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La construcción de la nueva central termoeléctrica de Ushuaia abre un escenario que excede largamente la incorporación de una nueva turbina. La empresa Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., constituida con capitales chinos, tiene entre sus objetivos la generación y comercialización de electricidad y participa junto a Terra Ignis de un proyecto que comprende no solamente la construcción, sino también la operación y explotación comercial de la nueva central. Los antecedentes de los acuerdos firmados por la Provincia con grupos empresarios chinos incluyen además una central de 100 MW proyectada para Río Grande. Aunque no existe hasta el momento documentación pública suficiente para afirmar que esta segunda planta vaya efectivamente a construirse bajo el esquema actualmente aplicado en Ushuaia, los antecedentes permiten plantear un interrogante de fondo: ¿podría quedar en manos de capitales chinos una parte sustancial de la generación eléctrica de Tierra del Fuego?

Río Grande, 11 de agosto de 2026 (Ramón Taborda Strusiat).– La llegada de más de 6.000 toneladas de equipamiento destinado a la nueva central termoeléctrica de Ushuaia puso nuevamente en primer plano una de las mayores inversiones energéticas desarrolladas durante los últimos años en Tierra del Fuego.

Pero detrás de la obra existe una transformación potencialmente mucho más profunda.

La nueva central no aparece planteada simplemente como una obra pública que una empresa extranjera construirá para posteriormente entregar al Estado provincial. La estructura societaria y contractual conocida hasta el momento incorpora conceptos como operación, mantenimiento y explotación comercial de la generación eléctrica.

De consolidarse este modelo y extenderse posteriormente hacia Río Grande, podría comenzar a modificarse sustancialmente el mapa energético provincial, actualmente dividido entre la Dirección Provincial de Energía (DPE), que presta el servicio en Ushuaia y Tolhuin, y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Austral: una empresa china creada para producir y comercializar energía

Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. quedó formalmente constituida en enero de 2026.

La compañía está integrada por China Rainbow International Investment Co., Ltd. y Rainbow International Engineering Xi’an Co., Ltd., con un capital social inicial de 500 millones de pesos.

Su objeto societario constituye uno de los elementos centrales para comprender la dimensión del proyecto: Austral está habilitada para desarrollar actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, además de proyectos vinculados con hidrocarburos, ingeniería e infraestructura energética.

Es decir, no fue constituida únicamente como una constructora encargada de levantar la nueva usina.

Otro elemento significativo aparece en la composición de su directorio. Yun Yo Lin, Dacan Li y Dan Chen ya habían participado de Tierra del Fuego Energía y Química (TEQSA), sociedad vinculada con el proyecto petroquímico impulsado en la provincia desde 2008.

Austral, además, fijó su domicilio en el Parque Industrial Las Violetas de Río Grande, precisamente en el predio relacionado con aquel proyecto.

Terra Ignis y Austral, juntas en la nueva usina

El siguiente paso se produjo con la constitución de una Unión Transitoria entre Terra Ignis Energía S.A. y Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A.

El proyecto contempla una inversión informada inicialmente en alrededor de 70 millones de dólares, aunque posteriormente autoridades provinciales hablaron de una inversión cercana a los 80 millones.

La nueva central tendrá una potencia de hasta 60 MW mediante tecnología de ciclo combinado y reemplazará progresivamente buena parte de la capacidad actualmente instalada.

El gobernador Gustavo Melella definió la obra como una solución energética que otorgará previsibilidad a Ushuaia durante los próximos 35 años.

Sin embargo, uno de los aspectos menos difundidos públicamente es que el acuerdo no estaría limitado exclusivamente a la construcción de la infraestructura.

La información conocida sobre la Unión Transitoria comprende el desarrollo, puesta en marcha, operación, mantenimiento y explotación comercial de la central.

Este último concepto resulta particularmente relevante.

La empresa que aporta capital y participa en la construcción también tendría intervención en la explotación económica de la electricidad producida.

¿Qué lugar ocupará entonces la DPE?

Actualmente, la Dirección Provincial de Energía genera y distribuye electricidad en Ushuaia y Tolhuin.

La aparición de una nueva central con capacidad suficiente para cubrir la demanda actual y acompañar el crecimiento futuro de Ushuaia necesariamente plantea interrogantes respecto del papel que tendrá la histórica usina de la DPE.

Existen publicaciones que señalan que la actual central pasaría progresivamente a funcionar como “reserva fría”, disponible para ingresar en servicio ante fallas o contingencias de la nueva planta.

