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La Asociación Mane’kenk denunciará la inconstitucionalidad de la norma aprobada “a las apuradas” por la Legislatura fueguina. Nancy Fernández denunció un trámite “viciado y antidemocrático” y advirtió que la Legislatura fue funcional a un modelo impuesto por el Ejecutivo y los intereses empresariales. En ese sentido, sostuvo que la ley recientemente sancionada promete empleo, inversión y crecimiento, pero carece de sustento real. “Es una carta a Papá Noel: una expresión de deseo sin un solo dato técnico que la respalde”.

Río Grande.- La sanción de la ley de salmonicultura en Tierra del Fuego abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional. La Asociación Mane’kenk confirmó que avanzará con una acción judicial para impugnar la norma por considerarla inconstitucional, al denunciar graves irregularidades en su tratamiento legislativo y la violación del marco jurídico ambiental vigente.

La definición fue ratificada por su referente, Nancy Fernández, en declaraciones al programa La mañana de la Tecno, que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz. Allí advirtió que la ley “no solo es ambientalmente inviable, sino jurídicamente nula”, por haber sido aprobada sin respetar los procedimientos reglamentarios básicos que exige el funcionamiento democrático de la Legislatura de Tierra del Fuego.

Lejos de encuadrar el debate como una disputa entre ambientalismo y producción, Fernández reivindicó el carácter ciudadano, técnico y científico del colectivo que se opone al avance de las salmoneras. “No somos ambientalistas contra el desarrollo. Somos investigadores, científicos, trabajadores, cocineros, ciudadanos que discutimos qué modelo de crecimiento quiere Tierra del Fuego”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la ley recientemente sancionada promete empleo, inversión y crecimiento, pero carece de sustento real. “Es una carta a Papá Noel: una expresión de deseo sin un solo dato técnico que la respalde”.

Chile como advertencia y no como ejemplo

Durante la entrevista, la referente de Mane’kenk fue categórica al comparar la iniciativa fueguina con la experiencia chilena. Recordó que el país vecino lleva más de 40 años desarrollando salmonicultura industrial, con más de 1.500 concesiones a lo largo de 5.000 kilómetros de costa, y que los impactos ambientales, sociales y laborales son “graves y ampliamente documentados”, especialmente en regiones como Chiloé, Los Lagos y Aysén. “Chile es un experimento a cielo abierto de lo que no hay que hacer”, remarcó.

Además, Fernández advirtió sobre el problema de escala y mercado: Chile y Noruega concentran cerca del 80% de la producción mundial de salmón, mientras que el restante 20% es disputado por países con décadas de desarrollo tecnológico. “Pensar que Tierra del Fuego puede competir en ese escenario es, como mínimo, engañoso”, señaló.

Un trámite legislativo bajo sospecha

Uno de los ejes más críticos de la entrevista estuvo centrado en la forma en que la ley fue aprobada en la Legislatura de Tierra del Fuego. Fernández denunció que el proyecto del Poder Ejecutivo ingresó “de manera sorpresiva”, tomó estado parlamentario de forma fugaz y fue aprobado “prácticamente sin debate”, con un dictamen firmado por apenas cuatro legisladores “entre un viernes a la noche y una mesa de café”.

En esa línea, coincidió con los planteos realizados en el recinto por el legislador Jorge Lechman, quien había advertido sobre la falta de discusión profunda y el incumplimiento de los procedimientos reglamentarios. “Una ley no es legítima solo por ser legal: necesita un tratamiento transparente, participativo y respetuoso de las normas”, subrayó Fernández.

Judicialización y ruptura institucional

La referente ambiental confirmó que la Asociación Mane’kenk avanzará por la vía judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la ley, fundamentada en los vicios de forma y en la vulneración del plexo normativo ambiental provincial y nacional. “Ya existen antecedentes en la Justicia argentina y en la Corte Interamericana. Esto no es un capricho, es derecho constitucional”, sostuvo.

También denunció que, en el proceso previo a la sanción, el Gobierno provincial desarticuló áreas clave del Ejecutivo, como la Secretaría de Ambiente, luego de que esta advirtiera que el proyecto contradecía la legislación vigente, incluida la Ley de Aguas. “Se llevaron puestos cargos, organismos y consensos. No les importó nada”, afirmó.

“No es nuestro trabajo proponer el modelo”

Ante el argumento oficial que desafía a los opositores a presentar alternativas productivas, Fernández fue tajante: “Ese es el trabajo del Estado. Para eso fueron votados. Nosotros investigamos, producimos conocimiento y advertimos riesgos. No gobernamos”. Y cerró con una reflexión que atravesó toda la entrevista: “Lo más perverso es mentirle a la gente, generar falsas expectativas de empleo y futuro. Hay personas preguntando dónde mandar el currículum. Eso duele, porque es una esperanza construida sobre una mentira”.

La polémica por la salmonicultura, lejos de cerrarse con la sanción de la ley, promete trasladarse ahora a los tribunales y reabrir el debate de fondo: qué desarrollo quiere —y puede— darse Tierra del Fuego sin hipotecar su ambiente, su institucionalidad y su futuro.

Un proceso bajo sospecha

Según Fernández, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento de manera sorpresiva y fue aprobado con una velocidad inusual, sin instancias reales de debate, consulta técnica ni participación de los organismos competentes. “Una ley puede ser legal en los papeles, pero para ser legítima debe cumplir un procedimiento impecable. Y eso acá no ocurrió”, remarcó.

La dirigente sostuvo que el trámite parlamentario estuvo “plagado de vicios administrativos y técnico-jurídicos”, y recordó que incluso dentro del recinto hubo legisladores que advirtieron sobre estas falencias, como Jorge Lechman, quien reclamó mayor discusión y profundidad en el análisis del proyecto.

El camino judicial

La presentación judicial —actualmente en elaboración por un equipo de abogadas— se iniciará en el ámbito de la Justicia provincial, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la ley por sus defectos de forma y fondo. De ser necesario, el planteo podría escalar hasta el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, en el marco de las competencias originarias en materia constitucional.

Fernández recordó que existen antecedentes tanto a nivel nacional como en tribunales internacionales que establecen que una ley sancionada sin respetar los procesos reglamentarios carece de validez jurídica. “No alcanza con levantar la mano en una sesión. Hay reglas, hay controles y hay derechos que no se pueden vulnerar”, enfatizó.

Ambiente, institucionalidad y poder

La referente de Mane’kenk también denunció que el avance de la ley tuvo consecuencias directas dentro del propio Ejecutivo, con el desplazamiento de funcionarios y la virtual desarticulación de áreas técnicas que habían objetado el proyecto, como la Secretaría de Ambiente. “Se eliminó toda voz crítica dentro del Estado. Eso habla de un modelo de gestión que avanza sin escuchar”, señaló.

En ese marco, cuestionó el argumento oficial que invita a los sectores críticos a presentar propuestas productivas alternativas. “Ese es el rol del Estado, no el de la ciudadanía organizada ni el de los investigadores. Nosotros advertimos riesgos y aportamos evidencia científica; gobernar es responsabilidad de quienes fueron electos”, afirmó.

Un conflicto abierto

La judicialización de la ley de salmonicultura marca un punto de inflexión en el debate fueguino. Ya no se trata solo de un modelo productivo, sino de la calidad institucional, el respeto por los procedimientos democráticos y la vigencia del Estado de Derecho. Con el expediente camino a los tribunales, la discusión se traslada ahora del recinto legislativo al ámbito judicial, donde se pondrá en juego no solo el futuro de las salmoneras, sino la legitimidad de una ley nacida bajo fuertes cuestionamientos.