Caja policial en crisis: Gracianía advierte un escenario “más grave de lo esperado” y crece la presión por una salida urgente

La Comisión de Seguridad y Justicia expuso un cuadro crítico: una deuda millonaria con jubilados del exterritorio, falta de un plan inmediato de pago y fuertes cuestionamientos a la gestión de la Caja. El Ejecutivo promete medidas paliativas y un proyecto de ley en diez días.

Ushuaia.- En el seno de la Legislatura, la crisis de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario volvió a ocupar el centro de la agenda legislativa y dejó al descubierto un escenario alarmante. Al término de la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia Nº 6, la presidenta del espacio, la legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), reconoció ante Prensa Legislativa que el diagnóstico fue más severo de lo esperado: “Nos encontramos con un panorama bastante más preocupante de lo que pensábamos”.

La afirmación se dio tras la exposición del ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien aseguró sin rodeos que la Caja de la Policía “está quebrada”, una definición que encendió las alarmas dentro y fuera del recinto.

Una deuda millonaria y sin respuesta inmediata

El encuentro reunió a funcionarios del Ejecutivo y autoridades de la Caja Previsional y de la Caja Compensadora del exterritorio, quienes fueron interpelados por los legisladores sobre las medidas previstas para afrontar una deuda que lleva once meses acumulándose.

Según precisó Gracianía, el pasivo asciende a 6.600 millones de pesos y afecta directamente a 540 policías territoriales jubilados, quienes vienen reclamando el pago de sus haberes sin obtener respuestas concretas.

“Se trata de un tema de estricta actualidad. La Legislatura es una caja de resonancia de la agenda pública de Tierra del Fuego, aun sin un proyecto concreto a tratar. El interrogante mayor es cómo se va a afrontar la deuda con los jubilados del exterritorio”, sostuvo la parlamentaria durante el debate.

La legisladora fue aún más crítica al evaluar la falta de previsión oficial: “No tienen un plan para pagarles de inmediato. Lo que quedó expresado en la mesa de debate es que este problema se conoce desde hace muchos años; el Gobierno y la Caja sabían de la situación”.

Reclamos históricos y advertencias ignoradas

Durante la reunión —la tercera que la comisión dedica al tema— volvieron a escucharse los testimonios de jubilados y familiares, quienes sostienen un reclamo persistente ante la falta de pago.

En esa línea, la legisladora María Victoria Vuoto (PJ) recordó que ya en 2022 existían auditorías que advertían sobre el nivel de endeudamiento del sistema. “Había información suficiente para actuar antes”, planteó, al tiempo que cuestionó la ausencia de una ley de emergencia que permitiera anticipar el colapso.

Críticas por el uso de recursos

El debate también incluyó cuestionamientos sobre la administración de fondos. El legislador Pablo Villegas (MPF) fue contundente al señalar una fuerte contradicción en la distribución del gasto: “Se pagan gastos de representación por 18 millones de pesos mensuales a los directores de la Caja de Policía, mientras que no se les paga a los jubilados territoriales”.

Sus declaraciones profundizaron el clima de tensión política en torno a la gestión del organismo previsional.

Promesas oficiales y cuenta regresiva

Como resultado del encuentro, el Ejecutivo se comprometió a presentar en un plazo de diez días un proyecto de ley orientado a garantizar la sostenibilidad del sistema previsional policial y penitenciario. En paralelo, el ministro Canals anunció la implementación de un programa paliativo por cinco meses, destinado a contener parcialmente la situación de los beneficiarios afectados.

La comisión contó con la participación de los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Myriam Martínez (FORJA), Tomás García (PJ), Juan Carlos Pino (PJ) y Luciano Selzer (LLA), entre otros. De manera remota se sumaron María Laura Colazo (PV), Gisela Dos Santos (ST), Matías Lapadula (PG) y Raúl Von der Thusen (SF).

Un conflicto que escala

El cuadro expuesto en comisión no solo deja al descubierto una crisis financiera estructural, sino que también abre un nuevo frente político para el Gobierno provincial, que ahora deberá dar respuestas en un plazo acotado frente a una situación social cada vez más delicada.

Con jubilaciones impagas, advertencias desoídas y un sistema al borde del colapso, la Caja policial se convierte en uno de los temas más sensibles de la agenda fueguina, con impacto directo en cientos de familias y un creciente costo político para la gestión.