Sin embargo, hasta el momento no aparece documentación pública suficiente que permita determinar exactamente cómo quedarán distribuidas las funciones de generación, operación, distribución y comercialización entre Austral, Terra Ignis y la DPE.

Por eso sería prematuro afirmar que la DPE dejará de generar electricidad.

Sí puede señalarse que, si la nueva central se convierte efectivamente en la principal fuente de generación de Ushuaia, la DPE podría perder progresivamente parte del protagonismo que históricamente tuvo como generadora, aunque podría conservar funciones esenciales vinculadas con la distribución, operación de redes, mantenimiento y prestación del servicio al usuario.

El antecedente de los 100 MW para Río Grande

El interrogante adquiere otra dimensión cuando se revisan los acuerdos anteriores celebrados entre Tierra del Fuego y empresas de origen chino.

El 16 de agosto de 2022, el Gobierno provincial suscribió con Shaanxi Chemical Industry Group Co., Ltd. el Memorándum de Entendimiento registrado bajo el N.º 23.072.

Posteriormente, el gobernador Gustavo Melella lo ratificó mediante el Decreto Provincial N.º 3312/22, fechado el 7 de diciembre de 2022.

El proyecto contemplaba un desarrollo industrial de enormes dimensiones en la zona norte de Tierra del Fuego.

Entre sus componentes aparecían una planta petroquímica, infraestructura portuaria y una central eléctrica de 100 MW.

Por lo tanto, la posibilidad de instalar una gran central eléctrica en Río Grande vinculada con inversiones de origen chino no constituye una hipótesis surgida ahora: formaba parte de un proyecto documentado oficialmente varios años antes de la construcción de la actual central de Ushuaia.

Lo que todavía no puede afirmarse es que aquella central de 100 MW haya sido incorporada jurídicamente como una “segunda etapa” del actual convenio Terra Ignis-Austral.

Ese vínculo necesita documentación adicional.

Los mismos protagonistas reaparecen años después

Sin embargo, existen coincidencias que merecen ser observadas.

El proyecto original estuvo vinculado con capitales chinos y con Tierra del Fuego Energía y Química.

La actual Austral Petróleo, Gas y Electricidad posee en su directorio personas que anteriormente integraron aquella estructura empresarial.

Su domicilio fue fijado en Las Violetas, Río Grande, donde se encontraba el proyecto industrial anterior.

Y su objeto social contempla expresamente la generación y comercialización de electricidad.

Estas circunstancias no demuestran por sí mismas que vaya a construirse la central de 100 MW prevista años atrás, pero muestran una continuidad empresarial y territorial que permite considerar plausible que los capitales chinos mantengan interés en desarrollar proyectos energéticos también en la zona norte.

¿Y qué ocurriría con la Cooperativa Eléctrica?

Aquí aparece probablemente uno de los interrogantes más importantes para Río Grande.

La Cooperativa Eléctrica genera actualmente buena parte de la energía consumida en la ciudad y, simultáneamente, administra la red de distribución que llega a hogares, comercios e industrias.

Si en el futuro se concretara una nueva central de aproximadamente 100 MW bajo un esquema semejante al aplicado en Ushuaia, inevitablemente debería redefinirse la relación entre esa nueva generadora y la Cooperativa.

Una posibilidad sería que la Cooperativa mantuviera fundamentalmente la distribución y adquiriera energía producida por la nueva central.

Otra alternativa podría ser un esquema mixto, donde ambas estructuras mantuvieran capacidad de generación.

También podría ocurrir que las actuales turbinas quedaran disponibles como respaldo frente a contingencias.

Pero ninguna de estas alternativas puede presentarse hoy como una decisión adoptada.

No existe documentación pública conocida que establezca que la Cooperativa vaya a dejar de generar electricidad ni que vaya a convertirse exclusivamente en distribuidora.

De Ushuaia hacia un nuevo mapa energético

Lo que sí puede observarse es una sucesión de acontecimientos.

Primero existió un proyecto chino que contemplaba industrialización del gas, puerto y una central eléctrica de 100 MW en el norte provincial.

Años después se resolvieron controversias judiciales vinculadas con aquel emprendimiento.

Posteriormente apareció Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., integrada por empresas chinas y con directivos relacionados con aquel proyecto.

La compañía estableció su domicilio precisamente en Río Grande.

Y finalmente se asoció con Terra Ignis para financiar, construir, operar y explotar comercialmente la nueva central de Ushuaia.

La sucesión no permite asegurar que exista un único plan previamente establecido.

