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Cannabis medicinal: especialistas cuestionaron la criminalización y advirtieron sobre el costo de perseguir a consumidores y cultivadores

El abogado Piero Liebman, especialista en regulación del cannabis, y la doctora Noelia Galera, integrante del Ministerio Público de la Defensa, expusieron durante el tercer conversatorio sobre cannabis medicinal las contradicciones entre la legislación penal vigente y las nuevas normas que reconocen derechos vinculados con la planta. Liebman reclamó terminar con la persecución penal de cultivadores y productores, mientras que Galera advirtió que destinar recursos judiciales a perseguir conductas de menor gravedad implica restarlos de la investigación de delitos como la trata de personas, la corrupción y los secuestros extorsivos. 

Río Grande, domingo 15 de noviembre de 2026.- La criminalización del consumo adulto de cannabis, las dificultades que enfrentan los cultivadores y las contradicciones entre las normas penales y las leyes que regulan sus aplicaciones medicinales y productivas fueron algunos de los principales temas abordados durante el tercer conversatorio sobre cannabis medicinal, realizado el sábado 14 de noviembre en el Centro Cultural Leandro N. Alem de Río Grande.

Entre los panelistas participaron el doctor Piero Liebman, abogado especializado en derecho público internacional y regulación del cannabis y cáñamo industrial, quien viajó especialmente desde Buenos Aires, y la doctora Noelia Galera, magíster en Derechos Humanos, doctoranda en Derecho, docente e investigadora, quien se desempeña como secretaria de la Unidad de Defensa Acusatoria del Ministerio Público de la Defensa en Tierra del Fuego.

Ambos especialistas coincidieron en señalar la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema penal frente a los cambios legislativos, sanitarios y sociales relacionados con el cannabis.

Sin embargo, sus exposiciones abordaron dimensiones diferentes de una misma problemática: Liebman puso el acento en los obstáculos que enfrenta la actividad productiva, mientras que Galera analizó las consecuencias sociales, económicas e institucionales de la persecución penal.

 

Liebman: “Hoy tenemos un sistema que primero persigue y después abre oportunidades”

El doctor Piero Liebman describió las contradicciones que, a su entender, caracterizan actualmente al marco normativo argentino.

Por un lado, señaló que continúan vigentes disposiciones penales que permiten perseguir determinadas actividades relacionadas con el cannabis. Por otro, existen normas que habilitan su utilización medicinal y contemplan el desarrollo de actividades productivas bajo condiciones específicas.

“Hoy nos encontramos con un sistema que primero persigue y después, por el otro lado, empieza a abrir oportunidades”, sostuvo.

El abogado consideró que el principal desafío consiste en construir un sistema regulatorio coherente, que permita desarrollar actividades vinculadas con el cannabis sin que quienes participan deban enfrentar una permanente incertidumbre jurídica.

“Tenemos que hacer que esas posibilidades sean orgánicas, que aquel que entra dentro de este sistema pueda entrar en una cadena productiva segura, no que sea un héroe por producir cannabis”, expresó.

Liebman señaló que actualmente numerosos cultivadores y productores deben superar obstáculos relacionados con la legislación penal, las condiciones laborales, la comercialización y la falta de procedimientos administrativos suficientemente claros.

“Hoy en día quienes producen cannabis se ubican más dentro de la categoría de héroes. Tienen que ir contra el desafío penal, contra la falta de regulación laboral, contra la falta de regulaciones comerciales, contra la falta de procesos claros, y aun así siguen cultivando, abasteciendo cannabis, haciendo llegar la medicina”, manifestó.

 

“La ley penal no tiene que ser modificada, tiene que ser erradicada”

 

Consultado sobre la Ley Nacional Nº 23.737, sancionada en 1989, Liebman expresó una posición contundente respecto de la persecución penal de determinadas conductas relacionadas con el cannabis.

Desde su perspectiva, no resulta suficiente introducir modificaciones parciales a la legislación vigente.

“La ley penal no es que tiene que ser modificada, tiene que ser erradicada”, afirmó.

El especialista aclaró que su planteo responde a la necesidad de terminar con la criminalización de cultivadores, productores y personas que participan en actividades relacionadas con el cannabis.

“Vos no podés perseguir a alguien por trabajar con una planta y por hacerle llegar su medicina a otra persona”, sostuvo.

