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El presidente de la Mesa Promotora del Partido Federal en Tierra del Fuego, Luís Ángel Santacruz, presentó un escrito formal en el que reclama la apertura de un juicio político contra el Gobernador. Denuncia la instalación del radar de origen británico, la presunta entrega de recursos estratégicos, una crisis social profunda y el incumplimiento de los deberes constitucionales del Ejecutivo.

Ushuaia.- La Legislatura de Tierra del Fuego recibió el pasado 22 de diciembre un escrito de alto voltaje político. Luís Ángel Santacruz, presidente de la Mesa Promotora del Partido Federal Distrito Tierra del Fuego, solicitó formalmente el inicio del proceso de destitución del gobernador Gustavo Melella, al considerar que su gestión incurre en causales previstas por la Constitución Provincial para el juicio político.

En la presentación, dirigida a los legisladores fueguinos, Santacruz expresa la “profunda preocupación y malestar de los fueguinos” frente a una situación que califica como una crisis institucional sin precedentes, y enumera una serie de hechos que, a su entender, configuran traición a la patria, incumplimiento de funciones constitucionales y actos de corrupción.

El radar inglés y la soberanía en cuestión

Uno de los ejes centrales del escrito es la instalación de un radar de origen británico en territorio fueguino, hecho que Santacruz considera una grave vulneración de la soberanía nacional y provincial, con impacto directo en la seguridad y en los intereses estratégicos de la Nación.

Según señala, lejos de tratarse de un episodio aislado, esta decisión se inscribe en una política más amplia que habría debilitado la posición de Tierra del Fuego frente a actores externos. En ese marco, reclama la convocatoria urgente de una sesión legislativa para analizar acciones que, según advierte, ponen en riesgo la riqueza y el patrimonio de la provincia.

Advertencias sobre quiebra y recursos naturales

El escrito también menciona declaraciones del diputado nacional Santiago Pauli, quien sostuvo públicamente que la provincia se encontraría en una situación cercana a la quiebra. Para Santacruz, estas afirmaciones encienden una señal de alarma sobre posibles maniobras de avasallamiento o entrega de recursos estratégicos.

En ese sentido, denuncia presuntos actos vinculados a la cesión de recursos naturales —particularmente hidrocarburos— a empresas relacionadas con el propio gobierno provincial, mencionando a “Terra Ignis”. Según el dirigente, estas prácticas constituyen un “saqueo institucional” que compromete el patrimonio de los fueguinos y viola el mandato constitucional de administrar los bienes públicos en beneficio de la comunidad.

Crisis educativa, sanitaria y social

La presentación ante la Legislatura también describe un escenario crítico en áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Santacruz sostiene que los reclamos y denuncias elevadas al Fiscal de Estado han sido “sistemáticamente desoídos”, lo que, a su criterio, demuestra un incumplimiento grave de las funciones esenciales del Poder Ejecutivo.

Como ejemplo concreto, menciona la situación de los ex policías territoriales, quienes —según detalla— acumulan seis meses sin percibir sus haberes, además de otros conflictos salariales y sociales que afectan directamente a las familias fueguinas.

Fundamentos constitucionales del pedido

En su argumentación, Santacruz cita los artículos 94 y 95 de la Constitución Provincial, que establecen como causales de destitución del Gobernador el incumplimiento de sus deberes y la comisión de delitos contra la administración pública. Asimismo, recuerda que la Legislatura es el órgano competente para instruir el juicio político conforme a la Ley Provincial N° 525.

Para el dirigente del Partido Federal, la eventual destitución de Gustavo Melella no debería leerse como una decisión partidaria, sino como una obligación institucional destinada a preservar la soberanía, la transparencia y los derechos fundamentales de los ciudadanos de Tierra del Fuego.

El rol de la Legislatura

“El pueblo fueguino espera respuestas”, sostiene implícitamente el escrito, al subrayar que la Legislatura, como órgano representativo, tiene el deber de actuar con firmeza y responsabilidad, garantizando el debido proceso y la defensa de los intereses colectivos.

La nota presentada por Santacruz deja ahora en manos de los legisladores la decisión de avanzar —o no— en el tratamiento de un pedido que, de prosperar, podría abrir un nuevo capítulo de fuerte tensión política e institucional en la provincia.