Pero tampoco parece razonable analizar cada acontecimiento de manera completamente aislada.

El interrogante sobre quién venderá la electricidad

Existe además una cuestión económica todavía pendiente de respuesta.

Si Austral participa de la explotación comercial de la nueva central, necesariamente deberá existir un mecanismo mediante el cual recupere la inversión realizada.

Lo que todavía no está públicamente esclarecido es cuál será exactamente ese mecanismo.

No puede afirmarse, sin conocer los contratos completos, que exista un Power Purchase Agreement —PPA— determinado, que la electricidad vaya a pagarse en dólares ni que exista un compromiso de compra por 15, 20 o determinada cantidad de años.

Pero resulta razonable preguntar cuál será el precio de la energía producida, quién será el comprador, durante cuánto tiempo funcionará el esquema comercial, cómo recuperará Austral su inversión y qué participación económica tendrá Terra Ignis.

También deberá conocerse quién será finalmente propietario de los equipos y de la central y qué ocurrirá con esos activos una vez finalizado el período contractual.

¿Hacia una generación eléctrica controlada por capitales chinos?

El escenario permite formular una hipótesis que deberá seguir siendo investigada.

Si Austral y sus socios chinos operan la nueva central que se convertirá en principal fuente de generación de Ushuaia y, posteriormente, avanzara una central de aproximadamente 100 MW en Río Grande bajo una estructura empresarial semejante, una parte sustancial de la generación eléctrica de las dos principales ciudades de Tierra del Fuego podría quedar vinculada directa o indirectamente con capitales chinos.

Eso no equivaldría necesariamente a que las empresas extranjeras controlaran todo el servicio eléctrico.

Generación, transporte, distribución y comercialización son actividades diferentes.

La DPE y la Cooperativa podrían continuar teniendo un papel determinante en las redes y en la relación con los usuarios.

Pero el control de la generación constituye por sí mismo un elemento estratégico.

La electricidad es indispensable para la actividad industrial, comercial, residencial y para cualquier nuevo desarrollo productivo.

Por eso, más allá del origen de las inversiones, la cuestión central que debería transparentarse es bajo qué condiciones se está transformando la matriz energética fueguina.

El puerto multipropósito: una pieza central del proyecto original

La generación eléctrica no era un componente aislado dentro del entendimiento alcanzado entre Tierra del Fuego y Shaanxi Chemical Industry Group.

El Memorándum de Entendimiento N.º 23.072 contemplaba un proyecto industrial de aproximadamente 1.250 millones de dólares que combinaba tres elementos estratégicos: producción petroquímica, generación eléctrica e infraestructura portuaria.

Entre las inversiones previstas figuraba expresamente la construcción de una “terminal portuaria multipropósito con recinto interno”, con capacidad para permitir el amarre de embarcaciones de hasta 20.000 toneladas.

Junto con esa infraestructura aparecía la central eléctrica de 100 MW.

El puerto debía cumplir una función fundamental dentro del complejo industrial proyectado: permitir el ingreso de insumos, equipamiento y materiales y, fundamentalmente, facilitar la salida de la producción generada por las plantas químicas que Shaanxi pretendía desarrollar en Tierra del Fuego.

Por eso, puerto, central eléctrica y complejo petroquímico deberían analizarse como componentes de un mismo proyecto y no como iniciativas independientes.

La ubicación de Tierra del Fuego agregó inmediatamente otra dimensión al debate.

Río Grande se encuentra frente al Atlántico Sur, en una provincia cuya jurisdicción constitucional comprende las Islas Malvinas y el Sector Antártico Argentino. La posibilidad de que capitales chinos participaran de una infraestructura portuaria de gran escala provocó cuestionamientos políticos y geopolíticos que trascendieron ampliamente las fronteras provinciales.

La discusión llegó incluso al Congreso nacional, donde se presentaron pedidos de informes para determinar qué intervención habían tenido las autoridades nacionales con competencia portuaria y si habían evaluado previamente el proyecto.

Más allá de las controversias posteriores, existe un dato documental indiscutible: la terminal portuaria multipropósito formaba parte del Memorándum 23.072 junto con la central eléctrica de 100 MW y el desarrollo petroquímico.

Un convenio conocido parcialmente a través de filtraciones y copias periodísticas

Otro aspecto llamativo de esta historia es la dificultad que existe para acceder, desde los canales oficiales digitales, al expediente completo que dio origen al acuerdo.

