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Esposas, pensionadas y familiares de retirados cuestionaron el plan de venta de patrimonio para afrontar gastos corrientes y reclamaron transparencia, reducción de privilegios y un esquema equitativo de pagos para más de 500 familias que esperan haberes.

Río Grande.- Un nuevo capítulo de tensión se abrió en torno a la Caja de Previsión de la Policía de Tierra del Fuego, luego de que familiares de efectivos retirados cuestionaran públicamente el intento de avanzar con el remate de un terreno perteneciente al organismo previsional.

A través de un duro pronunciamiento, esposas, pensionadas, hijos y familiares de policías retirados señalaron que la iniciativa representa “otro knock-out técnico” a la credibilidad de la administración y advirtieron que vender patrimonio para afrontar gastos corrientes constituye, a su entender, una señal de fracaso en la gestión financiera.

Según expresaron, la decisión de impulsar la subasta no puede considerarse una estrategia económica sino “la confesión elegante de que la gestión no funcionó”, al tiempo que remarcaron que el patrimonio de la Caja —creada en 1988— es producto del aporte de generaciones de policías y no debería utilizarse como herramienta de ajuste coyuntural.

Reclamos y críticas a la administración

El documento también denuncia destrato institucional hacia quienes vienen realizando planteos por la situación del organismo. Las firmantes sostienen que en reiteradas oportunidades solicitaron audiencias, revisaron balances y formularon preguntas sobre la administración, pero aseguran que recibieron descalificaciones en lugar de respuestas.

“Se nos negó la palabra, se nos descalificó y hasta se nos sugirió volver a nuestras tareas domésticas”, afirmaron, cuestionando lo que consideran una falta de apertura al control ciudadano.

En ese marco, pusieron el foco en la escala de prioridades del organismo, señalando que mientras —según indicaron— unas 540 familias esperan cobrar lo que les corresponde, determinados gastos administrativos y de representación se abonan con normalidad.

“Si la Caja atraviesa la peor crisis de su historia, lo lógico sería suspender privilegios antes que vender patrimonio”, remarcaron.

Observaciones sobre informes y contrataciones

El pronunciamiento también hace referencia a informes elevados durante 2025 a la Legislatura provincial, en los que —según sostienen— existirían partidas difíciles de justificar y contrataciones directas sin explicaciones suficientes.

Las familias cuestionaron que, frente a esos interrogantes, no hayan recibido balances claros sino respuestas descalificatorias, insistiendo en la necesidad de mayor transparencia en la gestión.

Propuesta alternativa

Lejos de limitarse a la crítica, el colectivo planteó una serie de medidas que consideran necesarias para ordenar la situación financiera del organismo previsional.

Entre ellas propusieron:

*- Determinar con precisión la deuda real de la Caja.

*- Reducir gastos no esenciales.

*- Implementar un esquema proporcional, equitativo y transparente de pagos que priorice a quienes dependen exclusivamente del haber previsional.

Según señalaron, se trata de medidas básicas de administración que permitirían recomponer la sostenibilidad del sistema sin recurrir a la venta de activos.

“La dignidad no cotiza en subasta”

En el tramo final del documento, los familiares enfatizaron que el patrimonio previsional no debe tratarse como un recurso disponible para resolver urgencias financieras.

“El terreno no se remata… la credibilidad sí”, expresaron, agregando que “la dignidad no cotiza en subasta, la previsión no es opcional y la responsabilidad no es delegable”.

Finalmente, reiteraron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones, señalando que —como administradores de hogares— conocen la lógica de ajustar gastos antes que desprenderse de bienes fundamentales.