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El empleado municipal y candidato a intendente de Ushuaia por el Partido Federal, Luis Ángel Santacruz, presentó su alegato definitivo en el sumario administrativo iniciado tras una protesta salarial realizada el 23 de abril. Rechazó los cargos, impugnó el informe ambiental utilizado en el expediente y pidió su sobreseimiento y el archivo de las actuaciones. También denunció presuntas irregularidades procesales y sostuvo que existe una “desviación de poder para acallar el reclamo gremial”. Santacruz tiene 37 años de antigüedad en la Municipalidad y aseguró encontrarse a pocos meses de acceder a la jubilación.

Ushuaia, 3 de septiembre de 2026.- El empleado de la Municipalidad de Ushuaia y candidato a intendente por el Partido Federal, Luis Ángel Santacruz, presentó su alegato y descargo definitivo frente al sumario administrativo en el que, según surge de su presentación, la instrucción habría sugerido aplicar la sanción de cesantía.

El expediente se encuentra vinculado con una manifestación realizada el pasado 23 de abril por trabajadores municipales no agremiados que reclamaban una recomposición salarial.

En un escrito presentado ante la Dirección de Sumarios, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, Santacruz rechazó las imputaciones formuladas por presuntas infracciones al Convenio Municipal de Empleo, impugnó las conclusiones de la instrucción y un informe de la Dirección de Ambiente y solicitó su “libre sobreseimiento”, que se descarte la cesantía y se archiven las actuaciones.

La protesta salarial del 23 de abril

En su reconstrucción de los hechos, Santacruz sostuvo que aquella mañana participó de una manifestación “legítima, pacífica y colectiva” en representación de trabajadores no agremiados, cuyo propósito era reclamar una recomposición salarial.

Según su versión, debido a las bajas temperaturas se encendió un fuego “menor, acotado y controlado” dentro de un tambor metálico de 200 litros ubicado al aire libre, aproximadamente a 15 metros del ingreso al microestadio “Cochocho Vargas”.

Aseguró que el recipiente fue colocado sobre piedras para evitar que el calor tuviera contacto directo con el suelo y rechazó que lo sucedido pueda calificarse como un acto de vandalismo.

Santacruz encuadró la protesta dentro del ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y de la libertad de expresión y negó haber tenido intención de ocasionar daños materiales o generar riesgos para la seguridad pública.

Niega que se hayan quemado neumáticos

Uno de los principales cuestionamientos del descargo está dirigido contra el informe elaborado por la Dirección de Ambiente.

Santacruz sostiene que ese documento desarrolla los posibles efectos de la combustión de neumáticos, pero afirma que en el expediente no existiría prueba material o pericial que demuestre que durante la manifestación se hayan quemado cubiertas.

“Utilicé única y exclusivamente leña y cartón”, aseguró.

En su presentación argumentó que no se habrían tomado muestras de cenizas ni realizado una pericia química y cuestionó que se atribuyera la eventual presencia de restos de caucho a los manifestantes.

También sostuvo que el episodio duró menos de una hora, se produjo al aire libre y que no existe, según su planteo, constancia médica, atención hospitalaria o registro de personas que hayan sufrido intoxicaciones o problemas respiratorios como consecuencia del humo.

Santacruz utilizó el informe de Bomberos como elemento de defensa

Santacruz incorporó entre sus principales argumentos un certificado correspondiente a la intervención de Bomberos del mismo 23 de abril.

Según reproduce en el descargo, al arribar la dotación a las 11:17 el fuego se encontraba confinado dentro del tambor y fue rápidamente extinguido, sin propagación hacia elementos cercanos y “sin registrarse otras novedades”.

El agente interpreta que ese documento favorece su posición porque, según señala, Bomberos no habría consignado restos de caucho ni características compatibles con la quema de neumáticos.

También remarcó que, de acuerdo con esa documentación, no habría sido necesario brindar primeros auxilios ni solicitar ambulancias.

Estos argumentos corresponden a la interpretación efectuada por la defensa de Santacruz sobre las constancias incorporadas al expediente y deberán ser evaluados por la autoridad administrativa al resolver el sumario.

Santacruz denunció irregularidades en el procedimiento

El escrito avanza además sobre aspectos mucho más delicados del trámite administrativo.

Santacruz cuestionó una providencia del 28 de julio por errores en la identificación del expediente y planteó irregularidades relacionadas con la incorporación y ordenamiento de documentación.

