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El jefe de Gabinete Jorge Canals defendió con firmeza el llamado a elecciones constituyentes del 9 de agosto impulsado por el gobernador Gustavo Melella, lo definió como la apertura de “una posibilidad real y concreta” para que la sociedad fueguina decida su futuro institucional y político, y cuestionó con dureza el proyecto de goteo que tratará la Legislatura este jueves advirtiendo que “no ayuda en mucho o en nada”. Además, alertó sobre una caída sostenida de recursos y denunció intentos de “ahogar financiera y económicamente a la provincia”.

Río Grande.- En una extensa entrevista con Radio Provincia, el jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, analizó en profundidad el llamado a elecciones de convencionales constituyentes firmado por el gobernador Gustavo Melella para el próximo 9 de agosto, defendió la necesidad de avanzar en una reforma parcial de la Constitución provincial y lanzó críticas directas al proyecto de goteo que será debatido en la Legislatura.

“Es poner en marcha todo el proceso electoral”, sintetizó Canals al comienzo de la charla, y explicó que la firma del decreto representa el inicio formal de una instancia clave para la provincia.

“La fecha o el decreto de convocatoria a elecciones lo que hace es poner en marcha todo el sistema, que ya estaba en marcha”, aclaró.

El funcionario contextualizó la decisión en el marco del fallo judicial que fijó los plazos para la convocatoria y al respecto analizó que “una vez que salió el fallo de la Justicia y quedó firme, estableció la fecha límite a partir de la cual el Gobierno tenía el tiempo para hacer la convocatoria a elecciones”.

En ese sentido, explicó que “se optó por no adelantar el proceso en medio del receso estival, entendiendo que, por ahí los partidos políticos, los sectores, necesitaban el tiempo necesario”.

Para Canals, la clave del proceso es su “dimensión histórica y participativa, este llamado tiene que ver nada más y nada menos que con darnos la posibilidad a los fueguinos de poder definir qué proyecto de provincia queremos para los próximos 30 o 40 años”, afirmó.

En esa línea, trazó un paralelismo con la génesis institucional de la provincia al sostener que “así como en los años 90, con la constitucionalización y la creación de la Carta Orgánica, se estableció una Constitución provincial que nos ha acompañado y que ha sido moderna hasta este tiempo, hoy se ha creado la necesidad de transformarla”.

Una reforma para actualizar la provincia

El jefe de Gabinete sostuvo que la reforma no responde a intereses coyunturales sino a una necesidad estructural, dado que “no es una discusión del gobernador, o para el gobernador, o para este Gobierno, es una discusión mucho más amplia”.

Y fue más allá al rechazar las críticas que intentan reducir el debate a una especulación política, señalando que “llevarlo a esa cosita tan chiquitita de que si el gobernador quiere ser nuevamente reelecto o no, la verdad no va por ahí, va por una necesidad de transformación”.

“Estamos muy convencidos de que es necesario dar el debate, estamos muy convencidos de que es fundamental”, remarcó, y aseguró que esa demanda surge de la propia ciudadanía: “Así lo han marcado los vecinos de la provincia de Tierra del Fuego”.

En ese marco, planteó que “la reforma permitirá abordar temas estructurales que hoy generan tensiones, como el crecimiento del gasto político, la sociedad ha sido muy clara y no quiere mayor incremento del costo de la política”, dijo, en referencia a la posibilidad de ampliar la Legislatura a 19 miembros según la Constitución vigente.

Los ejes que impulsará el oficialismo

Canals detalló que, una vez oficializado el decreto, el Gobierno avanzará con la “difusión de los artículos a reformar a través de distintos canales institucionales”.

“Va a haber publicaciones en el Boletín Oficial, en la página oficial del Gobierno, en medios gráficos y en los canales públicos”, explicó.

En cuanto al contenido de la reforma, enumeró los principales ejes que impulsa el oficialismo, marcando “la eliminación del cargo vitalicio, el poder darnos el debate de qué sectores ya no pueden seguir teniendo los mismos privilegios, eliminar lo que tiene que ver con la elección indefinida en cargo legislativo”.

