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Familias de policías retirados de origen territorial cuestionaron con dureza el proyecto presentado por el Directorio de la Caja Previsional Policial ante la Legislatura. Advirtieron que la emergencia, prevista inicialmente por dos años y prorrogable por otros dos, podría trasladar el costo de la crisis a los beneficiarios y aportantes. Reclaman conocer qué ocurrió con los fondos del organismo, rechazan la posibilidad de tener que renunciar a acciones judiciales para ingresar al plan de pagos y sostienen que “la emergencia de la Caja no puede convertirse en la emergencia permanente de los retirados policiales”.

Ushuaia, 14 de septiembre de 2026.- Las familias de policías retirados de origen territorial expresaron su rechazo al proyecto de ley presentado el pasado 7 de septiembre por el Directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio, que propone declarar la emergencia económica y financiera del organismo durante dos años, con posibilidad de prorrogarla por un período igual.

El planteo de los retirados surge luego de conocerse el contenido completo de la iniciativa remitida a la Legislatura. El propio Directorio fundamentó la propuesta en la necesidad de preservar la sustentabilidad del sistema, garantizar las prestaciones, conseguir mecanismos extraordinarios de financiamiento y regularizar obligaciones acumuladas. También reconoció que actualmente existe una reprogramación de los haberes compensatorios correspondientes a beneficiarios del Ex Territorio y obligaciones pendientes de cancelación.

Sin embargo, las familias consideran que el reconocimiento de la crisis llega tarde y reclaman determinar cómo se produjo el deterioro financiero y qué responsabilidad tuvieron quienes administraron y controlaron la institución.

“Por fin se reconoce la existencia de deudas, obligaciones acumuladas y prestaciones pendientes de pago”, señalaron, al tiempo que recordaron que la situación, según sostienen, había sido negada públicamente en marzo de 2025. Para los retirados, admitir ahora la existencia del problema no resulta suficiente: exigen conocer “cómo se llegó a esta situación y qué hicieron quienes tenían la responsabilidad de administrar, controlar y garantizar el funcionamiento del sistema previsional”.

El punto de mayor conflicto: los policías del Ex Territorio

Una parte sustancial de la controversia se encuentra en el diagnóstico formulado por la propia Caja. En los fundamentos del proyecto, el organismo atribuye el desequilibrio estructural a la incorporación del régimen compensatorio del Ex Territorio al sistema previsional policial provincial y señala que actualmente ese régimen cuenta con apenas dos aportantes activos frente a 541 beneficiarios. También menciona informes actuariales elaborados en 2012, 2017 y 2022 que habrían advertido sobre el problema.

Las familias rechazan que esos números sean utilizados para colocar a los retirados territoriales como responsables de la situación financiera.

“No queremos enfrentar a policías contra policías”, remarcaron. En cambio, plantearon que debe estudiarse integralmente la sustentabilidad del sistema, incluyendo los distintos regímenes de retiro, los años de aportes y las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los beneficios.

También formularon una pregunta central: si desde hace años existían estudios actuariales y advertencias sobre el deterioro financiero, ¿qué medidas adoptaron las sucesivas autoridades de la Caja?

Cambios en el haber compensatorio

El artículo 3 del proyecto establece que, mientras dure la emergencia, el haber compensatorio del personal de origen territorial se calculará exclusivamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable.

La propuesta además dispone que quedarán excluidos del beneficio establecido por el artículo 33 de la Ley Provincial 834 aquellos integrantes del régimen territorial que perciban la “Bonificación Zona Austral” de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina u otro adicional nacional de características similares.

Para las familias, estas modificaciones requieren una explicación jurídica precisa. Advirtieron que “no se puede resolver una crisis creando nuevas desigualdades” y reclamaron conocer el fundamento legal, alcance y consecuencias de cualquier modificación sobre derechos previsionales.

Un plan de pagos de hasta tres años

Otro de los aspectos cuestionados es el tratamiento de las obligaciones pendientes.

El proyecto obliga a la Caja a elaborar, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, un Plan de Regularización de Obligaciones. Ese mecanismo podrá extenderse hasta un máximo de 36 meses y deberá establecer prioridades teniendo en cuenta, entre otros aspectos, ingresos y edad de los beneficiarios.