Asimismo, defendió la posibilidad de establecer un sistema de comercialización regulada, con reglas claras para quienes producen y para quienes adquieren productos.

“Necesitamos que se pueda comercializar cannabis, que el cannabis sea una cuestión que tenga un valor, un precio que esté regulado por el mercado y que alguien pueda comprarlo y venderlo”, explicó.

Estas declaraciones expresan la postura del abogado respecto de una eventual reforma del sistema legal argentino y no describen una autorización general de comercialización actualmente vigente.

 

Productores que invierten, pero enfrentan incertidumbre jurídica

 

Liebman también se refirió a las dificultades que atraviesan quienes buscan desarrollar emprendimientos relacionados con el cannabis.

Según explicó, su actividad profesional le permite conocer casos de productores y personas interesadas en la producción de semillas que enfrentan obstáculos regulatorios y riesgos penales.

El abogado cuestionó que quienes intentan incorporarse a una actividad productiva deban interpretar diferentes normas y procedimientos sin contar siempre con garantías suficientes.

“Se les pide que entren en un sistema irregular, que tengan que armar el rompecabezas de la regulación, y aun así pueden no estar seguros”, advirtió.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que pueden existir para contratar seguros destinados a proteger instalaciones y equipamiento utilizados en determinadas actividades vinculadas con el cannabis.

“Alguien puede invertir en un cultivo, lo que implica la luminaria, todo, y no tiene seguros. No hay seguros para una actividad comercial. Imagínense el riesgo que eso genera”, señaló.

Para Liebman, esta situación limita las posibilidades de inversión, incorporación de trabajadores y desarrollo de una cadena productiva organizada.

El especialista sostuvo que resulta necesario establecer condiciones jurídicas que permitan desarrollar actividades habilitadas con mayor previsibilidad.

 

Una trayectoria vinculada con la regulación del cannabis

 

Piero Liebman es fundador del estudio jurídico Liebman & Asociados Abogados, especializado en cuestiones relacionadas con el marco normativo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Desde ese ámbito brinda asesoramiento a organizaciones civiles, cultivadores, emprendedores, empresas y organismos vinculados con el sector.

Su trayectoria incluye la participación en procesos de constitución y asesoramiento de asociaciones civiles y clubes cannábicos, así como intervenciones en procedimientos regulatorios relacionados con el registro de cultivares y otras actividades comprendidas en la normativa nacional.

También ha participado en congresos y encuentros especializados, donde aborda cuestiones vinculadas con el acceso a la justicia, la regulación y las dificultades que enfrentan los diferentes actores de esta actividad.

Durante su visita a Río Grande, el abogado valoró los avances que se vienen desarrollando en Tierra del Fuego, aunque manifestó preocupación por la falta de una política nacional que, a su entender, acompañe de manera integral al sector.

 

“Confío en los cultivadores, pero no en que exista una política organizada”

 

Consultado sobre las perspectivas futuras, Liebman expresó que mantiene expectativas positivas respecto del desarrollo del cannabis en Argentina, principalmente por el trabajo de quienes sostienen la actividad.

“Soy optimista con el futuro porque todavía el desarrollo, como se viene viendo, está en manos de los cultivadores y de los que vienen produciendo”, señaló.

Sin embargo, cuestionó la falta de continuidad y coordinación que observa en las políticas nacionales desde 2024.

El abogado sostuvo que, pese a la existencia de herramientas regulatorias, numerosos productores continúan enfrentando dificultades.

“Confío en el universo de cannabicultores, de productores, de fitomejoradores, de ONG, pero no confío en que esté habiendo un sistema político organizado que impulse y acompañe lo que se necesita para tener una industria organizada”, manifestó.

 

Galera: el Estado debe decidir qué delitos prioriza

Por su parte, la doctora Noelia Galera abordó las consecuencias que tiene la política criminal sobre las personas acusadas de delitos relacionados con el cannabis.

La especialista explicó que integra el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, organismo que brinda asistencia jurídica a personas que no quieren o no pueden contratar un abogado particular.

La Unidad de Defensa Acusatoria en la que trabaja interviene en causas federales y cuenta con presencia en Río Grande y Ushuaia, además de actuar en Tolhuin.

“Defendemos personas acusadas de cometer delitos que no quieren o no pueden pagar un abogado, y muchas veces los delitos que nosotros defendemos son delitos relacionados con plantas o con cannabis”, explicó.

