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Por Leonardo Pérez Bustos (*)

La Argentina en términos generales —y particularmente Tierra del Fuego— atraviesan un cambio silencioso pero profundo en su composición demográfica, cuyas consecuencias impactarán de manera directa y significativa en el sistema educativo, el mercado laboral, la seguridad social y el sistema de salud. No se trata de una hipótesis, es una tendencia estructural que ya está en pleno desarrollo y que exige una toma de decisiones anticipadas, no reacciones tardías.

La caída sostenida de la natalidad está modificando de manera estructural la pirámide poblacional. En Argentina, la cantidad de nacimientos se redujo alrededor de un 40 % en la última década, pasando de más de 770.000 nacimientos en 2014 a 460.902 en 2023, mientras que la tasa global de fecundidad cayó a 1,5 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. El fenómeno es aún más pronunciado en la provincia de Tierra del Fuego, donde, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad registró una caída del 62 % respecto de 2014, la más alta del país. En el corto y mediano plazo, esta tendencia se traducirá en una disminución significativa de la demanda educativa en el nivel primario, obligando a repensar la planificación escolar, la asignación de recursos y la organización del sistema educativo. Pero el verdadero desafío no está allí, sino en lo que sigue.

Leonardo Pérez Bustos, Director Neodelfos consultora.

Argentina atraviesa un proceso sostenido y avanzado de envejecimiento poblacional que ya impacta de lleno en la estructura social y económica del país. En 2022, el 15,7 % de la población tenía más de 60 años, y las proyecciones oficiales indican que ese porcentaje superará el 20 % hacia 2040, consolidando un cambio profundo en la pirámide demográfica. Este fenómeno es el resultado combinado de la fuerte caída de la natalidad y del aumento sostenido de la esperanza de vida, que hoy se ubica en torno a 77–78 años. El envejecimiento de la población plantea desafíos estructurales de gran magnitud para los sistemas de salud, seguridad social y previsión, al incrementar la demanda de prestaciones y tensionar el equilibrio entre población activa y pasiva, obligando a repensar políticas públicas de largo plazo con una mirada integral y anticipatoria.

Menos trabajadores sosteniendo a más jubilados es una ecuación que, si no se aborda con políticas de fondo, tensionará al máximo las finanzas públicas y pondrá en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional y sanitario.

Este escenario demográfico se ve agravado —y al mismo tiempo transformado— por otro fenómeno ineludible; la automatización acelerada de los procesos productivos, impulsada por la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas autónomos y la digitalización industrial.  Un ejemplo concreto de este proceso ya puede verse en China, donde avanzan las llamadas “dark factories” plantas industriales totalmente automatizadas que operan sin iluminación ni presencia humana permanente. En estos entornos, robots, inteligencia artificial y gemelos digitales gestionan la producción de principio a fin, reduciendo drásticamente la necesidad de mano de obra directa y desplazando el empleo hacia tareas de supervisión, mantenimiento avanzado, ingeniería y programación. Lo que hoy ocurre allí anticipa, con claridad, el escenario productivo que enfrentará el resto del mundo en los próximos años.

La consecuencia directa no es la desaparición del trabajo, sino su reconfiguración radical. Los perfiles laborales tradicionales pierden centralidad mientras crecen las demandas de competencias tecnológicas, cognitivas, analíticas y de gestión de sistemas complejos.

Persistir en esquemas laborales, educativos y productivos pensados para el siglo XX es una receta segura para el estancamiento. El desafío estratégico no es resistir la automatización, sino anticiparla, adaptarla y gobernarla, orientándola a generar valor agregado, productividad y empleo de calidad.

En este contexto, el rol del Estado resulta clave, pero insuficiente si actúa en soledad. La magnitud del cambio exige un esfuerzo coordinado entre el sector público, el sector privado y las universidades. El Estado debe planificar, regular e invertir estratégicamente; el sector privado debe innovar, generar empleo y participar activamente en la reconversión productiva; y el sistema universitario debe transformarse en el motor de la formación continua, la investigación aplicada y la actualización permanente de competencias laborales.

No se trata solo de formar profesionales, sino de construir trayectorias de aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral, capaces de acompañar transiciones entre sectores, ocupaciones y tecnologías. La capacitación ya no puede ser episódica: debe ser estructural.

La demografía y la tecnología no esperan. Cada año que se pierde sin planificación profundiza los desequilibrios futuros. Gobernar responsablemente hoy implica mirar más allá del corto plazo, abandonar la lógica de la coyuntura emergente, el parche permanente y asumir que el verdadero liderazgo consiste en tomar decisiones incómodas antes de que sean inevitables.

El futuro no se improvisa. Se diseña. Y el tiempo para hacerlo es ahora.

(*) Leonardo Pérez Bustos es Director Neodelfos consultora.