En el inicio del trabajo de comisiones legislativas, la legisladora de La Libertad Avanza reclamó transparencia en las cuentas públicas, cuestionó la gestión de la obra social estatal y advirtió sobre la falta de políticas frente a las adicciones. También ratificó la postura de su bloque contra nuevos impuestos. “Nunca tuvimos la oportunidad de escuchar a los funcionarios explicar cómo pensaban gastar el dinero. Hoy no contamos con datos claros ni previsiones”, remarcó Natalia Gracianía, quien sintetizó que La Libertad Avanza exige transparencia en medio de la incertidumbre financiera de la provincia.
Río Grande.- En el arranque de la actividad parlamentaria en Tierra del Fuego, la legisladora provincial Natalia Gracianía, presidente del Bloque de La Libertad Avanza, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación institucional, económica y social de la provincia, al tiempo que delineó los ejes que marcarán la agenda legislativa en las próximas semanas.
En diálogo con “La Mañana de la Tecno” por Radio Universidad 93.5 MHz, la dirigente de La Libertad Avanza puso especial énfasis en la necesidad de acceder a información precisa sobre el estado de las finanzas públicas, en un contexto que definió como “crucial”.
Finanzas bajo la lupa: “No tenemos los números finos de la provincia”
Gracianía destacó que la presencia del ministro de Economía en comisión será un punto de inflexión para el Parlamento. “Es la primera vez que va a estar en este ámbito. Necesitamos conocer cuál es la situación real, el déficit, las proyecciones y cómo se están administrando los recursos”, sostuvo.
La legisladora advirtió que el escenario se complejiza debido al presupuesto reconducido, lo que —según explicó— limita el acceso de los legisladores a información clave. “Nunca tuvimos la oportunidad de escuchar a los funcionarios explicar cómo pensaban gastar el dinero. Hoy no contamos con datos claros ni previsiones”, remarcó.
En ese sentido, insistió en que cualquier decisión legislativa debe partir de información “clara, transparente y completa”, ya que involucra recursos públicos.
OSEF en crisis: “El principal responsable es el Gobierno provincial”
Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo centrado en la situación de la obra social estatal OSEF, que la legisladora describió como “gravísima”.
Gracianía cuestionó la decisión de no ejecutar judicialmente a los deudores —entre ellos organismos públicos— pese a contar con herramientas legales para hacerlo. “Podrían haber cobrado con intereses y evitar este colapso. Eligieron financiar en cuotas a quienes deben, mientras los afiliados no reciben medicamentos ni prestaciones”, disparó.
La parlamentaria enumeró una serie de situaciones críticas:
*- Convenios caídos, incluso en tratamientos oncológicos.
*- Falta de medicamentos.
*- Demoras de hasta ocho meses en pagos a acompañantes terapéuticos.
*- Familias de electrodependientes sin respuestas.
*- Afiliados que deben visibilizar públicamente su situación para ser atendidos.
“Hay un denominador común: falta de gestión, de administración y de respuestas”, sentenció.
Además, apuntó directamente al Ejecutivo provincial: “El principal responsable del desfinanciamiento de OSEF es el Gobierno, que es quien toma las decisiones”.
Adicciones y salud mental: “Estamos llegando tarde”
Otro de los ejes que planteó Gracianía fue la problemática de las adicciones, a la que consideró “subestimada” y sin políticas públicas integrales.
La parlamentaria relató su visita a la institución “Reencontrándonos”, en Ushuaia, el único espacio de internación para personas con consumos problemáticos en toda la provincia. Allí, según indicó, hay alrededor de 35 personas internadas.
El problema, explicó, es que el convenio con OSEF no fue ratificado, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio. “Es un lugar esencial. Sin esto, la alternativa es la internación fuera de la provincia, con costos mucho mayores y sin acompañamiento familiar”, alertó.
Pero el diagnóstico va más allá: “En Tierra del Fuego no hay programas de prevención. No se habla del tema. No hay campañas, no hay políticas claras. Y es un problema que está creciendo”, afirmó.
Gracianía planteó la necesidad de trabajar desde las escuelas con programas de concientización sobre drogas, alcohol, tabaquismo, ludopatía y nuevas problemáticas como el consumo de fentanilo. “De lo que no hablamos, sigue creciendo”, resumió.
Educación: rechazo a más impuestos y preocupación por la falta de clases
En materia educativa, la legisladora ratificó la postura de su bloque de no acompañar nuevos impuestos para financiar el sistema.
“El Gobierno tiene la obligación de garantizar educación. No se puede cargar más presión impositiva para cubrir gastos que el Ejecutivo no administra bien”, sostuvo.
Además, calificó como una “tragedia educativa” lo ocurrido en 2025 y advirtió que el ciclo 2026 comenzó nuevamente con conflictos. “Les pedimos a los gremios que no perjudiquen a los chicos. Tienen derecho a reclamar, pero no a costa de los estudiantes”, expresó.
También señaló problemas estructurales en infraestructura escolar, con establecimientos cerrados o en malas condiciones.
Agenda legislativa: justicia, salud y control institucional
Durante la semana, la Legislatura abordará múltiples temas en comisión:
*- Presupuesto y Economía: exposición del ministro.
*- Educación: análisis de la situación del sistema.
*- Seguridad y Justicia: revisión de tasas judiciales con participación del Superior Tribunal y colegios de abogados.
*- Comisión conjunta: crisis de OSEF y situación de “Reencontrándonos”.
Además, se tratarán cuestiones institucionales como la reconfiguración del Comité contra la Tortura.
Un inicio de año con tensiones estructurales
La intervención de Gracianía deja en evidencia un inicio de año legislativo atravesado por tensiones profundas: crisis financiera, colapso en el sistema de salud, conflictos educativos y vacíos en políticas sociales.
Con una fuerte impronta crítica hacia el Ejecutivo, la parlamentaria de La Libertad Avanza anticipa un escenario donde el Parlamento buscará mayor protagonismo en el control, pero también en la construcción de consensos frente a problemáticas que —según sus propias palabras— “ya no admiten más dilaciones”.


















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