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El exvicepresidente del ENACOM Gustavo López declaró ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fueguina que analiza la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin. Afirmó que la competencia para autorizar su funcionamiento correspondía al Gobierno nacional y sostuvo que ni la Provincia ni el Municipio tenían facultades para otorgar o revocar ese permiso. También diferenció las atribuciones para inspeccionar las instalaciones de un eventual decomiso o desmantelamiento, que, según explicó, requeriría intervención judicial.

Ushuaia, 24 de septiembre de 2026.- La investigación legislativa por la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin sumó el testimonio del exvicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, quien centró su exposición en las competencias que tenían los organismos nacionales al momento en que fue autorizado el equipamiento y en las atribuciones existentes para avanzar actualmente sobre las instalaciones.

López declaró ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura provincial durante las audiencias realizadas en Buenos Aires, de las que también participaron el exministro de Defensa de la Nación Jorge Taiana y el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo.

Durante su exposición, el exfuncionario sostuvo que la autorización del radar no correspondía al ENACOM y ubicó aquella decisión dentro de la órbita de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“La ley vigente asignaba las órbitas satelitales y los radares a la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, continuadora del Ministerio de Comunicaciones de la época de Macri. No hubo ninguna resolución ni posición del ENACOM porque no era su competencia”, afirmó López.

Una autorización nacional que posteriormente fue cancelada

El exvicepresidente del ENACOM explicó que la instalación había recibido en noviembre de 2022 una autorización de carácter precario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, organismo dependiente en aquel momento de la Secretaría de Innovación Pública.

La documentación administrativa de aquella época señala que el 15 de noviembre de 2022, mediante la Disposición N.º 8/22, se autorizó con carácter precario a LeoLabs Argentina SRL a instalar y poner en funcionamiento en Tolhuin una Estación Terrena en Banda S destinada al rastreo y monitoreo de objetos en órbita terrestre baja.

Posteriormente, la intervención del Ministerio de Defensa y las actuaciones desarrolladas a nivel nacional derivaron primero en la suspensión y finalmente en la cancelación total de aquella autorización.

“El único hecho objetivo es que una dependencia del Gobierno nacional fue la única que intervino para autorizar de manera precaria, para suspender y después para cancelar de manera definitiva”, sostuvo López.

La cancelación definitiva fue dispuesta en agosto de 2023 por la misma Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad que había concedido originalmente el permiso precario. La medida tuvo entre sus antecedentes el planteo realizado por el Ministerio de Defensa respecto de las implicancias que podía tener la estación para la seguridad nacional.

“No es ni materia provincial ni materia municipal”

Una parte central de la declaración estuvo destinada a establecer las diferencias entre las competencias correspondientes a Nación, Provincia y Municipio.

Según López, las facultades relacionadas con la autorización para el funcionamiento de una estación de estas características pertenecían al ámbito federal.

“No es ni materia provincial ni materia municipal. No son ni los gobernadores ni los intendentes los que tienen capacidad ni para autorizar ni para desautorizar”, manifestó.

El planteo introduce una diferenciación entre la autorización nacional para operar el equipamiento y otras competencias administrativas, ambientales, societarias o municipales que también estuvieron involucradas en distintos momentos del caso.

De hecho, las actuaciones desarrolladas durante estos años abarcaron diferentes jurisdicciones. El Municipio de Tolhuin sostuvo que nunca habilitó la obra y posteriormente inició acciones judiciales vinculadas con el desarme de la estructura y las sanciones aplicadas, mientras que en abril de este año la Justicia provincial declaró la nulidad de la inscripción de LeoLabs Argentina SRL en Tierra del Fuego.

El desmantelamiento y la intervención de la Justicia

López también abordó uno de los interrogantes que actualmente concentra parte de la investigación: qué autoridad puede disponer el retiro físico de las instalaciones que permanecen en la estancia El Relincho.

En ese punto, sostuvo que una autoridad provincial no podría ingresar por sí misma a una propiedad privada para intervenir sobre el equipamiento.

“En ninguna parte la Constitución Nacional le permite a un gobernador intervenir en una materia federal y allanar sin orden de un juez una propiedad privada para desarmar un radar”, expresó.

Según el exfuncionario, debe distinguirse entre las facultades administrativas que permitirían verificar la situación del dispositivo y una intervención material destinada a decomisarlo o desmantelarlo.

López consideró que actualmente el Gobierno nacional dispone de organismos con facultades para realizar una inspección en caso de existir dudas sobre el estado del radar.

“El Gobierno nacional actual, a través de sus dependencias, sí tiene facultades para ordenar una inspección si hubiera dudas”, señaló.

Sin embargo, indicó que una eventual medida de decomiso o desmantelamiento requeriría intervención judicial.

Un radar que debería permanecer fuera de funcionamiento

Respecto de la situación operativa del equipamiento, López sostuvo que, a partir de la revocación de la autorización, debería permanecer desactivado desde 2023.

“Tengo entendido que no cuenta con energía eléctrica y que tanto la Gobernación como la Intendencia se presentaron ante la Justicia para pedir su desmantelamiento”, indicó.

En septiembre de 2023, LeoLabs había comunicado al Gobierno provincial el inicio del retiro del sistema electrónico y sostuvo que la estación se encontraba inoperativa desde el 26 de junio de aquel año. En ese momento también informó que solicitaría el corte total del suministro eléctrico una vez retirados los componentes electrónicos.

Precisamente, uno de los puntos sobre los que continúa trabajando la Comisión Especial Investigadora es determinar fehacientemente la situación actual de las instalaciones.

La Legislatura informó que, a partir de la declaración de López, la Comisión identificó un mecanismo para avanzar en la verificación de la situación operativa del radar y continuará requiriendo información a organismos nacionales.

De esta manera, el testimonio del exvicepresidente del ENACOM incorporó a la investigación legislativa una reconstrucción de la cadena administrativa que condujo primero a la autorización precaria y posteriormente a su cancelación, además de abrir un nuevo capítulo sobre las herramientas legales disponibles para verificar el estado del equipamiento y avanzar, eventualmente y mediante las vías correspondientes, hacia su retiro definitivo.