A 20 años de su creación: Fondo Social de Reactivación Productiva, la promesa económica que ningún gobierno cumplió

Nacido en 2004 con carácter temporal y una carga impositiva específica para fomentar el empleo y la producción, el Fondo Social de Reactivación Productiva (Adicional ingresos brutos) nunca se implementó plenamente y fue desdibujado tras diferentes destinos y una reforma en 2012. Hoy, su historia es símbolo de una política ausente y de una deuda con la sociedad fueguina.

(Por Juan Daniel González).- En 2004, bajo la gestión del entonces gobernador Jorge Colazo, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó la Ley Provincial 616 que creó el Fondo Social de Reactivación Productiva (FSRP). Su misión era ambiciosa y concreta: financiar con créditos accesibles a pequeñas y medianas empresas, emprendimientos familiares y proyectos sociales destinados a personas desempleadas o con subsidios laborales.

Para sostenerlo, se estableció una alícuota adicional del 0,5% sobre el impuesto a los ingresos brutos, la cual más tarde alcanzaría el 1,5%. Este aporte extra fue diseñado como una herramienta de financiamiento específico, no coparticipable con los municipios, con la finalidad de volcarse directamente a la reactivación económica y social de la provincia.

Aunque el fondo tenía un carácter temporal, su vigencia fue renovada año tras año en los presupuestos provinciales, por ejemplo (Ley 661/2005, Ley 695/2006), y así sucesivamente a través de los años; sin que ningún gobierno —de distinto signo político— haya ejecutado de forma efectiva los recursos. En la práctica, el Fondo Social de Reactivación Productiva fue invisibilizado y perdió su naturaleza para lo cuál fue creado, sin destino definido, sin seguimiento público, y sin una estructura clara de administración o rendición de cuentas por varios políticos de turno.

El cambio de destino definitivo llegó en 2012 con la aprobación de la Ley Provincial 907, que creó el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS). Esta nueva normativa arrastró la alícuota adicional sobre ingresos brutos del Fondo Social de Reactivación Productiva (FSRP), pero con un destino distinto: financiar salud y educación.

Con esta ley, el destino original del aporte empresarial dejó definitivamente de priorizar el desarrollo productivo para el cúal fue creado varios años antes y pasó a engrosar las partidas de funcionamiento del Estado de manera formal, diluyéndose aún más la trazabilidad del Fondo Social original. Lo que era un instrumento de impulso económico se convirtió, en los hechos, en una fuente más de financiamiento general para el aparato estatal.

El Fondo Social de Reactivación Productiva representa hoy una deuda histórica con la producción fueguina. Casi dos décadas de aportes específicos, con una afectación teórica concreta, pero sin impacto comprobable ni mecanismos de rendición. Su historia es la de una herramienta creada con sentido social y económico, que fue ignorada por todas las administraciones que se sucedieron. Una herramienta que podría haber cambiado la matriz productiva de la provincia varios años atrás, pero que quedó archivada entre leyes incumplidas y fondos sin control.

Juan Daniel González es un empresario de Ushuaia, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia.