la sesión prevista para el 30 de abril.

En ese marco, Fadul pidió celeridad y definiciones concretas: “Si hay voluntad política, pueden votar la derogación. Tienen tiempo de hacerlo en comisión y en la próxima sesión”. Pero su planteo no se limita a una cuestión institucional. La ex legisladora insistió en que el momento económico y social de la provincia vuelve improcedente cualquier intento de reforma estructural.

“No es un problema de la Constitución, es un problema de gestión”

En su diagnóstico, Tierra del Fuego atraviesa una situación crítica, marcada por dificultades para el pago de salarios, la necesidad de adelantos de coparticipación y una crisis profunda en áreas sensibles como la obra social OSEF. “No es un problema de la Constitución, es un problema de gestión”, afirmó. Y fue más allá: “¿Se va a resolver el problema de la obra social, del puerto o de los salarios cambiando la Constitución? No”.

Uno de los ejes más fuertes de su intervención estuvo centrado en los riesgos que, a su entender, implicaría modificar determinados artículos de la Carta Magna. Aunque señaló que no se han dado a conocer los cambios concretos que se pretenden introducir, alertó sobre algunos puntos que considera especialmente delicados.

Entre ellos mencionó el artículo que actualmente prohíbe la emisión de cuasimonedas en la provincia. “Hoy la Constitución impide que se pague con bonos que reemplacen la moneda de curso legal. Ese artículo está sujeto a reforma. ¿Qué significa? ¿Que mañana vamos a cobrar en ‘pingüinos’ en lugar de pesos?”, planteó, en tono crítico.

¿Van por la caja previsional?

También expresó preocupación por la eventual modificación del artículo vinculado al sistema previsional, que establece que los fondos de las cajas jubilatorias deben destinarse exclusivamente a las prestaciones específicas y fija responsabilidades para los funcionarios que incumplan con los aportes. “¿Se van a poder usar esos recursos para otros fines? Que lo expliquen”, reclamó.

En la misma línea, cuestionó la posibilidad de alterar el régimen de responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos, que hoy los obliga a responder con su patrimonio ante perjuicios al Estado. “También quieren reformar eso. Son señales muy preocupantes”, sostuvo.

“Un costo enorme que la provincia no está prepara a afrontar”

A estos cuestionamientos se suma el aspecto económico del proceso. Fadul rechazó de plano los argumentos que minimizan el costo de una eventual Convención Constituyente y recordó que el gasto no se limita a los honorarios de los convencionales. “Llamar a una elección implica un despliegue enorme: logística, autoridades de mesa, impresión de boletas, organización. Después viene la convención. No es gratis”, remarcó. Incluso mencionó estimaciones que hablan de miles de millones de pesos, en una provincia que hoy enfrenta dificultades para sostener sus cuentas.

En ese sentido, trazó un contraste directo con la realidad actual. Recordó que el propio intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, presentó recientemente un proyecto para declarar la emergencia económica y financiera del municipio. “Por un lado se reconoce una situación de emergencia y por otro se quiere gastar millones en una reforma. Es absolutamente incongruente”, señaló.

Lejos de negar la posibilidad de cambios constitucionales, Fadul planteó que la propia Constitución prevé mecanismos más adecuados para introducir modificaciones puntuales. “Se puede recurrir a la enmienda, que permite modificar artículos específicos sin necesidad de una reforma integral. No hace falta avanzar sobre 70 artículos”, explicó.

“Tienen que votar la derogación”

Con la experiencia de haber participado en la reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia en 2022, la dirigente recordó que en aquel momento también advirtieron sobre consecuencias que luego se verificaron, como el aumento del gasto político a partir de la creación de nuevas estructuras institucionales. “El tiempo nos dio la razón”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Fadul dirigió un mensaje directo a los legisladores provinciales, a quienes les pidió definiciones públicas y acciones concretas. “No alcanza con decir si están de acuerdo o no. Tienen que votar la derogación”, insistió. También cuestionó posturas ambiguas dentro de otros espacios políticos y sostuvo que el debate no está cerrado ni en el plano político ni en el judicial.

De cara a la sesión del 30 de abril, el escenario aparece abierto. Para la presidenta de Somos Fueguinos, el camino es claro: frenar la reforma y priorizar las urgencias de la provincia. “No es tiempo de esto. Hay problemas mucho más graves que atender”, concluyó.

Y dejó una advertencia final que resume su posición: “Si avanzan con esta reforma, muchos se van a arrepentir”.