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El abogado penalista y ex juez de Instrucción de Río Grande sostuvo que el proyecto implica “la derogación de un sistema vigente desde hace más de cuarenta años” y consideró que representa un avance legislativo, aunque aclaró que aún debe completar el trámite parlamentario para entrar en vigencia. Para el jurista, la modificación responde a transformaciones sociales profundas: “Hoy nadie puede sostener que un chico de 13, 14 o 15 años no comprende que disparar un arma puede matar o que robar implica quitarle algo a otra persona”, dijo a ((La 97)) Radio Fueguina.

Río Grande.- El abogado penalista y ex juez de Instrucción de Río Grande, Daniel Cesari Hernandez, analizó en ((La 97)) Radio Fueguina el proyecto de nuevo régimen penal juvenil aprobado en la Cámara de Diputados, y explicó que desde el punto de vista jurídico no se trata de una simple modificación, sino de la derogación del sistema actual.

El letrado recordó que el régimen vigente está establecido por la ley 22.278, con más de cuatro décadas de antigüedad, y subrayó que, pese a la votación favorable en Diputados, la normativa todavía no rige.

“Hoy, si un menor comete un delito, sigue estando alcanzado por la ley actual hasta que el Senado complete el proceso y la norma sea promulgada”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la media sanción representa apenas “la mitad del camino” legislativo.

Baja de imputabilidad y fortalecimiento del sistema penal

Cesari Hernandez consideró que la iniciativa se inscribe en una tendencia de fortalecimiento del sistema penal y de seguridad, en línea con políticas que —según sostuvo— buscan dar respuesta a un aumento del delito.

El abogado también hizo una aclaración conceptual: explicó que la discusión pública suele hablar de “punibilidad”, cuando en realidad el término correcto es imputabilidad.

Imputabilidad: posibilidad de que el Estado investigue penalmente a una persona.

Punibilidad: eventual sanción tras el proceso.

“El régimen es de imputabilidad, no de punibilidad; lo que se discute es desde qué edad el Estado puede intervenir penalmente”, afirmó.

De 16 a 14 años

El punto central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Cesari Hernandez señaló que la propuesta original contemplaba los 13 años y opinó que ese umbral le resultaba más adecuado, aunque consideró positivo el cambio igualmente.

Para el jurista, la modificación responde a transformaciones sociales profundas: “Hoy nadie puede sostener que un chico de 13, 14 o 15 años no comprende que disparar un arma puede matar o que robar implica quitarle algo a otra persona”.

Asimismo, remarcó que la Argentina mantiene una edad de imputabilidad superior a la de la mayoría de los países de América y Europa, donde —según enumeró— el piso suele ubicarse entre los 10 y 14 años.

Delito juvenil y rol del Estado

Durante la entrevista, el penalista sostuvo que el crecimiento del delito juvenil constituye un fenómeno real, aunque pidió evitar posiciones extremas o simplificaciones.

Planteó que la respuesta no debe provenir de la “justicia por mano propia”, sino del fortalecimiento institucional.

“El Estado nos tiene que cuidar. La sociedad nunca debe resolver los problemas por sí misma”, afirmó, al advertir sobre los riesgos de la autodefensa armada.

Penas, límites y enfoque educativo

Cesari Hernandez explicó que el nuevo régimen prevé penas de prisión para menores, junto con un sistema de sanciones alternativas y medidas de protección.

Entre los puntos destacados mencionó:

*- Límite máximo de 20 años de prisión para menores, aun en delitos gravísimos;

*- Prioridad en medidas educativas y de reinserción social;

*- Resguardo de la identidad del menor durante el proceso judicial, salvo renuncia expresa.

Según indicó, el objetivo declarado del sistema no es castigar sino reeducar y reinsertar.

“Respetar siempre el sistema legal”

Finalmente, el ex magistrado llamó a que el debate social sobre seguridad y delito juvenil se mantenga dentro del marco institucional.

“Podemos estar o no de acuerdo con las leyes, pero ante un delito siempre hay que acudir a la policía, a los fiscales y a los jueces. Nunca a la justicia por mano propia”, concluyó.