El Memorándum de Entendimiento fue firmado el 16 de agosto de 2022 por el gobernador Gustavo Melella y representantes de Shaanxi Chemical Industry Group y quedó registrado administrativamente bajo el N.º 23.072.

Posteriormente, el 7 de diciembre de ese mismo año, Melella dictó el Decreto Provincial N.º 3312/22, mediante el cual ratificó el memorándum “en todos sus términos”.

El propio decreto establece que una copia autenticada del Memorándum forma parte integrante del acto administrativo.

Sin embargo, reconstruir actualmente el expediente completo desde las bases públicas digitales provinciales no resulta sencillo.

Buena parte del contenido que tomó estado público durante 2023 fue conocido a través de copias obtenidas por legisladores, medios periodísticos y organismos que intervinieron posteriormente en el debate.

Incluso existen reproducciones prácticamente completas del instrumento en distintos sitios periodísticos.

Esto obliga a hacer una distinción importante: el documento no es secreto ni desconocido, porque existen copias de su contenido y numerosas referencias oficiales e institucionales. Pero tampoco resulta fácilmente accesible hoy, desde una única fuente pública provincial, el expediente digital completo con el decreto, el memorándum bilingüe, sus anexos y todos sus antecedentes administrativos.

Para una inversión proyectada originalmente en alrededor de 1.250 millones de dólares e integrada por infraestructura energética, química y portuaria, esa dificultad de acceso constituye por sí misma un elemento relevante desde el punto de vista de la transparencia pública.

El decreto que ratificó el acuerdo

El Decreto Provincial N.º 3312/22 constituye una pieza fundamental para comprender la situación jurídica del memorándum.

Fue firmado por Gustavo Melella el 7 de diciembre de 2022 y su artículo primero dispuso ratificar “en todos sus términos” el Memorándum de Entendimiento N.º 23.072 celebrado con Shaanxi Chemical Industry Group.

Pero el decreto contenía además otro artículo particularmente importante.

Su artículo segundo ordenaba remitir una copia autenticada a la Legislatura Provincial a los fines previstos por los artículos 105 inciso 7° y 135 inciso 1° de la Constitución fueguina.

Es decir que el propio acto administrativo originalmente contempló la intervención del Poder Legislativo.

El artículo tercero, además, ordenaba comunicar el decreto, darlo al Boletín Oficial y posteriormente archivarlo.

Por esa razón sería impreciso afirmar, sin contar previamente con la totalidad de los registros oficiales, que el Gobierno decidió expresamente “no publicar” el Decreto 3312/22.

Lo que sí puede señalarse es que su consulta mediante los repositorios digitales públicos no resulta actualmente sencilla y que tampoco aparece de manera inmediata el memorándum completo que, según el propio decreto, formaba parte integrante de la norma.

La diferencia es importante: una eventual dificultad de acceso digital no equivale necesariamente a una inexistencia de publicación formal.

El expediente llegó a la Legislatura seis meses después

Existe otro dato significativo en la cronología.

Aunque el decreto fue firmado el 7 de diciembre de 2022 y establecía expresamente su remisión a la Legislatura, el expediente ingresó formalmente al Parlamento provincial el 5 de junio de 2023.

Habían transcurrido casi seis meses.

Para entonces el acuerdo comenzaba a generar una fuerte controversia pública, principalmente por la participación china en el puerto multipropósito, la dimensión de la inversión, la central de 100 MW y la producción prevista de amoníaco, urea y glifosato.

El asunto también había comenzado a trascender fuera de Tierra del Fuego.

Documentación parlamentaria nacional de aquel período deja constancia de que el Decreto 3312/22 ingresó a la Legislatura fueguina el 5 de junio y reproduce aspectos centrales del memorándum, incluyendo expresamente la terminal portuaria multipropósito.

Melella pidió después retirar el expediente

La permanencia del asunto en la Legislatura fue breve.

A fines de junio de 2023, el gobernador Gustavo Melella solicitó retirar de las comisiones legislativas el Decreto 3312/22 y el memorándum que había sido remitido semanas antes.

La explicación oficial resulta especialmente interesante porque contradijo, en los hechos, el criterio utilizado inicialmente por el propio decreto.

El Ejecutivo sostuvo que había existido un “error involuntario” al enviar el instrumento a la Legislatura.

La posición jurídica planteada entonces fue que el artículo 135 de la Constitución Provincial exige aprobación legislativa para determinados convenios celebrados con entes públicos, mientras que Shaanxi Chemical Industry Group era considerada por el Gobierno provincial una empresa privada extranjera.

