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El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande expuso la necesidad de adecuar la normativa vigente a una realidad de emergencia, dada por la inflación. Actualmente se exige al comerciante la presentación de un certificado de situación regular ante la AREF, que no la tiene porque precisamente trata de acceder a una moratoria para poder pagar. La modificación deberá hacerla la Legislatura, para “ayudar al que quiere que lo ayuden”, dijo, ante la imposibilidad de muchos emprendedores de obtener ese certificado. Las ventas siguen bajando por la caída del poder adquisitivo y para Iglesias estamos en “una situación de emergencia” que amerita la revisión de las normas.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande dio a conocer el pedido elevado a la Legislatura para que se modifiquen las normas que exigen la presentación de un certificado de regularidad ante ANSES para poder acceder a la moratoria y cumplir con los tributos. La definición la tiene que dar la Legislatura ante “una situación de emergencia” que está dada por el nivel de inflación, señaló.

Por Radio Provincia planteó la complejidad de la coyuntura, porque el comerciante tiene que recaudar para pagar los aguinaldos. En este punto hay una línea presentada por el Banco Tierra del Fuego con tasa subsidiada y tres meses de gracia, pero todavía debe instrumentarse.

“Lo que prima en la actividad comercial en general es la incertidumbre, porque no hay parámetros lógicos donde poder anclarse, debido a circunstancias políticas, a la inflación y la situación del complejo frente externo que tiene nuestro país debido a la falta de divisas, la problemática de la sequía y la guerra de Ucrania. Salimos de la pandemia pero encontramos nuevos problemas que hacen que sea difícil de transitar la coyuntura”, expresó.

“El comercio está errático y los volúmenes de venta no responden a las expectativas. El problema inflacionario afecta el poder adquisitivo y trae distintas complejidades, como el aumento de las cuotas de los colegios, de los seguros, y distintos disparadores de la inflación que no se corresponden con el nivel de ingresos”, planteó.

No existe “una financiación acorde a los ingresos”, y tampoco capacidad crediticia de las tarjetas de crédito, porque “los cupos de crédito para el consumo se ven disminuidos”, dijo. Tuvo en cuenta varios aumentos que debe afrontar el consumidor, como la cuota de los seguros, de los servicios y la limitación que establece el tope de las tarjetas.

“La financiación de los planes de pago también sufrió incrementos y hace que se haga complejo el traslado hacia adelante del crédito. Esto se nota mucho en la deuda que están teniendo las tarjetas de crédito porque la gente no puede cancelar. El panorama es complejo”, aseguró.

“La gente gasta menos en efectivo, han crecido mucho las billeteras electrónicas, y la gente trata de pagar en lo posible todo el resumen de la tarjeta de crédito porque si no la financiación de ese resumen tiene una tasa estratosférica, que está en el orden del 150 o el 170% anual. Comparado con la inflación, la supera por varios cuerpos. Uno no lo percibe en el mes y parece poco el interés, pero se acumulan todas las cuotas y no es posible tener más endeudamiento de otro tipo”, sostuvo.

“La tasa del Ahora 12 es la más barata del mercado, pero son bastante altas para la capacidad del salario. Uno en la ciudad tiene conocidos en distintos planos y se ve el fenómeno en distintas manifestaciones”, dijo.

Lo cierto es que la gente gasta cada vez menos, por la suba de distintos conceptos que no les dejan margen y el endeudamiento que ya tiene de arrastre. “El comerciante trata de contener los efectos, disminuye el stock por un lado y va afrontando lo que puede. Nosotros pensamos que va a haber un horizonte mejor, posiblemente a mediados de 2024, 2025, si desde los gobiernos las cosas se hacen razonablemente bien”, señaló, y observó que “la falta de financiación en nuestro mercado externo hace que el mercado interno tampoco la tenga. Tuvimos hace poco el problema de la barcaza que se solucionó porque se sentaron todos en la mesa para ver qué se podía arreglar. Los gobiernos y los funcionarios se dedicaron a solucionar la problemática de los transportes para los que son de la isla, pero hay fletes de otra jurisdicción que tienen que pagar la barcaza con otra posición, en vez de tener el dólar de referencia han tenido que pagar con un dólar informal”.

Puntualmente sobre el pago de aguinaldos y la línea que anunció el BTF, indicó que “estamos en la parte de instrumentación. Saber que existe algo aporta cierta esperanza y tenemos tiempo hasta el 30 de junio. Pretendemos llegar con la instrumentación de la línea lo más pronto posible. Desde la formulación de una línea hasta que el oficial de servicio instrumenta el crédito, a veces no se hace en los tiempos que requiere el pago de salarios. Saber que está por lo menos nos hace poner en marcha para encontrar una viabilidad”.

Cambio de normativas

También dio cuenta del pedido de “alguna medida de auxilio” a la Legislatura para “la instrumentación de alguna regularización temprana para pedir el certificado de situación regular ante la AREF, porque para refinanciar la deuda o una posición caída piden un certificado de situación regular, que no lo tienen los comerciantes porque hay posiciones caídas. Es como el perro que se muerde la cola y no salimos de ahí”, manifestó.

“Estamos tratando esto técnicamente con los actores involucrados que tienen que ver con este tema para formular propuestas válidas y ponerlo en vigencia en el corto plazo. En el gobierno nacional hay una ampliación de la moratoria con una ventana de permisos para instrumentar todos los papeles necesarios. Con el municipio hablamos ayer por la mañana y nos comentaron que hicieron un plan de moratoria para regularizar situaciones y estamos tratando de tener esto en el corto plazo, porque no queremos que se pierda el comerciante que quiere cumplir con sus compromisos y que se vea coartado por falta de algún papelito que le diga que tiene regularizada su situación”, expresó.

“Esto debe salir de la Legislatura porque la AREF debe tener una manda que le permita después instrumentarlo. Hay que adecuar la normativa para que el impacto social sea el menor posible, como comercios cerrados o comerciantes que caen en incumplimientos, porque va a haber una demanda social insatisfecha que va a haber que cubrir. En esto hay que ser razonables y entender que estamos en emergencia, porque esta inflación es una emergencia y hay que ver cómo la transitamos de la mejor forma posible, tratando de que no la soporten determinados sectores. Atrás de una empresa, de un comercio y de muchos emprendedores, hay empleados también y no sirve de nada un muerto fiscal”, sentenció.

“Dentro de la normativa hay que ver cómo se puede diferir y de una forma adecuada poder estar dentro del sistema y que el comerciante que trata de tributar no desaparezca. Hay que ayudar al que quiere que lo ayuden con el respaldo que tiene atrás del emprendimiento que ha hecho y que lo pueda tener vigente”, concluyó.