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El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó al secretario general de ATE Carlos Córdoba a 5 años de prisión efectiva en el juicio por estafas en viviendas de ATE en Barrancas del Río Pipo de Ushuaia. También los jueces condenaron a Miguel Arana. Tras el juicio, ambos quedaron inmediatamente detenidos.

Ushuaia.- El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este viernes a Carlos Córdoba, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, a cinco años de prisión por los hechos de estafa vinculados al programa de 128 viviendas de ATE en el sector Barrancas del Río Pipo.

Tras la lectura del veredicto, el dirigente sindical quedó detenido por disposición judicial. En la misma resolución, Miguel Arana recibió idéntica condena.

La sentencia puso fin al juicio oral y público en el que se investigaron maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado.

La decisión del Tribunal fue superior al pedido formulado durante los alegatos por el fiscal Daniel Curtale, quien había solicitado una pena de cuatro años de prisión para Córdoba y Arana al considerar acreditada su participación en 22 hechos vinculados al emprendimiento habitacional.

Según sostuvo la acusación, las maniobras ocasionaron perjuicios a numerosas personas que buscaban acceder a una vivienda mediante el proyecto desarrollado en Barrancas del Río Pipo.

Antes de que se conociera el veredicto, Córdoba hizo uso de sus últimas palabras ante los jueces y expresó: “Agradezco que hoy pueda terminar el juicio, porque es un peso bastante importante en mi espalda. Creo que esto va a ayudar muchísimo para mi vida y para mi salud”.

Durante su intervención también rechazó las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo: “Jamás nosotros le hemos mentido, por menos yo y mi gente, le hemos mentido a la gente diciéndoles que vamos a recibir plata por esto o vamos a hacer plata por otro”. En el tramo final de su exposición afirmó: “Me declaro inocente y, por supuesto, confío mucho en todos ustedes”.

La defensa de Córdoba había solicitado la absolución al sostener que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos atribuidos y que no se había configurado una administración fraudulenta. Por su parte, la defensa de Arana también había reclamado una absolución y, subsidiariamente, la aplicación de la pena mínima en caso de una condena.

Con la lectura de la sentencia y la inmediata detención de Córdoba, concluye una de las causas judiciales de mayor repercusión de los últimos años en Tierra del Fuego, vinculada al manejo de planes habitacionales y al acceso a viviendas sociales destinadas a trabajadores afiliados al gremio estatal.

Fuente: Poder Judicial y Radio Fueguina.