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El legislador de Somos Fueguinos sostuvo que la derogación de la Ley que habilitaba la reforma constitucional fue una respuesta al reclamo de la sociedad fueguina y no el triunfo de un bloque político. También defendió la Ley de Goteo como una herramienta para garantizar que los municipios reciban en tiempo y forma los recursos que les corresponden.

Ushuaia.- El legislador provincial por Somos Fueguinos, Jorge Lechman, celebró la derogación de la Ley que establecía la necesidad de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y aseguró que la decisión de la Legislatura respondió al fuerte reclamo de la sociedad fueguina.

En declaraciones públicas, Lechman remarcó que “11 legisladores escucharon a un pueblo que, en su gran mayoría, rechaza el proceso eleccionario que pretende el Gobierno de la Provincia”. Según sostuvo, ese rechazo no obedece a un capricho, sino a la realidad social y económica que atraviesa la provincia.

“No por capricho, sino porque está atravesando la peor crisis de la historia. Hay una mala praxis en el manejo de las cuentas que ha llevado a una crisis tan grande que hoy la gente piensa si almuerza o cena, y muchos ni siquiera tienen esa opción”, afirmó.

En esa línea, el referente de Somos Fueguinos planteó que la derogación no debe ser presentada como una victoria individual ni partidaria, sino como el resultado de una demanda social que encontró respuesta en distintos bloques políticos.

“Habla muy bien de la clase dirigente de Tierra del Fuego. No fue un legislador o un bloque político. La gente, con su rechazo y sus reclamos, logró las mayorías”, analizó.

Lechman también puso en valor la actitud de distintos espacios legislativos que acompañaron la decisión. Según señaló, muchos bloques que en algún momento tuvieron diferentes miradas sobre la reforma entendieron que la situación de la provincia obligaba a repensar las prioridades.

“Esto no ha sido el logro de un bloque político, sino de muchos bloques políticos que han reclamado a un pueblo que reclama la fragilidad con la que se está viviendo”, expresó.

En ese contexto, Lechman cuestionó que el Gobierno insista con un proceso electoral millonario mientras la provincia enfrenta pobreza creciente, despidos, cierre de comercios y fábricas, e incertidumbre laboral en sectores clave.

“Destinar más de 8.000 millones de pesos a una reforma que no le cambia la vida a ningún fueguino y no resuelve ninguno de los problemas urgentes de la provincia es una falta de respeto a toda la ciudadanía de Tierra del Fuego”, afirmó.

Lechman rechazó además que el proceso electoral ya estuviera en marcha al momento de la derogación. “Eso es una falacia. El decreto de convocatoria que se firmó el 30, cuando la Ley tenía dictamen y se publicó el primero, entra en vigor el 9 de mayo. Cuando se derogó la Ley no había ningún proceso en marcha”, explicó.

Además, remarcó que no existen convencionales constituyentes electos ni una Convención constituida. Por ese motivo, defendió la facultad de la Legislatura para dejar sin efecto la norma.

“No hay convencionales constituyentes electos, ni está la Convención constituida. Es plena facultad de la Legislatura derogar, por ser una ley especial. La única potestad que tiene el Ejecutivo es la de llevar adelante el evento. Nada más”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que, si el Gobierno provincial decide judicializar la discusión, podrá recurrir a las herramientas institucionales que considere necesarias. “Si se judicializa, el Estado provincial, en la figura del gobernador, tiene derecho de agotar todas las vías necesarias”, indicó.

Para Lechman, la discusión constitucional no aparece hoy entre las prioridades de la sociedad. “Son muchísimos los problemas que tiene la provincia como para enfocarnos en una reforma constitucional que, al día siguiente, no resuelve ni un problema de los fueguinos. Es gastar tiempo en algo que la gente no necesita”, afirmó.

Lechman insistió en que la discusión por la reforma constitucional quedó alejada de las preocupaciones reales de la sociedad. Según planteó, en una provincia atravesada por urgencias sociales y económicas, la política debe concentrarse en resolver los problemas concretos de la ciudadanía antes que impulsar debates que no modifican la vida cotidiana de los fueguinos.

Respecto de la Ley de Goteo, Lechman sostuvo que su acompañamiento respondió a la necesidad de ordenar la transferencia de recursos a los municipios y evitar que las ciudades queden condicionadas por los atrasos del Gobierno provincial.

“Cuando el Gobierno arrastra a los municipios al caos, hay que tomar medidas. Yo no tengo pertenencia política con ninguno de los Ejecutivos municipales de la provincia, pero soy consciente de que, si no reciben lo que tienen que recibir, no pueden afrontar sus gastos y compromisos”, expresó.

Para Lechman, la falta de transferencias en tiempo y forma impacta directamente sobre las ciudades y sus vecinos. “Por ende, postergamos a las ciudades y los vecinos. Es imposible no acompañar la Ley de Goteo”, sostuvo.

Sobre los cuestionamientos a la Ley de Goteo, Lechman rechazó que la norma implique quitarle recursos al Estado provincial y sostuvo que el objetivo es garantizar que los fondos lleguen en tiempo y forma a los municipios.

“La Legislatura con la Ley de Goteo ¿le está sacando al Estado provincial lo que corresponde o hace un acto de justicia haciendo que depositen en tiempo y forma los compromisos que tienen con los municipios?”, planteó.

Y concluyó: “No estamos incrementando el porcentaje de coparticipación, sino haciendo que cumpla con lo que corresponde. Que aprenda a administrar. Esto es pura y exclusivamente mala praxis”.