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El legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, anunció que convocará a la Comisión N.º 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda para analizar los atrasos en las transferencias de coparticipación a los municipios. Advirtió que la deuda con Río Grande ya supera los 18.000 millones de pesos y cuestionó la política financiera del Gobierno provincial. Además, anticipó que buscará avanzar con la insistencia de la ley de goteo diario, aprobada por la Legislatura y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo.

Río Grande, 22 de octubre de 2026.- El legislador provincial Matías Lapadula, representante del bloque Provincia Grande, anunció que convocará a una reunión de la Comisión N.º 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura fueguina para abordar la situación financiera que atraviesan los municipios como consecuencia de los atrasos en la transferencia de recursos coparticipables por parte del Gobierno provincial.

Según precisó el parlamentario, en el caso de Río Grande la deuda acumulada supera los 18.000 millones de pesos, con demoras cercanas a los 40 días, una situación que genera dificultades para la planificación presupuestaria y el sostenimiento de los servicios municipales.

Lapadula adelantó que durante el encuentro también propondrá avanzar con la insistencia legislativa de la ley de transferencia automática de fondos, conocida como ley de goteo diario, que oportunamente fue aprobada por la Legislatura y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo provincial.

“Estos son recursos que ya ingresaron a la Provincia y que les pertenecen a los vecinos de Río Grande. No es una discusión de favores, es cumplir con la Constitución y con la ley de coparticipación”, afirmó.

Cuestionamientos a la administración financiera provincial

El legislador formuló críticas a la política financiera del Gobierno provincial y sostuvo que los atrasos en las transferencias terminan trasladando las dificultades económicas del Ejecutivo a los municipios.

“No puede ser que los vecinos de Río Grande tengan que pagar por la ineficiencia del Gobierno provincial y por el desastre de su gestión económica y financiera. Y no puede ser que el único ajuste que hace la Provincia sea reteniendo ilegalmente fondos que les corresponden a los municipios”, expresó.

Desde su perspectiva, la situación no constituye solamente una controversia entre administraciones públicas, sino que afecta directamente a las comunidades que dependen de los servicios prestados por los gobiernos locales.

En ese marco, insistió en que los recursos coparticipables deben transferirse conforme a los mecanismos y plazos establecidos por la normativa vigente.

El impacto de los atrasos en los servicios municipales

Lapadula detalló las responsabilidades que tiene a su cargo el Municipio de Río Grande y explicó que las demoras en el ingreso de recursos comprometen la previsibilidad necesaria para sostener las prestaciones.

“Río Grande es la única ciudad de la provincia que tiene a su cargo el servicio de agua y cloacas, con insumos que en buena parte son importados. Además sostiene los centros de atención primaria de la salud, la recolección de residuos, el subsidio al transporte público, la asistencia social y la obra pública. Cuando los fondos no llegan, todo eso se pone en riesgo”, explicó.

El legislador remarcó que las consecuencias de los atrasos pueden extenderse a distintas áreas de la administración municipal, desde la atención sanitaria hasta la ejecución de obras y el cumplimiento de compromisos económicos.

“Detrás de cada peso que la Provincia retiene, hay un vecino que espera un turno en un centro de salud, un barrio que necesita una obra o una familia que depende de la asistencia del Municipio. Y además, el Municipio tiene que pagar sueldos y proveedores sin saber cuándo va a recibir lo que le corresponde”, agregó.

De esta manera, vinculó la discusión sobre la coparticipación con la continuidad de los servicios públicos y las obligaciones que deben afrontar diariamente los gobiernos municipales.

Respaldo al reclamo del intendente Martín Pérez

En otro tramo de sus declaraciones, Lapadula expresó su acompañamiento a las gestiones que viene realizando el intendente Martín Pérez para reclamar la regularización de las transferencias provinciales.

“El Intendente lo viene planteando con claridad y por la vía institucional: la deuda no para de crecer y no hay respuestas. Desde la Legislatura tenemos la responsabilidad de actuar”, sostuvo.

El parlamentario consideró que el crecimiento de las acreencias municipales requiere una intervención legislativa que permita analizar la situación y avanzar en mecanismos destinados a garantizar mayor previsibilidad financiera.

La convocatoria anunciada por Lapadula se produce en un contexto de reiterados reclamos del Municipio de Río Grande por las demoras en la remisión de fondos provenientes de la coparticipación nacional y provincial.

La insistencia en la ley de goteo diario

Uno de los puntos centrales de la iniciativa anunciada por Lapadula será retomar el tratamiento de la ley que establece un mecanismo de transferencia automática de los recursos coparticipables.

El legislador recordó que el proyecto fue debatido en comisión, obtuvo aprobación legislativa y posteriormente recibió el veto del Poder Ejecutivo provincial.

“En su momento buscamos el consenso, pero el Gobierno ni siquiera reconocía que había deuda con los municipios. Hoy la deuda está a la vista de todos y sigue creciendo. Los hechos demuestran que esta ley era necesaria”, señaló.

Lapadula explicó que el objetivo del mecanismo de goteo diario es evitar que las transferencias dependan de decisiones administrativas discrecionales y permitir que los municipios conozcan con mayor certeza los recursos disponibles.

“El goteo diario no es más que garantizar que, si entran fondos a la Provincia, la parte que le corresponde a cada municipio se transfiera automáticamente, sin demoras y sin discrecionalidad. Es una cuestión de previsibilidad: los municipios tienen que tener certeza sobre sus recursos para poder planificar y gestionar”, explicó.

El planteo apunta a establecer un procedimiento que vincule el ingreso de los recursos a las cuentas provinciales con su correspondiente distribución a las administraciones municipales.

La Comisión de Presupuesto analizará la situación de los municipios

Finalmente, Lapadula adelantó que la convocatoria permitirá examinar la situación de cada municipio y discutir los pasos legislativos necesarios para avanzar con la insistencia de la norma vetada.

“Vamos a convocar a la Comisión para analizar la situación de cada municipio y avanzar en la insistencia de la ley. Si el Gobierno no da respuestas, la Legislatura tiene las herramientas para que se cumpla con lo que les corresponde a las ciudades”, concluyó.

La iniciativa anunciada por el legislador de Provincia Grande abre una nueva instancia de discusión parlamentaria sobre el sistema de distribución de recursos provinciales y la autonomía financiera de los municipios fueguinos.

En el caso de Río Grande, el reclamo adquiere especial relevancia por el volumen de las acreencias denunciadas y por la incidencia que tienen los fondos coparticipables en el financiamiento de los servicios y las obligaciones municipales.