El gobernador Gustavo Melella designó al abogado Juan Ignacio Penco como representante titular de Tierra del Fuego ante el Consejo Federal Pesquero, mediante el Decreto Provincial Nº 1785/26, incorporado a la Legislatura como Asunto Nº 614/2026. Según la información de la quinta sesión ordinaria, el nombramiento recibió el acompañamiento del PJ fueguino, FORJA, Provincia Grande, Sumemos Tolhuin y La Libertad Avanza, mientras que Somos Fueguinos, el Partido Verde y el Movimiento Popular Fueguino votaron en contra. La controversia incluye señalamientos sobre una presunta participación de Penco en una reforma marítima del Gobierno nacional que fue posteriormente suspendida.
Ushuaia, 29 de octubre de 2026.- La designación del abogado Juan Ignacio Penco como representante de Tierra del Fuego ante el Consejo Federal Pesquero generó una controversia política por sus antecedentes y los señalamientos que lo vinculan con una reforma del sistema de practicaje y pilotaje impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La decisión fue formalizada por el gobernador Gustavo Melella mediante el Decreto Provincial Nº 1785/26, firmado el 15 de octubre y remitido a la Legislatura provincial a través de la Nota Nº 107/26, que ingresó el 16 de octubre bajo el Asunto Nº 614/2026.
La documentación oficial establece que Penco fue designado representante titular, mientras que Ariel Alberto Castiglione, secretario de Comercio Internacional, fue propuesto como suplente.
Ambos nombramientos fueron realizados ad-referéndum de la Legislatura, conforme a la Ley Provincial Nº 1030.
Una designación acompañada por distintos sectores políticos
De acuerdo con la información disponible sobre la quinta sesión ordinaria, la designación recibió el acompañamiento de legisladores del Partido Justicialista, FORJA, Provincia Grande, Sumemos Tolhuin y La Libertad Avanza.
En tanto, representantes de Somos Fueguinos, el Partido Verde y el Movimiento Popular Fueguino se pronunciaron en contra.
Esta distribución de apoyos resulta políticamente significativa porque reúne a sectores provinciales y nacionales que mantienen posiciones diferentes respecto de las políticas económicas y de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, el resultado de la votación y su distribución por bloques todavía deben cotejarse con el acta oficial de la sesión.
Los antecedentes de Penco y la reforma marítima nacional
Uno de los principales cuestionamientos políticos está relacionado con los antecedentes del abogado, quien se desempeñó como funcionario durante la presidencia de Mauricio Macri y ha sido señalado como participante en la elaboración del Decreto Nacional Nº 690/26.
Esa norma, firmada el 30 de julio de 2026 y publicada al día siguiente, aprobó un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina.
Entre sus disposiciones contemplaba modificaciones en la contratación de profesionales, la organización de los servicios y las condiciones de prestación de las actividades vinculadas con la navegación comercial.
La reforma fue cuestionada por sectores vinculados con la actividad marítima debido a sus posibles consecuencias sobre la seguridad de la navegación.
Finalmente, el Gobierno nacional suspendió sus efectos mediante el Decreto Nº 716/26, publicado el 6 de agosto de 2026.
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No obstante, corresponde establecer una distinción: la participación concreta de Juan Ignacio Penco en la redacción del Decreto Nº 690/26 no se encuentra acreditada en la documentación oficial examinada.
Por lo tanto, esa vinculación debe mantenerse en el terreno de los señalamientos pendientes de confirmación y no presentarse como un hecho demostrado.
Las críticas de sectores del peronismo
La reforma marítima impulsada por el Gobierno nacional también provocó cuestionamientos de dirigentes peronistas.
Entre ellos se encuentra el senador santafesino Armando Traferri, a quien se atribuye haber calificado la iniciativa de “insólita, inédita, insensata e irresponsable”.
La expresión refleja la intensidad de los cuestionamientos formulados contra aquella política de desregulación, aunque la atribución textual requiere corroboración con su declaración original.
En Tierra del Fuego, el acompañamiento legislativo del PJ a la designación de Penco introdujo un contraste político respecto de aquellas críticas.
Sin embargo, el respaldo a su nombramiento no implica necesariamente una adhesión a la reforma marítima nacional, ya que se trata de decisiones institucionales diferentes.
Tampoco se cuenta, por el momento, con una declaración oficial del PJ nacional que permita confirmar un malestar orgánico de su conducción por esta designación.
Qué establece el decreto firmado por Melella
El Decreto Provincial Nº 1785/26 invoca la Ley Nacional Nº 24.922, que establece el Régimen Federal de Pesca, y la Ley Provincial Nº 1030.
En sus considerandos recuerda que el Consejo Federal Pesquero interviene en la definición de la política pesquera nacional, los lineamientos de investigación y las capturas máximas permisibles por especie.
El documento señala que, por razones de organización funcional, resulta necesario reemplazar las designaciones anteriores.
En consecuencia, su artículo 1º deja sin efecto los decretos provinciales Nº 237/20 y Nº 153/24, mientras que los artículos 2º y 3º establecen las nuevas representaciones titular y suplente.
La decisión fue refrendada por el ministro jefe de Gabinete, Jorge Alberto Canals.
Un aspecto que surge de la lectura del documento es que el Poder Ejecutivo no desarrolla una fundamentación específica sobre la trayectoria profesional de Penco en materia pesquera ni identifica objetivos concretos para su gestión ante el organismo federal.
El decreto se limita a invocar razones de organización funcional y la necesidad de renovar la representación provincial.
Los intereses pesqueros de Tierra del Fuego
La representación provincial ante el Consejo Federal Pesquero constituye una función relevante para Tierra del Fuego, por su ubicación estratégica y la importancia de los recursos marítimos del Atlántico Sur.
El organismo participa en decisiones relacionadas con la administración de las pesquerías, los criterios de conservación, las capturas máximas permisibles y los lineamientos de investigación de los recursos.
En este contexto, la designación de Penco plantea interrogantes sobre las prioridades que impulsará en representación de la Provincia, su posición frente a las políticas nacionales de administración pesquera y los mecanismos de articulación con las autoridades fueguinas.
La documentación remitida por el Gobierno provincial no contiene precisiones sobre estos aspectos.
Un debate que trasciende el nombramiento
La controversia por la designación de Juan Ignacio Penco combina cuestiones institucionales y políticas.
Por una parte, se encuentra la facultad del Poder Ejecutivo provincial para proponer representantes ante el Consejo Federal Pesquero, con intervención de la Legislatura conforme a la normativa vigente.
Por otra, aparecen los antecedentes del funcionario designado, las vinculaciones que se le atribuyen con políticas del Gobierno nacional y las distintas posiciones adoptadas por los bloques legislativos.
La documentación oficial permite confirmar la designación, la identidad del representante suplente, la fecha del decreto y su remisión a la Legislatura.
En cambio, permanecen pendientes de corroboración la participación específica de Penco en la elaboración de la reforma marítima nacional y la existencia de un pronunciamiento del PJ nacional sobre su nombramiento.
El debate también deja abierta una cuestión de interés público: cuáles serán las políticas que defenderá el nuevo representante provincial ante el Consejo Federal Pesquero y de qué manera contribuirán a la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros de Tierra del Fuego.
