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Roberto Murcia aseguró que la terminal “siempre estuvo habilitada” y reveló que la certificación de seguridad internacional se encuentra vigente hasta 2029. Denunció falta de diálogo con Nación, desplazamiento de trabajadores y ausencia de un plan claro por parte de la intervención.

Ushuaia.- En medio de una de las disputas institucionales más relevantes de los últimos años en Tierra del Fuego, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, salió a reafirmar por ((La 97)) Radio Fueguina la posición del Gobierno provincial frente a la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y cuestionó con dureza los fundamentos utilizados por Nación.

Lo hizo tras conocerse documentación de la Prefectura Naval Argentina que certifica las condiciones de seguridad de la terminal portuaria hasta el año 2029, uno de los ejes centrales que habían sido invocados para justificar la intervención dispuesta a comienzos de 2026.

“El puerto siempre estuvo habilitado”

Murcia fue categórico: el argumento de la seguridad, utilizado por Nación, “se ha caído”.

Según explicó, la certificación internacional del puerto se encontraba vigente y los últimos requerimientos de Prefectura fueron subsanados antes de la intervención.

“El puerto de Ushuaia siempre estuvo habilitado. Esa certificación es a nivel internacional y por eso el puerto siguió operando con normalidad”, afirmó.

Incluso detalló que la documentación fue entregada a la propia ANPyN y que la Dirección Provincial accedió a una copia, reforzando así la posición judicial del Gobierno fueguino.

Una intervención sin impacto operativo, pero con cambios en el control

Uno de los aspectos más llamativos del conflicto es que, según Murcia, la intervención no modificó el funcionamiento del puerto.

La operatoria se mantuvo intacta incluso durante una temporada récord de cruceros, lo que —según sostuvo— deja en evidencia la inconsistencia de los argumentos nacionales.

“No cambió absolutamente nada desde la noche anterior a la intervención. El puerto funcionó normalmente y la comunidad lo pudo ver”, señaló.

Sin embargo, sí hubo modificaciones en el control de la actividad:

• Unos 80 trabajadores del área logística fueron desplazados.
• Las tareas comenzaron a ser realizadas por operadores privados.
• Se transfirieron fondos a cuentas bajo control nacional.
• Trabajadores desplazados y reubicados.

Murcia explicó que la mayoría del personal continúa bajo la órbita provincial, aunque sin poder desempeñar sus funciones habituales en el puerto.

“Les garantizamos sus salarios, pero hoy están realizando tareas administrativas, de mantenimiento o logística fuera de su ámbito natural”, indicó.

El funcionario remarcó que áreas clave como:

• Fiscalización.
• Seguridad.
• Servicios generales.

Todas ellas eran históricamente gestionadas por personal propio, pero actualmente se encuentran en manos privadas.

Falta de diálogo con Nación

Otro de los puntos más críticos planteados por Murcia es la ausencia de comunicación con el organismo nacional interventor. “Es muy difícil sostener un diálogo. Nosotros respondemos en tiempo y forma, pero ellos casi no responden o dicen que nuestras respuestas no les satisfacen”, cuestionó.

Además, denunció que nunca fueron notificados formalmente de un plan de intervención, ni de las acciones concretas que se están llevando adelante.

La disputa judicial llega a la Corte Suprema

El conflicto ya escaló al máximo nivel institucional. Según confirmó Murcia, las presentaciones judiciales realizadas por la provincia fueron elevadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

“Estamos esperando la convocatoria de la Corte. Mientras tanto seguimos con reclamos administrativos, especialmente sobre el manejo de los fondos”, explicó.

En ese marco, la provincia insiste en que:

• El puerto es de dominio provincial desde 1992.
• Todas las inversiones fueron realizadas por Tierra del Fuego.
• Nación no justificó adecuadamente la intervención.
• El eje económico: fondos, OSEF y argumentos en disputa.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira en torno a los recursos económicos del puerto y su presunto vínculo con el financiamiento de la OSEF.

Murcia desmintió de plano esa versión: “La Dirección Provincial nunca giró dinero a OSEF porque no contamos con esos fondos. Ese dinero estaba destinado a obras de infraestructura”.

Incluso reveló que actualmente esos recursos están siendo utilizados para garantizar el pago de salarios, ante la imposibilidad de acceder a la facturación habitual del puerto.

En paralelo, desde la provincia impulsan la derogación del artículo legislativo que vinculó esos fondos con la obra social estatal, al considerar que fue utilizado como argumento para justificar la intervención.

Planificación paralizada y futuro incierto

Otro aspecto crítico es la imposibilidad de proyectar a futuro. Murcia explicó que la planificación portuaria se realiza con hasta tres años de anticipación, especialmente en lo que respecta a cruceros internacionales.

Sin embargo, la intervención dejó a la Dirección Provincial sin acceso al área logística ni a la toma de decisiones.

“Hoy estamos impedidos de planificar. No sabemos si se van a respetar los giros que ya habíamos otorgado”, advirtió.

Aun así, mantienen diálogo con las asociaciones internacionales de cruceros, intentando sostener vínculos estratégicos.

Una temporada exitosa en medio del conflicto

Pese al escenario de incertidumbre, el titular de Puertos destacó que la última temporada de cruceros fue altamente positiva.

“Fue una muy buena temporada, con alto impacto económico en Ushuaia y en toda la provincia”, afirmó.

El dato no es menor: el puerto de Ushuaia es la principal puerta de entrada al turismo antártico, un sector clave para la economía fueguina.

Un conflicto abierto y sin resolución

La disputa por el control del puerto de Ushuaia continúa sin definiciones claras, atravesada por tensiones políticas, económicas y jurídicas.

Mientras Nación sostiene la intervención, la provincia refuerza su estrategia en dos frentes:

• El judicial, con la causa en la Corte Suprema.
• El administrativo, con reclamos sobre fondos y competencias.

En ese escenario, el puerto —pieza estratégica del desarrollo fueguino— sigue operando con normalidad, pero bajo una conducción en disputa y con un futuro aún incierto.