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El Ejecutivo fueguino valoró lo que consideró un cambio de posición del Gobierno Nacional respecto de la defensa de los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur, pero reclamó avanzar con medidas concretas. Anunció que enviará a la Legislatura un nuevo marco normativo para identificar y sancionar a empresas que utilicen territorio o infraestructura provincial para brindar apoyo a actividades vinculadas con la ocupación británica o la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

Ushuaia, 4 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su respaldo al cambio de posición que, según evaluó, comenzó a manifestar el Gobierno Nacional respecto de la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

A través de un documento difundido este viernes, el Ejecutivo provincial sostuvo que acompañará las decisiones destinadas a consolidar “un frente nacional, político e institucional” que permita avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas frente a la ocupación británica y la explotación de recursos naturales argentinos.

La Provincia señaló que se trata de una posición que viene reclamando desde hace años ante el Gobierno Nacional y la Cancillería y valoró, en ese contexto, que Nación reconozca la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Particularmente, destacó la conformación y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada, a la que consideró una herramienta relevante dentro de una estrategia destinada a fortalecer la presencia nacional en la región.

Sin embargo, el Gobierno fueguino planteó que esa política debe tener un carácter integral y volvió a reclamar las tierras necesarias para desarrollar el Polo Logístico Antártico.

Según la posición provincial, la iniciativa debe contar con una conducción civil y provincial que permita complementar la infraestructura destinada a la defensa nacional con el desarrollo de capacidades comerciales, científicas, logísticas y de servicios.

“Defensa, desarrollo y proyección antártica deben formar parte de una misma estrategia nacional, con pleno respeto por las competencias y responsabilidades de cada jurisdicción”, sostuvo el Ejecutivo.

Una nueva ley para impedir apoyo logístico

Uno de los principales anuncios contenidos en el documento está relacionado con la elaboración de un nuevo marco normativo provincial destinado a actuar sobre empresas nacionales o extranjeras que colaboren con actividades vinculadas con la presencia británica en el Atlántico Sur.

El Gobierno anticipó que impulsará ante la Legislatura una iniciativa para impedir que empresas utilicen territorio, infraestructura o capacidades logísticas bajo jurisdicción provincial para asistir actividades relacionadas con la ocupación británica o con la exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos en disputa.

La futura normativa, según se adelantó, contemplará mecanismos para identificar y sancionar operaciones de transporte, abastecimiento, asistencia técnica y apoyo logístico.

También buscará fortalecer las facultades provinciales para aplicar medidas fiscales, patrimoniales y comerciales contra quienes participen materialmente en esas actividades.

“Tierra del Fuego no puede ni debe convertirse en plataforma logística de quienes contribuyen al aprovechamiento ilegítimo de recursos que pertenecen a nuestro país”, afirmó el Gobierno.

Reclamo de acciones diplomáticas y jurídicas

La Provincia consideró, además, que las decisiones que se adopten dentro del territorio argentino deben estar acompañadas por una estrategia diplomática y jurídica sostenida internacionalmente.

En ese marco, reclamó profundizar las denuncias contra las actividades unilaterales británicas en el área en disputa y llevar nuevamente la situación ante los organismos internacionales, particularmente frente al avance de proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera.

El Ejecutivo fueguino planteó que Argentina debe reunir los respaldos internacionales necesarios para evaluar las vías judiciales y jurisdiccionales disponibles con el objetivo de intentar frenar el avance de esas actividades.

“Si existe la posibilidad de que comiencen actividades de explotación de nuestros recursos en los próximos años, la respuesta no puede llegar cuando el daño ya se haya consumado”, advirtió.

Por ese motivo, sostuvo que deben utilizarse coordinadamente las herramientas políticas, diplomáticas y jurídicas que brinda el Derecho Internacional.

Piden reactivar el Consejo Nacional de Malvinas

Otro de los reclamos dirigidos a Nación es la reactivación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por ley como ámbito plural e interinstitucional para contribuir al diseño de políticas de mediano y largo plazo sobre la cuestión.

Para el Gobierno provincial, resulta difícil justificar que ese organismo permanezca paralizado en momentos en que se registra una creciente actividad británica en el Atlántico Sur y un avance sobre los recursos naturales existentes en el área en disputa.

Asimismo, Tierra del Fuego solicitará formalmente al Poder Ejecutivo Nacional una mayor participación de la Provincia en la definición de la política nacional vinculada con Malvinas y el Atlántico Sur.

“No reclamamos un lugar meramente consultivo. Reclamamos el lugar institucional que corresponde a la Provincia directamente involucrada”, enfatizó el documento.

El Gobierno recordó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes integran, de acuerdo con la Constitución provincial, el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

“Por ello, Tierra del Fuego no puede quedar al margen de las decisiones que afectan directamente a su territorio, sus recursos y su proyección estratégica”, agregó.

Una estrategia conjunta con Nación

Finalmente, la Provincia recordó las acciones que ya impulsó en relación con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, entre ellas la presentación realizada ante la Autoridad de Valores de Israel respecto de actividades de empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el área en disputa.

En ese contexto, convocó al Gobierno Nacional a respaldar institucionalmente las acciones provinciales y avanzar en una estrategia conjunta.

El Ejecutivo fueguino sostuvo que una política de Estado sobre Malvinas debe integrar la defensa de la soberanía, la protección de los recursos naturales, el desarrollo del Atlántico Sur y la proyección antártica argentina.