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Más de 120 animales murieron en la Misión Salesiana de Río Grande y el episodio volvió a exponer la falta de control sobre una población estimada en más de 25 mil perros cimarrones. Productores y legisladores hablan de emergencia productiva, ambiental y sanitaria y reclaman decisiones urgentes.

Río Grande.- Un ataque de perros asilvestrados provocó una de las peores pérdidas registradas en la histórica Misión Salesiana de Río Grande. Más de 120 corderos murieron y entre 50 y 60 animales resultaron gravemente heridos, muchos de ellos con escasas posibilidades de recuperación.

El administrador de la institución, Mauricio Hoyos, confirmó que el hecho se habría producido durante el fin de semana y que el recuento aún no había concluido. “Todavía estamos terminando de levantar los animales del campo, pero ya superábamos los cien y estimamos que serán más de 120”, explicó.

El episodio fue advertido tras recorridas habituales por el predio, luego de que docentes y alumnos observaran la presencia de perros en la zona días antes. “No los matan para comer, los matan y los dejan”, describió Hoyos, en referencia al patrón reiterado de estos ataques.

La escena no solo dejó un impacto productivo, sino también educativo: la producción ovina forma parte del proceso formativo de la institución, por lo que el daño afecta años de trabajo pedagógico.

Un problema estructural con marco legal incumplido

El ataque no es un hecho aislado. El fenómeno de los perros asilvestrados —también denominados cimarrones— se arrastra desde hace décadas en la provincia y se ha intensificado con el crecimiento urbano y la ausencia de políticas sostenidas de control.

En 2017, la Legislatura provincial sancionó la Ley Provincial N° 1146, que declaró al perro asilvestrado como “especie exótica invasora” y habilitó su control en zonas rurales. Sin embargo, productores y especialistas coinciden en que las medidas nunca se implementaron de manera sistemática.

Informes técnicos del CADIC-CONICET estiman que existen más de 25.000 perros de vida libre en la provincia. Frente a esa cifra, los operativos de extracción realizados en los últimos años resultan marginales.

Mientras tanto, los productores han debido asumir los costos de defensa: cercos electrificados, incorporación de perros protectores y vigilancia constante. Pese a ello, los ataques continúan expandiéndose, alcanzando no solo al ganado ovino sino también a bovinos, terneros y fauna nativa.

La matemática del crecimiento

Las proyecciones resultan alarmantes si no se implementa un plan de control efectivo. Una hembra puede tener hasta dos camadas anuales con un promedio de cinco cachorros por parición. Con una población estimada de 25.000 ejemplares —y un 50% de hembras fértiles— el crecimiento puede ser exponencial.

De mantenerse la inacción, especialistas advierten que en dos años la población podría duplicarse o incluso triplicarse, alcanzando entre 60.000 y 75.000 ejemplares hacia 2028. Cada cachorro nacido en 2026 podría convertirse en reproductor activo al año siguiente.

“Falta decisión política”

La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, fue categórica tras el episodio de la Misión Salesiana. “El problema no es técnico ni legal, es político”, sostuvo.

Según explicó, la actividad agropecuaria se encuentra en emergencia desde 2012 por esta problemática. “No alcanza con tener leyes: hay que cumplirlas y asignar presupuesto”, afirmó, al señalar que las partidas actuales resultan insuficientes para abordar la dimensión del problema.

Apolinaire remarcó que los animales que protagonizan los ataques “ya no son mascotas”, sino ejemplares que se manejan con conductas de silvestría. Además del daño económico —estimado en unos 12 mil dólares solo en este caso— destacó el impacto biológico y educativo. “Un cordero no se produce de un día para otro; son tres años de trabajo perdidos en una noche”, indicó.

También advirtió sobre el crecimiento de la población canina urbana: alrededor de 14 mil perros sueltos en Ushuaia, 12 mil en Río Grande y 3 mil en Tolhuin, cifras que —según dijo— vuelven insuficientes las campañas de castración actuales.

Emergencia productiva, ambiental y sanitaria

El legislador provincial Matías Lapadula calificó la situación como una “emergencia productiva, ambiental y sanitaria” y confirmó la presentación de un proyecto de ley para declarar formalmente la emergencia.

Lapadula advirtió sobre el riesgo sanitario, mencionando la reaparición de casos de hidatidosis, enfermedad zoonótica que puede afectar a las personas. “No podemos esperar una tragedia mayor para reaccionar”, afirmó.

Entre las propuestas figura la suspensión temporaria de la Ley Provincial 680 —que prohíbe la eutanasia de perros en la provincia— mientras dure la emergencia, con el objetivo de habilitar herramientas de control más amplias en el ámbito rural.

El legislador también cuestionó el financiamiento asignado a la problemática, al considerar que los recursos actuales resultan insuficientes para implementar un plan efectivo.

Un territorio en disputa

El campo fueguino atraviesa una transformación profunda. Hace décadas, la provincia contaba con cerca de un millón de ovejas; hoy ese número se redujo drásticamente, en un contexto donde la producción ovina dejó de ser un símbolo de estabilidad para convertirse en una actividad bajo amenaza constante.

El episodio en la Misión Salesiana volvió a colocar el tema en el centro del debate público. La ley existe, los diagnósticos abundan y las cifras son conocidas. El interrogante que persiste es si el Estado provincial avanzará hacia un plan operativo real o si la problemática continuará creciendo hasta alterar definitivamente el equilibrio productivo y ambiental de la isla.