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Expropiación de chacras de margen sur: el pago quedará previsto en el presupuesto 2020

Se trata de un monto de unos 150 millones de pesos, según estimó el ministro de Gobierno José Luís Álvarez. El proyecto de ley tendrá adecuaciones en base a las observaciones y sugerencias que se realizaron en el plenario de comisiones de ayer. Se prevé la creación de un registro de productores y, aquellos que ocupen tierras y no cumplan con esta función, serán intimados a hacerlo o tendrán que desocuparla. El ministro destacó la voluntad de generar un polo productivo en esta zona de la margen sur de Río Grande.

Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luis Álvarez dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el plenario de comisiones realizado ayer en instalaciones del ex Hotel Yaganes, con el fin de tratar la expropiación de las tierras donde están ubicadas las chacras de margen sur.

El funcionario fue invitado a participar por los legisladores, y a aportar la información del gobierno, fundamentalmente vinculada con la tarea de relevamiento que fue realizado.

“Son 97 parcelas, del macizo 63 al 69”, dijo, y aclaró que “la situación de Pole Fueguina no está incluida en este proyecto de expropiación, porque está en proceso judicial y lo está manejando la Fiscalía de Estado, así que va a ser excluido de este proyecto de ley. Las parcelas pertenecen a la Sociedad de Productores y a otros particulares que son titulares de la tierra. El monto total de la tasación que se presentó en su momento es de 201 millones de pesos, y lo fijó el Tribunal de Tasaciones de la Nación; pero no va a ser ese monto porque, con la exclusión de Pole Fueguina, van a ser aproximadamente 150 millones de pesos”, estimó.

El ministro de Gobierno José Luis Álvarez dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el plenario de comisiones realizado ayer en instalaciones del ex Hotel Yaganes, con el fin de tratar la expropiación de las tierras donde están ubicadas las chacras de margen sur.

“Luego hay que hacer exclusiones de espacios verdes, espacios municipales y espacios que ya son del IPV dentro de la ley, por eso no llega a los 200 millones de pesos. Estos son terrenos que fueron declarados de utilidad pública en 2011 por la ley 848, luego tuvo un inicio parcial de ejecución pero no se terminó. No se cumplió con la voluntad de la declaración de utilidad pública”, señaló sobre el proceso que quedó trunco en la gestión Ríos.

“Este era un compromiso que había asumido la gobernadora Bertone antes de comenzar la gestión y lo estamos cumpliendo, luego de haber hecho un trabajo de relevamiento de tres años respecto de la situación productiva de cada una de las chacras. Hemos tenido contacto permanente en estos años con las tres asociaciones de productores, y de hecho la creación del Ministerio de Ganadería y Pesca permitió tener una política productiva, con otorgamiento de materiales y subsidios no reintegrables para la producción. Se alentó la creación de un polo productivo, que es la intención de la ley”, subrayó.

Consultado acerca de qué va a ocurrir con los que no están produciendo nada y ocupan la tierra, indicó que “hay dos momentos de la ley. En este momento se debe sancionar para declarar de utilidad pública las tierras. Se va a definir una autoridad de aplicación que se va a encargar del ordenamiento territorial, de terminar la sectorización e identificar quiénes son los que producen y quiénes no, para luego hacer los desalojos pertinentes o la intimación a que produzcan, bajo apercibimiento de recuperar las tierras”.

“Se va a conformar un registro de productores y, en base al recupero de tierras en manos de quienes no están produciendo, aquel que quiera producir va a tener un lugar donde hacerlo. El estado va a pagar la expropiación pero se recuperarán los fondos con la venta de los lotes a los productores. El organismo de aplicación va a ser el IPV como base, pero también se va a conformar un organismo de gestión entre el Ministerio de Ganadería y Pesca, el Ministerio de Gobierno y la AREF”, adelantó.

Los terrenos no tienen servicios en su mayoría y menos de la mitad están produciendo realmente: “Nosotros relevamos 327 chacras, de las cuales hay 150 que están produciendo y el resto no produce o produce otras cosas”, dijo el ministro.

Consultado sobre el pago de la expropiación, quedará para la gestión Melella, dado que “los legisladores plantearon que la partida para pagar la expropiación quede prevista en el presupuesto 2020”, informó.

“Hay una voluntad política de reconocer el trabajo que viene realizando mucha gente desde hace varias décadas, regularizar la tierra y generar el acceso a una tierra productiva, y mantener la voluntad del estado de que tenga un cariz productivo, bajo apercibimiento de que esas tierras sean recuperadas. Esto fue muy bien recibido de parte de los productores, que han hecho aportes al proyecto de ley. Los legisladores van a correr vista al Ejecutivo de todas las presentaciones que se realizaron en esta reunión para hacer una segunda revisión del proyecto de ley con estas observaciones y sugerencias de los productores. Una vez corregido el proyecto, lo presentaremos nuevamente en la Legislatura para que se vuelva a hacer una nueva reunión y se defina el texto final. Por lo que manifestaron los legisladores, tienen la intención de sancionarlo antes del vencimiento de sus mandatos”, expuso.

Ex Campamento YPF

Por otra parte se le preguntó sobre la situación de las 55 viviendas de ex Campamento YPF que estaban siendo regularizadas. “Se escrituraron las tierras a favor de la provincia y hay un proceso de regularización que lo está haciendo el IPV. Durante este tiempo se hicieron todas las inscripciones de las subdivisiones, porque lo que se había adquirido en su momento eran dos macizos sin divisiones. La escribana general de gobierno ha culminado con el trámite de inscripción de esas subdivisiones y esta semana debe retirar la carpeta del Registro de la Propiedad Inmueble. Esas tierras se van a transferir al IPV, que ya está trabajando en los procesos de regularización y citó a los vecinos de la zona para que presenten los boletos de compra-venta, porque en su momento fueron adquiridos a la ex YPF, y también los boletos de los trabajadores que habían cedido y vendido a otros particulares. Este proceso se inició hace tres meses y, una vez que tengamos inscriptas las subdivisiones, que será este viernes, se van a transferir al IPV para que avance con el proceso de adjudicación. Estos terrenos no son de valor fiscal, sino que tienen otra ecuación. Hay una mezcla entre valor fiscal y valor de mercado, y esta situación va a quedar resuelta antes del final del mandato”, concluyó.

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