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La jefa de Gabinete municipal afirmó que el Gobierno provincial admitió la existencia de fondos pendientes de transferencia al convocar a una mesa de diálogo con los municipios. La deuda con Ushuaia rondaría entre los 12 y 14 mil millones de pesos y, de no haber una propuesta concreta de pago, el Municipio avanzará con la judicialización del reclamo.

Ushuaia.- La discusión por los recursos de coparticipación volvió a ocupar el centro de la agenda política fueguina. La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, sostuvo que la reunión mantenida esta semana entre funcionarios provinciales y representantes de los municipios dejó una conclusión clara: el Gobierno provincial reconoció implícitamente la existencia de una deuda por fondos no transferidos.

En declaraciones a medios radiales, la funcionaria consideró que la propia convocatoria realizada por el Ejecutivo provincial constituye una admisión de la situación denunciada desde hace meses por la administración municipal.

“Blanquearon que la deuda existe, porque de otro modo no nos hubieran convocado para ver cómo encontramos un consenso para el pago y la transferencia de los fondos”, afirmó.

Garay señaló que el diálogo institucional continúa abierto y valoró la posibilidad de avanzar en una negociación, aunque advirtió que el Municipio no descarta acudir a los tribunales si no se presentan alternativas concretas para regularizar la situación.

“El diálogo está abierto y vamos a seguir avanzando, pero si no existe una propuesta concreta para cancelar la deuda pasaremos a la etapa que nos queda, que es la judicialización”, expresó.

Una deuda que oscila entre los 12 y 14 mil millones de pesos

La funcionaria detalló que durante el encuentro técnico se analizaron los montos reclamados por los municipios y precisó que, en el caso de Ushuaia, la cifra adeudada se ubicaría actualmente entre los 12.000 y los 14.000 millones de pesos.

Según explicó, se trata de un cálculo dinámico debido a que la deuda continúa modificándose diariamente mientras persistan los retrasos en las transferencias.

“Se habló de los montos aproximados de la deuda, que ronda entre 12 y 14 mil millones de pesos ya que varía día a día”, indicó.

Garay advirtió además que la falta de esos recursos podría comenzar a afectar el funcionamiento de la administración municipal.

“Si la deuda sigue incrementándose se puede dificultar la prestación de servicios y la continuidad de programas y políticas que llevamos adelante”, alertó.

Nueva reunión prevista para el 16 de junio

Como resultado del encuentro, las partes acordaron continuar las conversaciones y fijaron una nueva reunión para el próximo 16 de junio.

La expectativa del Municipio es que para entonces exista una propuesta concreta sobre la forma y los plazos en que se cancelarán los fondos pendientes.

“Se acordó que hasta entonces se va a continuar dialogando sobre el posible cronograma de pago”, explicó la jefa de Gabinete.

En ese sentido, consideró que la reunión permitió ratificar que el reclamo municipal no respondía a una interpretación aislada de la administración capitalina.

“Quedó en claro que la demora en el envío de los fondos se mantiene y es real, y que el reclamo no se debía a una postura unilateral del Municipio de Ushuaia”, sostuvo.

Deuda o atraso: una discusión semántica

Uno de los puntos de diferencia surgidos durante las conversaciones tiene que ver con la definición de la situación financiera.

Garay señaló que los representantes provinciales evitaron hablar de “deuda” y prefirieron referirse a un “atraso en el proceso de transferencia de los recursos”.

Sin embargo, la funcionaria municipal rechazó esa interpretación y sostuvo que, más allá de la denominación elegida, los fondos ya fueron recibidos por la Provincia desde la Nación y no fueron girados a los municipios en los plazos correspondientes.

“Nadie desde la Provincia habló de deuda; hablan de un atraso en el proceso de transferencia de los recursos”, explicó.

Y agregó: “Si ellos lo quieren poner en otros términos lo comprendemos, pero es una deuda porque en definitiva ellos recibieron los recursos que les envió Nación y no los transfirieron”.

La búsqueda de un acuerdo

Pese a la firmeza del reclamo, Garay insistió en que el Municipio mantiene una postura dialoguista y que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución consensuada.

La funcionaria remarcó que la previsibilidad financiera resulta indispensable para garantizar el funcionamiento de la administración local, cumplir compromisos asumidos y planificar políticas públicas de mediano plazo.

“Vamos a ser prudentes en la toma de decisiones ya que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”, afirmó.

Y concluyó que el objetivo central es que la Municipalidad cuente con los recursos que le corresponden para asegurar la continuidad de los servicios y disponer de herramientas que permitan proyectar acciones futuras con mayor certeza financiera.

La disputa por los fondos coparticipables se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre la Provincia y los municipios fueguinos. Con una nueva reunión prevista para mediados de junio, las próximas semanas serán determinantes para saber si el conflicto encuentra una salida política o si finalmente termina trasladándose al ámbito judicial.