Villegas impulsa una campaña para reglamentar las desobligaciones docentes y reclama “defender el derecho de aprender”

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, impulsa una campaña ciudadana para respaldar su proyecto de ley que busca limitar las desobligaciones docentes del SUTEF. A través de una recolección de firmas en Change.org, pretende dar fuerza a la iniciativa que, según afirma, defiende el derecho de los estudiantes a recibir clases y promueve un uso más austero y eficiente de los recursos públicos.

Río Grande.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, lanzó una campaña ciudadana para respaldar su proyecto de ley que busca regular las desobligaciones docentes impulsadas por el SUTEF. Según explicó, estas medidas constituyen “paros encubiertos por horas determinadas” que afectan la continuidad educativa de miles de estudiantes en Tierra del Fuego.

La iniciativa incluye la apertura de una cuenta en la plataforma Change.org bajo el título “Defendamos el derecho de aprender: Educación sí, desobligaciones no”, donde cada vecino puede acompañar con su firma. “Queremos darle legitimidad social a este proyecto, porque la educación no puede seguir siendo rehén de una modalidad sindical que perjudica el presente y el futuro de los chicos”, remarcó Villegas en diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 MHz.

El legislador recordó que el propio Fiscal de Estado, a través del dictamen 07/25, reconoció que estas prácticas no cumplen con las formalidades de un paro autorizado y, sin embargo, impactan directamente en el dictado de clases.

Salarios y austeridad

Villegas también admitió la difícil situación salarial de los docentes y del conjunto de los trabajadores estatales, señalando que “muchos están por debajo de la línea de pobreza”. Sin embargo, cuestionó la falta de medidas eficaces del Ejecutivo provincial para revertir esa realidad.

En esa línea, defendió un proyecto reciente de su bloque para derogar la Ley 1585, que autoriza pagos millonarios a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para realizar manuales de procedimiento del Ministerio de Educación. “Son 23 millones y medio de pesos mensuales que podrían destinarse a infraestructura escolar, materiales pedagógicos o al FONID. Ese gasto roza el curro”, disparó.

El parlamentario del MPF sostuvo que se necesita un Estado eficiente y austero, enfocado en sus funciones esenciales: educación, salud y seguridad. “No se trata de destruir al Estado como proponen los libertarios, pero tampoco de sostener un Estado bobo. Debemos ser responsables con los recursos públicos”, concluyó.