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Los gremios judiciales rechazaron las manifestaciones del presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande respecto de posibles descuentos de días de paro o quita del presentismo ante las medidas de fuerza. Defendieron el derecho constitucional de huelga, aseguraron que durante el conflicto se mantienen guardias para atender situaciones urgentes y reclamaron una recomposición salarial real para los trabajadores del Poder Judicial.

Río Grande, 28 de septiembre de 2026.- Las Comisiones Directivas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y del Sindicato de Empleados Judiciales Provinciales (SEJUP) expresaron su “profunda inquietud” por recientes declaraciones públicas del presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Dr. Renán Uribe, relacionadas con las medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores judiciales.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones cuestionaron particularmente que Uribe haya mencionado, en el marco de un streaming, la posibilidad de recurrir a herramientas como la quita del presentismo o el descuento de los días de paro frente a las medidas gremiales.

Los sindicatos señalaron que respetan el derecho de las instituciones vinculadas al sistema judicial a manifestar sus posiciones, incluso cuando exista desacuerdo respecto de las medidas de fuerza.

Sin embargo, consideraron especialmente preocupante que desde la presidencia del Colegio Público de Abogados se planteen consecuencias económicas para los trabajadores por ejercer el derecho de huelga.

Los gremios defendieron la legitimidad del reclamo

UEJN y SEJUP sostuvieron que detrás de las medidas de fuerza existe un conflicto salarial que lleva meses sin alcanzar una solución definitiva.

Según señalaron, los trabajadores judiciales sostienen diariamente el funcionamiento del servicio y existen agentes que, pese a contar con antigüedad, experiencia y capacitación, perciben remuneraciones que, de acuerdo con las entidades sindicales, no resultan suficientes para atender adecuadamente sus necesidades.

“Nuestro reclamo continúa siendo el mismo: una recomposición salarial real y acorde a la responsabilidad, capacitación, antigüedad y función de quienes todos los días sostienen el servicio de justicia de Tierra del Fuego”, expresaron.

Las organizaciones también reivindicaron el diálogo institucional mantenido históricamente con los Colegios de Abogados de Río Grande y Ushuaia.

Recordaron que, en anteriores oportunidades, representantes de esas instituciones manifestaron preocupación por las consecuencias de las medidas de fuerza, pero señalaron que también existió comprensión respecto de la legitimidad de los reclamos salariales.

Recordaron el acuerdo para ampliar la disponibilidad del SAE Kayén

Como ejemplo de esa relación institucional, UEJN y SEJUP hicieron referencia al debate por la ampliación de la disponibilidad horaria del sistema de gestión electrónica SAE Kayén.

Los sindicatos afirmaron que, cuando los Colegios de Abogados plantearon la necesidad de extender su funcionamiento, las organizaciones gremiales acompañaron la iniciativa y prestaron conformidad para avanzar hacia una disponibilidad prácticamente integral del sistema.

Según remarcaron, aquella decisión fue adoptada entendiendo que mejorar el servicio de justicia requiere considerar las necesidades de todos los sectores involucrados.

“Lo hicimos porque entendemos que la construcción de un mejor servicio de justicia requiere diálogo, responsabilidad y consideración de las necesidades de todos los sectores que lo integran”, señalaron.

El debate por el IUS

El comunicado también introdujo otro elemento en la discusión: la evolución del IUS, unidad utilizada para determinar los honorarios profesionales de los abogados.

Los gremios sostuvieron que su lucha salarial repercute indirectamente sobre la actualización de esa unidad y afirmaron que, actualmente, el IUS habría experimentado una evolución superior a la recomposición recibida por buena parte de los trabajadores judiciales.

A partir de esa comparación, las organizaciones formularon un interrogante dirigido directamente a Uribe.

“¿Estaría dispuesto el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande a que el valor de la unidad con la que se regulan sus honorarios evolucionara únicamente en la misma proporción que el salario de las categorías iniciales del Poder Judicial luego del incremento percibido en agosto?”, plantearon.

Aseguran que las urgencias judiciales continúan siendo atendidas

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con el impacto de los paros sobre el servicio de justicia.

UEJN y SEJUP rechazaron que las medidas puedan ser presentadas como una paralización indiscriminada de la actividad judicial.

Según explicaron, durante las jornadas de protesta los trabajadores mantienen las guardias mínimas necesarias para atender aquellos asuntos que requieren una respuesta impostergable.

De esta manera, sostuvieron, buscan compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con la atención de situaciones que por su naturaleza no admiten demora.

Los sindicatos aseguraron que esta circunstancia debe ser considerada al momento de analizar las consecuencias de las medidas gremiales y remarcaron que el conflicto salarial lleva meses sin encontrar una solución definitiva.

“La solución no se encuentra en castigar a quienes reclaman”

Las entidades sindicales endurecieron su posicionamiento al cuestionar cualquier intento de aplicar consecuencias económicas sobre los trabajadores.

“No pretendemos confrontar con quienes ejercen la abogacía ni desconocemos las dificultades que las medidas de fuerza pueden producir en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial”, aclararon.

No obstante, remarcaron que no aceptarán que esas dificultades sean utilizadas para impulsar descuentos u otras medidas económicas contra quienes participan del conflicto.

Para UEJN y SEJUP, la salida debe buscarse atendiendo las causas que dieron origen al reclamo salarial y no mediante sanciones económicas.

Ratificaron la continuidad del plan de lucha

Finalmente, los gremios repasaron lo ocurrido durante septiembre y aseguraron que actuaron con “prudencia y responsabilidad”.

Indicaron que durante el mes suspendieron y postergaron medidas y otorgaron al Superior Tribunal de Justicia un plazo para avanzar en una respuesta al reclamo.

Según expresaron, ante la falta de respuestas concretas resolvieron continuar con las acciones gremiales que habían sido definidas.

De esta manera, UEJN y SEJUP ratificaron que el eje de la protesta continuará siendo la recomposición de los salarios de los trabajadores judiciales y rechazaron cualquier planteo que, desde su perspectiva, pueda significar un intento de amedrentamiento frente al ejercicio de medidas sindicales.

“No serán los intentos de amedrentamiento ni las expresiones que pretendan enfrentar a trabajadores con abogados, usuarios o distintos sectores del sistema judicial las que nos hagan abandonar ese objetivo”, concluyeron las organizaciones.

El comunicado finaliza con tres consignas: “La unión hace la fuerza. La unidad prevalece. La organización vence al tiempo”.