Bajo esa interpretación, el Ejecutivo sostuvo que el Memorándum 23.072 no necesitaba aprobación de los legisladores.

De esa manera, el instrumento que el Decreto 3312/22 originalmente había ordenado remitir a la Legislatura terminó siendo retirado por decisión del propio Poder Ejecutivo.

La secuencia merece ser destacada.

Primero, el Gobierno firmó el memorándum.

Después lo ratificó mediante decreto.

El propio decreto dispuso enviarlo a la Legislatura.

Casi seis meses más tarde efectivamente lo remitió.

Y apenas semanas después pidió retirarlo argumentando que aquella remisión había sido producto de un “error involuntario”.

Un acuerdo que dejó de estar sometido al debate legislativo

La consecuencia política de aquella decisión fue significativa.

Al retirarse el expediente, los legisladores dejaron de tener bajo tratamiento formal un proyecto que contemplaba aproximadamente 1.250 millones de dólares de inversión, una central eléctrica de 100 MW, una terminal portuaria multipropósito y un complejo petroquímico.

Esto no significa necesariamente que el memorándum haya desaparecido jurídicamente.

Por el contrario, el Decreto 3312/22 ya lo había ratificado previamente.

Lo que cambió fue la interpretación del Ejecutivo respecto de la necesidad de obtener posteriormente la aprobación parlamentaria.

Desde entonces quedó instalada una pregunta que adquiere nuevamente actualidad ante las inversiones energéticas que actualmente se desarrollan con capitales chinos: ¿qué compromisos de aquel proyecto continúan vigentes y cuáles fueron posteriormente reemplazados, reformulados o abandonados?

De aquel puerto y los 100 MW a la actual usina de Ushuaia

La pregunta resulta especialmente relevante porque, tres años después, Tierra del Fuego volvió a encontrarse frente a una inversión energética de capitales chinos.

Ahora no se trata públicamente de una planta de urea ni de un puerto multipropósito.

Se trata de la nueva central termoeléctrica de Ushuaia.

Pero algunos elementos vuelven a aparecer: capital chino, generación eléctrica, una empresa habilitada para comercializar energía, participación de Terra Ignis y antecedentes empresariales vinculados con los antiguos proyectos desarrollados en la provincia.

No existe hasta ahora documentación suficiente para afirmar que la actual central de Ushuaia constituya jurídicamente una continuación del Memorándum 23.072.

Tampoco puede asegurarse que la central de 100 MW prevista para Río Grande vaya finalmente a construirse.

Pero los antecedentes permiten plantear legítimamente la hipótesis.

Si el modelo actualmente utilizado en Ushuaia se extendiera posteriormente hacia Río Grande y aquella central de 100 MW fuera recuperada bajo una nueva estructura contractual, la generación eléctrica de las dos principales ciudades fueguinas podría quedar fuertemente vinculada con empresas de capital chino.

Y entonces el viejo memorándum de 2022 dejaría de ser solamente un antecedente histórico.

Podría convertirse en una de las primeras piezas de una transformación energética mucho más amplia que recién ahora comienza a hacerse visible.

Las preguntas que todavía esperan respuestas

La construcción de la nueva usina de Ushuaia es una realidad.

La inversión china también.

La participación de Austral en actividades de generación y comercialización eléctrica está documentada.

La central de 100 MW prevista años atrás para el norte provincial también estuvo incluida en los acuerdos celebrados con capitales chinos.

Lo que resta conocer es quizás lo más importante.

Más interrogantes que respuestas

¿Cuánto tiempo explotará comercialmente Austral la central de Ushuaia?

¿Quién comprará la electricidad producida?

¿A qué precio?

¿En qué moneda?

¿Qué participación tendrá Terra Ignis en los ingresos?

¿Qué función conservará la DPE?

¿Quién será propietario de la central?

¿Los 35 años mencionados por el Gobernador corresponden únicamente a su vida útil o guardan relación con el esquema contractual?

¿Continúa vigente el proyecto de una central de 100 MW para Río Grande?

¿Se construirá bajo el mismo modelo?

¿Y qué papel tendría entonces la Cooperativa Eléctrica?

Responder estas preguntas permitirá determinar si Tierra del Fuego está simplemente incorporando capital extranjero para resolver una histórica crisis de infraestructura o si, paralelamente, está comenzando una transformación mucho más profunda: el traslado de una parte estratégica de la generación eléctrica provincial hacia un nuevo esquema empresarial con fuerte participación de capitales chinos.