Los retirados consideran excesivo ese plazo teniendo en cuenta que algunos llevan más de 15 meses reclamando sus haberes.

“¿Por qué una persona que aportó durante décadas, cumpliendo regularmente con sus obligaciones, debe seguir esperando para cobrar lo que legalmente le corresponde?”, cuestionaron. Para las familias, una emergencia destinada a solucionar el problema no puede convertirse en “una espera indefinida para quienes ya cumplieron con su parte”.

La renuncia a acciones judiciales

Uno de los puntos que genera mayor preocupación se encuentra en el artículo 12.

La iniciativa establece que la adhesión al Plan de Regularización implicará renunciar a iniciar reclamos judiciales por las obligaciones comprendidas y, cuando ya exista una causa, desistir de las acciones judiciales en trámite vinculadas con esas acreencias.

Las familias rechazaron expresamente esa condición.

“¿Es razonable que, para cobrar una deuda reconocida, se le exija al beneficiario renunciar a su derecho constitucional de acudir a la Justicia?”, plantearon, y sostuvieron que sus derechos no pueden convertirse en “moneda de cambio”. Además, reclamaron que la asesoría jurídica de la Caja explique públicamente el alcance de esa disposición y su participación en la elaboración del proyecto.

Aporte extraordinario y movilidad diferida

El proyecto también contempla medidas que alcanzan al conjunto de beneficiarios de la Caja. Entre ellas aparece un aporte extraordinario del 3% durante la vigencia de la emergencia y un diferimiento de dos meses en la aplicación a los retirados de los aumentos derivados de la movilidad salarial respecto del momento en que se hagan efectivos para el personal en actividad.

A ello se suma la facultad de establecer un cronograma diferenciado de pago de haberes por régimen, aunque el proyecto dispone que deberán mantenerse intervalos regulares mensuales.

Las familias advirtieron que la crisis “no puede resolverse trasladando el costo a los aportantes y beneficiarios, cualquiera sea su régimen” y reclamaron que antes de adoptar nuevas restricciones se conozca la situación patrimonial completa del organismo.

“Primero queremos conocer las cuentas”

Precisamente allí aparece uno de los ejes más fuertes del pronunciamiento.

Los retirados quieren saber cuánto dinero posee actualmente la Caja, cuánto debe, cuál es su patrimonio, si fueron ingresados efectivamente los aportes personales y patronales y si existieron préstamos o transferencias de recursos al Poder Ejecutivo. En ese último supuesto reclaman conocer montos, condiciones y si esos fondos fueron posteriormente reintegrados.

El proyecto prevé crear un Comité Técnico Interdisciplinario integrado por representantes de la Legislatura, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Ministerio de Economía y la propia Caja. Tendría hasta diez meses para elaborar un proyecto de reforma integral y debería producir, entre otros documentos, un informe actuarial del déficit estructural, una auditoría de pasivos judiciales y una proyección financiera a diez años.

Los retirados no rechazan esos estudios, pero cuestionan que se necesiten otros diez meses cuando la propia Caja reconoce la existencia de informes actuariales anteriores.

“Primero queremos conocer las cuentas. Después, discutir las reformas”, resumieron.

“La Policía es una sola”

El documento busca también evitar que la discusión derive en un enfrentamiento entre sectores de la fuerza.

“La Policía es una sola”, afirmaron las familias, que aclararon que no pretenden confrontar con policías provinciales, penitenciarios ni integrantes más jóvenes de la institución. Por el contrario, sostuvieron que quieren impedir que en el futuro otros beneficiarios atraviesen una situación semejante.

Por eso exigen una auditoría integral e independiente, información sobre patrimonio, ingresos, egresos y transferencias, datos sobre aportes personales y patronales, determinación de las deudas y responsabilidades administrativas, balances verificables y una solución concreta para quienes llevan más de 15 meses esperando sus haberes.

“No pedimos privilegios. No pedimos favores”, concluyeron.

Y dejaron sintetizada su posición frente al proyecto que ahora deberá analizar la Legislatura: “La emergencia de la Caja no puede convertirse en la emergencia permanente de los retirados policiales”.