También señaló la necesidad de redefinir el funcionamiento del Estado, “estableciendo reglas claras en lo que tiene que ver con la relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los municipios”.

A su vez, destacó la intención de incorporar nuevas definiciones estratégicas, teniendo en cuenta que “apelamos a que se pueda incorporar claramente todo un capítulo sobre Malvinas” y “establecer en esta nueva Constitución los límites reales de la provincia”.

Canals subrayó que “el resultado final dependerá del consenso político, hay veces que las discusiones y los debates se van a poder ganar o no, y el vecino va a ser el que va a definir si va a acompañar o no”.

Modernizar lo que quedó desactualizado

Uno de los puntos centrales que marcó el funcionario es la necesidad de actualizar aspectos que hoy están obsoletos y al respecto explicó que “la Constitución de la provincia es una de las más modernas del país, pero sin embargo se han hecho avances tecnológicos tan importantes como Internet”, indicó.

En ese sentido, cuestionó las limitaciones actuales del sistema electoral, señalando que “la provincia de Tierra del Fuego no puede adherir a una boleta única, no puede adherir a un sistema de voto electrónico, no puede modificar nada de su sistema electoral”.

“Lo dificultoso que es para los vecinos después ir a votar, y lo engorroso que terminan siendo las elecciones”, agregó.

Por eso, planteó la necesidad de una “redacción más flexible, es necesario poder dar una redacción completamente diferente que permita después en el futuro modificaciones a través de leyes”.

“Hoy eso no se puede, entonces tenemos que darnos la posibilidad de debatir”, insistió.

Melella no será candidato

Consultado sobre la decisión del gobernador de no postularse como convencional constituyente, Canals fue categórico al sostener que “la Constitución es muy clara y establece que el Gobernador y los intendentes no pueden ser parte”.

“No va a entrar en una discusión de si se puede o no se puede”, afirmó, y valoró la decisión política marcando que “es preferible zanjar la diferencia directamente ahora”.

Reconoció, sin embargo, que al mandatario “sin lugar a duda le hubiera gustado ser parte”, pero destacó que “su rol seguirá siendo central, es un actor principal en todo lo que tiene que ver con la reforma”.

Fuerte rechazo al proyecto de goteo

En el tramo final de la entrevista, Canals cambió el tono y apuntó contra el proyecto de goteo que será tratado en la Legislatura.

“La verdad, sinceramente, no ayudan en mucho o en nada”, sostuvo, en referencia a las iniciativas que plantean redistribuciones automáticas de recursos hacia municipios y otros organismos.

El funcionario describió el contexto económico como “crítico, la provincia ha tenido una recaudación de 101.000 millones en enero, 94.000 en febrero y 86.000 en marzo”.

“Cuando la torta se hace más chica, empiezan las discusiones”, explicó, aunque advirtió que el “Estado provincial tiene obligaciones indelegables, tiene que garantizar la seguridad, la salud y la educación”.

En ese marco, denunció una intencionalidad política detrás de estos proyectos, para lo cual, sostuvo que “hay una tendencia de algún sector de tratar de ahogar financiera y económicamente a la provincia”.

Y alertó sobre las consecuencias al manifestar que “no podemos apostar al caos o el colapso de la provincia”.

Un debate que recién empieza

Pese a las críticas, Canals se mostró abierto al debate institucional, aunque pidió mayor responsabilidad porque “la discusión tiene que ser un poco más seria”.

Finalmente, dejó en claro que “el Ejecutivo evaluará los pasos a seguir según lo que ocurra en la Legislatura, hay resortes constitucionales que uno tiene para poder avanzar o hacer una discusión diferente”.

Así, el jefe de Gabinete delineó un escenario político atravesado por dos grandes ejes: por un lado, el inicio de un proceso constituyente que busca redefinir el rumbo de Tierra del Fuego; por otro, una disputa creciente por los recursos en un contexto económico adverso que tensiona la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.