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El Parlamento provincial aprobó un pedido de informes urgente sobre la designación de Maximiliano D’Alessio en el directorio de YPF. La medida, impulsada por el legislador Jorge Lechman, pone bajo la lupa el cumplimiento de la Ley Provincial 1012 y abre un frente institucional entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Ushuaia.- La última sesión de la Legislatura de Tierra del Fuego dejó al descubierto un nuevo foco de tensión institucional, esta vez vinculado a la representación provincial en el directorio de YPF. A partir de una iniciativa del legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos), la Cámara aprobó una resolución que intima al Poder Ejecutivo a brindar explicaciones en un plazo perentorio de 48 horas sobre la designación de Maximiliano D’Alessio, junto con la remisión de toda la documentación respaldatoria.

La decisión parlamentaria no sólo refleja un pedido de información administrativa, sino que introduce un cuestionamiento de fondo sobre la legalidad del procedimiento adoptado. El eje del planteo se centra en la Ley Provincial 1012, una norma que regula de manera específica el mecanismo de designación del representante fueguino ante la petrolera de mayoría estatal.

Un procedimiento bajo análisis

Según lo establecido por la legislación vigente, el nombramiento del representante de Tierra del Fuego en el directorio de YPF debe ser realizado por el Poder Ejecutivo, pero sujeto al aval posterior de la Legislatura —es decir, bajo la figura de “ad referéndum”. En términos prácticos, esto implica que la designación no adquiere plena validez hasta tanto sea ratificada por la Cámara.

En ese contexto, el planteo de Lechman apunta a dilucidar si el Ejecutivo cumplió con ese procedimiento o si, por el contrario, avanzó de manera unilateral sin dar intervención al Poder Legislativo.

Durante su exposición en el recinto, el legislador sostuvo que el objetivo central del pedido de informes es “verificar el cumplimiento de la ley” y garantizar la transparencia institucional en un ámbito de alta relevancia estratégica para la provincia.

Plazos perentorios y presión política

La resolución aprobada introduce un elemento clave: el plazo de 48 horas, definido como “perentorio e improrrogable”. Este punto no es menor, ya que implica una señal política clara de la Legislatura en cuanto a la urgencia del tema y la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo.

Además del informe explicativo, la Cámara exigió el envío de los antecedentes administrativos vinculados a la designación de D’Alessio, lo que incluye actos formales, resoluciones, dictámenes y cualquier documentación que permita reconstruir el proceso.

Este tipo de pedidos no sólo buscan información, sino que también funcionan como herramientas de control institucional. En este caso, el énfasis está puesto en determinar si hubo omisión de comunicación al Parlamento o incumplimiento de los pasos legales establecidos.

YPF y la representación provincial

La discusión adquiere mayor relevancia si se considera el peso estratégico de YPF para las provincias productoras de hidrocarburos. La presencia de representantes provinciales en su directorio no es meramente formal, sino que implica la posibilidad de incidir en decisiones vinculadas a inversiones, exploración, producción y desarrollo energético.

Para Tierra del Fuego, cuya matriz productiva tiene una fuerte vinculación con la industria hidrocarburífera, la correcta designación de ese representante reviste un interés político y económico de primer orden.

Un conflicto en ciernes

Si bien el pedido de informes no implica de por sí una sanción ni una declaración de irregularidad, sí marca el inicio de un posible conflicto institucional. Todo dependerá de la respuesta del Ejecutivo y de la documentación que remita en el plazo establecido.

En caso de detectarse incumplimientos, la Legislatura podría avanzar en nuevas medidas, que van desde la impugnación de la designación hasta la profundización del control político sobre el Ejecutivo.

Por lo pronto, el debate impulsado por Lechman logró instalar en la agenda pública un tema sensible: el respeto a los mecanismos institucionales en la toma de decisiones estratégicas. Y, en ese marco, la cuenta regresiva de 48 horas ya comenzó a correr.