Entre sus acusaciones más graves figura el cuestionamiento de un “Acta de Incomparecencia” fechada el 14 de mayo.

Según afirma, ese documento indicaba que se encontraba debidamente notificado para presentarse, cuando la cédula correspondiente habría sido diligenciada en su domicilio recién el 25 de mayo.

“La instrucción me acusó formalmente de no presentarme a una declaración cuando legalmente aún no había sido anoticiado”, sostuvo.

Sobre esa base, Santacruz denunció lo que calificó como una presunta “falsedad ideológica” y pidió que se declare la nulidad de esas actuaciones. Se trata de una acusación formulada por el propio agente dentro de su defensa administrativa y no de una irregularidad judicialmente acreditada.

Cuestionó que utilicen sanciones de hace décadas

Otro capítulo del alegato está dirigido a los antecedentes disciplinarios incorporados al expediente.

Santacruz afirmó que las sanciones utilizadas como agravantes corresponden a la década de 1990 y principios de los años 2000 y sostuvo que, por el tiempo transcurrido, no deberían tener incidencia en una eventual sanción durante 2026.

Invocó para ello los principios de proporcionalidad, non bis in idem y lo que denominó “derecho al olvido laboral”.

Según su planteo, utilizar esos antecedentes para fundamentar una cesantía implicaría volver a valorar hechos por los cuales ya fue sancionado muchos años atrás.

Santacruz denunció “persecución política”

El descargo incorpora también un componente político.

Santacruz cuestionó la imparcialidad de la Dirección de Sumarios y de la Secretaría Legal y Técnica y recordó que anteriormente promovió dos denuncias ante el Ministerio de Trabajo por lo que considera persecución política y discriminación.

Según consignó, una de esas presentaciones estuvo dirigida contra la máxima autoridad del Instituto Municipal de Deportes y otra contra el intendente Walter Vuoto.

A partir de esos antecedentes sostuvo que existiría una situación en la cual la administración municipal actuaría como “juez y parte” y denunció una supuesta “desviación de poder para acallar el reclamo gremial”.

Nuevamente, se trata de la posición expresada por Santacruz en su alegato y de acusaciones que forman parte de su estrategia defensiva dentro del procedimiento administrativo.

37 años como empleado municipal y a meses de jubilarse

La proporcionalidad de una eventual cesantía constituye otro de los argumentos centrales.

Santacruz afirmó contar con 37 años de servicio ininterrumpido, desde su ingreso a la Municipalidad de Ushuaia el 1 de enero de 1989, y señaló que se encuentra a pocos meses de acceder a la jubilación.

En ese contexto cuestionó que un episodio consistente, según su versión, en encender “un tacho con leña al aire libre” pueda terminar con la sanción expulsiva luego de casi cuatro décadas de carrera municipal.

También solicitó que, si finalmente se resolviera alguna sanción que implique su separación del empleo, se suspendan sus efectos mientras se sustancian las correspondientes instancias de revisión.

Argumentó que una cesantía inmediata lo privaría de su sustento económico cuando se encuentra próximo a jubilarse.

Pidió su absolución y el archivo del expediente

En el petitorio final, Santacruz solicitó que se tengan por planteadas las nulidades denunciadas, se declaren inaplicables los antecedentes disciplinarios antiguos y se incorpore como prueba fundamental el certificado de intervención de Bomberos.

También pidió que se consulte a hospitales y autoridades sanitarias para determinar si el 23 de abril alguna persona recibió atención por cuadros de asfixia o intoxicación relacionados con la protesta.

Requirió además que declaren personas que participaron de la manifestación para sostener su versión de que solamente se utilizaron leña y cartón y solicitó acceder a los registros fílmicos y fotográficos mencionados en el expediente.

Finalmente dejó planteada la reserva del caso federal ante una eventual afectación de garantías constitucionales y pidió que, al momento de resolver, se desestime la propuesta de la instrucción, se disponga su absolución y se ordene el archivo inmediato del sumario.

El caso queda ahora sujeto a la resolución administrativa correspondiente, en medio de un conflicto que comenzó con un reclamo salarial de trabajadores municipales y que adquirió una dimensión laboral, jurídica y también política por la condición de Santacruz como empleado de extensa trayectoria y candidato a intendente de Ushuaia por el Partido Federal.