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El ex presidente de la Dirección Provincial de Puertos analizó la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, cuestionó la forma en que se ejecutó la medida, alertó sobre el impacto en los trabajadores y advirtió sobre los riesgos para el turismo antártico y la competitividad regional.

Ushuaia.- La intervención del Puerto de Ushuaia volvió a quedar en el centro del debate público. Esta vez, desde la voz de alguien que conoce el muelle desde adentro. En diálogo con Radio Monumental, Néstor Lagraña, ex presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), realizó un análisis crítico y detallado sobre la situación actual de la principal infraestructura estratégica de Tierra del Fuego.

Lagraña repasó su trayectoria profesional —licenciado en Seguridad Marítima, con un máster en Gestión y Planificación Portuaria en España y 14 años de navegación en Prefectura Naval— y recordó que ya le tocó conducir el puerto en contextos complejos. “En 2013 atravesamos una crisis muy fuerte, económica y funcional. Con trabajo conjunto con las empresas del Consejo Asesor Portuario logramos revertirla”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de haber actualizado en su momento el cuadro tarifario, alineándolo con una actividad que “se rige en dólares y no en pesos”.

Sin embargo, para el ex funcionario, la situación actual es más grave. “Hoy no solo tenemos problemas pendientes de infraestructura o inversión: hoy el puerto está intervenido. Y cuando un puerto pierde su administración local, pierde previsibilidad”, advirtió.

Cómo se llegó a la intervención

Según explicó Lagraña, el proceso comenzó hace aproximadamente seis meses, a partir de una denuncia gremial ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Tras una auditoría y un intercambio administrativo con la DPP, Nación resolvió avanzar con la intervención a partir del 21 de enero. “Evidentemente, los descargos no colmaron las expectativas del organismo nacional y se aplicó la sanción más grave que prevé la normativa”, sostuvo.

No obstante, remarcó que los principales perjudicados no son los responsables de las decisiones. “Hoy hay más de 100 trabajadores que no pueden ingresar a su lugar de trabajo, que no pueden siquiera pasar la barrera del puerto. Eso es lo más preocupante y lo más injusto”, afirmó.

Infraestructura, certificaciones y actividad

Consultado sobre el estado físico del muelle, Lagraña relativizó algunas imágenes que circularon en redes sociales. “El muelle no se va a caer. Hay grietas en la banda de rodamiento, no en la estructura. Sí hay pilotes dañados en el sitio 3 y defensas que deben reemplazarse, pero el puerto sigue operativo y los barcos van a seguir viniendo”, explicó.

En ese sentido, consideró que la discusión sobre certificaciones y auditorías no impactará de inmediato en la operatoria. “Las rutas de cruceros se venden con dos o tres años de anticipación. Las empresas ya están comprometidas. El riesgo no es hoy: el riesgo es a futuro, si seguimos siendo imprevisibles”, alertó.

Competencia regional y turismo antártico

Uno de los puntos más sensibles del análisis fue el turismo antártico, un pilar clave de la economía fueguina. “Hoy Ushuaia capta cerca del 90% del turismo antártico. Pero no podemos dar eso por garantizado. Punta Arenas está creciendo, Puerto Williams se está desarrollando y Malvinas también juega su partido”, enumeró.

Para Lagraña, la clave está en sostener un puerto “previsible, eficiente y seguro”, independientemente de quién lo administre. “Los cruceros toman a Ushuaia como puerto base durante cinco meses: hacen recambio de pasajeros, logística, provisiones. Eso derrama en toda la ciudad. No lo podemos perder”, subrayó.

Provincia o Nación: una discusión de fondo

Si bien reconoció que parte de la sociedad ve con buenos ojos la intervención, Lagraña marcó una diferencia clara. “Muchos trabajadores no están de acuerdo, sobre todo por la forma. Si la intervención se hubiera hecho con la gente adentro, otra sería la historia”, expresó.

También cuestionó la centralización de las decisiones en Buenos Aires. “Hoy la recaudación va a cuentas nacionales. Las empresas facturan y depositan en la Administración General de Puertos. La realidad local la conocen los que están acá, no los escritorios porteños”, afirmó.

Mirar hacia adelante

A menos de un mes de iniciada la intervención, Lagraña llamó a no bajar los brazos. “En los papeles la intervención es por 12 meses, prorrogables por otros 12. Es temprano para sacar conclusiones definitivas, pero hay que trabajar para recuperar el puerto para la provincia y corregir lo que haya que corregir”, planteó.

Finalmente, consultado sobre eventuales propuestas para volver a la gestión, fue cauto. “Depende de las condiciones y del desafío. En un puerto no se puede gestionar con mil intermediarios: las empresas necesitan respuestas rápidas”, concluyó.

La advertencia quedó planteada: Ushuaia sigue siendo la puerta de entrada a la Antártida, pero sostener ese lugar privilegiado dependerá de decisiones políticas, gestión técnica y, sobre todo, previsibilidad.