Durante su exposición, Galera planteó la necesidad de analizar cómo se utilizan los recursos del sistema penal y qué consecuencias tiene la selección de los delitos que se investigan.

“El Estado no puede perseguir todos los delitos, tiene que elegir”, afirmó.

La doctora sostuvo que esa selección de prioridades no siempre responde a criterios transparentes y puede terminar afectando especialmente a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

“Lamentablemente esta selección, como no está reglamentada, la hace por su cuenta en la oscuridad”, expresó.

Según explicó, entre las personas alcanzadas por estas decisiones pueden encontrarse quienes buscan acceder a tratamientos de salud y terminan involucradas en procesos penales.

 

El costo de perseguir a una persona por una planta de cannabis

 

Uno de los planteos centrales de Galera estuvo relacionado con el costo económico y social de la política criminal en materia de drogas.

La especialista explicó que su investigación doctoral busca determinar cuánto le cuesta a la sociedad argentina sostener el actual modelo de persecución penal.

Pero aclaró que su análisis no se limita a calcular gastos presupuestarios.

“Mi tesis doctoral, y aspiro a terminarla el año que viene, es cuánto nos cuesta a los argentinos la persecución actual de la política criminal de drogas”, señaló.

Galera explicó que también pretende estudiar lo que se conoce como costo de oportunidad: aquello que el Estado deja de hacer porque destina sus recursos a otras actividades.

“No solamente cuánto nos cuesta en dinero, sino cuánto nos cuesta en lo que no hacemos por hacer lo que estamos haciendo”, afirmó.

La investigadora planteó que cada procedimiento judicial demanda tiempo de fiscales, defensores, jueces, fuerzas de seguridad y otros organismos públicos.

Por esa razón, consideró necesario preguntarse si resulta razonable destinar esos recursos a perseguir determinadas conductas vinculadas con el cannabis, mientras existen delitos de mayor gravedad que también requieren investigación.

 

“Si un fiscal persigue a alguien por un porro, quizá no puede investigar una trata de personas”

 

Galera utilizó ejemplos concretos para explicar las consecuencias de la distribución de recursos dentro del sistema judicial.

“Si los fiscales se dedican, por ejemplo, a perseguir a una persona que tiene un porro, que tiene una planta, no pueden quizá perseguir a las personas que cometen el delito de tratar personas, o la corrupción, o el secuestro extorsivo, u otros delitos federales que son mucho más graves”, sostuvo.

La especialista consideró que este problema merece un debate público sustentado en información y evidencia.

Durante su exposición también recurrió a una comparación histórica relacionada con la guerra de Vietnam, donde determinados indicadores cuantitativos eran utilizados para presentar resultados exitosos sin reflejar necesariamente las consecuencias reales de las decisiones adoptadas.

A partir de esa referencia, invitó a reflexionar sobre la manera en que se evalúan las políticas de persecución penal.

La cantidad de procedimientos, detenciones o causas iniciadas, según su planteo, no necesariamente demuestra que una política pública esté resolviendo los problemas que pretende abordar.

 

La persecución penal también puede profundizar desigualdades

Galera advirtió que las decisiones relacionadas con la persecución de determinados delitos pueden afectar de manera desigual a distintos sectores de la sociedad.

En particular, señaló que las personas en situación de vulnerabilidad pueden quedar especialmente expuestas a la intervención del sistema penal.

La especialista vinculó esta problemática con el acceso a la salud y con las dificultades que enfrentan algunas personas para desarrollar actividades comprendidas en las nuevas regulaciones sobre cannabis medicinal.

Su planteo apunta a discutir no solamente las disposiciones legales, sino también la manera en que estas se aplican y sus consecuencias sobre los derechos de las personas.

En ese sentido, sostuvo que la política criminal debe analizarse desde una perspectiva que contemple los derechos humanos, el uso de los recursos públicos y las prioridades institucionales.

 

“Las leyes nuevas no sirven si no tenemos personal capacitado”

 

Otro de los temas abordados por Galera fue la necesidad de acompañar los cambios legislativos con formación profesional y transformaciones culturales.

La doctora explicó que la existencia de nuevas normas que reconocen derechos no garantiza por sí sola su aplicación efectiva.

“El gran problema que tenemos es que, por más que tengamos leyes nuevas y leyes que reconozcan derechos, si no tenemos personal capacitado para implementarlo, no va a servir de nada”, advirtió.

La especialista consideró que la capacitación debe alcanzar a quienes intervienen en la aplicación de las normas, particularmente en ámbitos vinculados con la salud y la justicia.

También señaló que persisten prejuicios sociales e institucionales relacionados con el cannabis.

“Otro gran problema que tenemos es el prejuicio que hay sobre la planta”, manifestó.

Para Galera, estos prejuicios pueden dificultar la implementación de políticas públicas, incluso cuando existen normas que reconocen determinadas aplicaciones medicinales.

Por esa razón, consideró necesario promover una transformación cultural que permita discutir el tema desde una perspectiva informada.

 

Una investigación doctoral para abrir el debate con datos

 

La doctora Galera adelantó que espera concluir durante 2027 su investigación doctoral sobre los costos de la política criminal de drogas en Argentina.

El trabajo busca aportar información que permita evaluar las consecuencias económicas e institucionales del modelo de persecución vigente.

La investigadora sostuvo que contar con datos concretos podría contribuir a generar discusiones más profundas sobre las prioridades del sistema penal.

“Quizás mostrándonos números, como en mi proyecto de investigación, podamos llegar a tener otro tipo de discusiones sobre la planta”, expresó.

Su planteo apunta a incorporar evidencia al debate jurídico y político, especialmente en un escenario donde conviven disposiciones penales tradicionales y nuevas regulaciones vinculadas con el cannabis medicinal.

 

Dos miradas sobre una misma contradicción jurídica

 

Las exposiciones de Piero Liebman y Noelia Galera permitieron abordar desde perspectivas complementarias una de las principales tensiones que atraviesa actualmente la regulación del cannabis en Argentina.

Liebman cuestionó los obstáculos que enfrentan cultivadores y productores para desarrollar actividades dentro de un marco jurídico claro y reclamó terminar con la persecución penal de conductas que, a su entender, deberían estar reguladas.

Galera, por su parte, puso el foco en las consecuencias que tiene la política criminal sobre las personas y sobre el funcionamiento del sistema judicial, especialmente cuando los recursos destinados a determinadas investigaciones podrían utilizarse para abordar delitos de mayor gravedad.

Ambos coincidieron en la importancia de revisar los prejuicios existentes y avanzar hacia una aplicación coherente de las normas.

La discusión se desarrolla en un contexto donde la Ley Nacional Nº 23.737 continúa vigente, mientras otras disposiciones, como la Ley Nº 27.350 sobre cannabis medicinal y la Ley Nº 27.669 sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial, establecen marcos específicos para actividades autorizadas.

Estas normas no implican una legalización general del consumo adulto ni de la comercialización de cannabis, por lo que persisten diferencias importantes entre las actividades permitidas y aquellas que continúan alcanzadas por la legislación penal.

El debate planteado durante el conversatorio puso de manifiesto la necesidad de discutir cómo deben relacionarse estos marcos normativos y qué cambios podrían resultar necesarios para brindar mayor seguridad jurídica.

 

Una discusión que involucra derechos, justicia y políticas públicas

 

El tercer conversatorio sobre cannabis medicinal permitió que Río Grande fuera escenario de una discusión que trasciende las aplicaciones sanitarias de la planta.

Las intervenciones de Liebman y Galera incorporaron al encuentro cuestiones relacionadas con el derecho penal, los derechos humanos, el desarrollo económico, el acceso a la salud y las prioridades del Estado.

Sus planteos también dejaron abierta una pregunta central: ¿qué consecuencias tiene para la sociedad mantener un sistema que reconoce determinadas aplicaciones medicinales y productivas del cannabis, pero que al mismo tiempo conserva herramientas penales capaces de alcanzar a personas vinculadas con esa actividad?

Para Liebman, la respuesta pasa por terminar con la persecución penal y construir una cadena productiva regulada.

Para Galera, resulta imprescindible evaluar los costos reales de la política criminal, revisar las prioridades de investigación y garantizar que quienes aplican las leyes cuenten con la formación necesaria.

Dos perspectivas que, desde el ejercicio profesional y la investigación académica, invitan a profundizar un debate jurídico y social que todavía permanece abierto en Argentina.

 

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