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El Jefe de Gabinete provincial sostuvo que un informe de Prefectura Naval Argentina certifica la seguridad y operatividad del puerto hasta 2029 y cuestionó con dureza a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. También advirtió por la falta de control sobre los recursos y anticipó acciones judiciales.

Ushuaia.- En medio de la creciente disputa institucional por la intervención del puerto de Ushuaia, el ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego AIAS, Jorge Canals, cuestionó con firmeza la medida impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y aseguró que carece de fundamentos técnicos, legales y operativos.

El funcionario respaldó su postura en un reciente documento emitido por la Prefectura Naval Argentina, que certifica que el puerto capitalino cumple con las condiciones de seguridad y operatividad hasta el año 2029, un dato que —según afirmó— “termina de desarmar” los argumentos que justificaron la intervención.

“Esto confirma lo que venimos planteando desde el primer momento: se trata de una intervención federal completamente ilegítima, sin sustento lógico ni técnico que pueda avalarla”, sostuvo Canals.

Un informe que reaviva la polémica

El eje de la controversia gira ahora en torno al informe de Prefectura, que certifica condiciones de seguridad en el puerto, en contraste con los argumentos esgrimidos por el organismo nacional al momento de avanzar con la intervención.

Para el Gobierno provincial, este documento representa una validación técnica de su posición y evidencia inconsistencias en la decisión adoptada por Nación.

“Se han ido cayendo uno a uno los argumentos que intentaron utilizar desde la ANPyN para sostener esta medida”, remarcó el jefe de Gabinete.

Entre esos argumentos, Canals mencionó particularmente el supuesto desvío de fondos desde la Dirección Provincial de Puertos hacia la obra social estatal OSEF, una acusación que calificó como infundada.

“Eso ya se desvaneció. No hubo ningún traslado de recursos hacia la OSEF ni nada por el estilo”, aseguró.

“El puerto funcionó con total normalidad”

Otro de los puntos que el funcionario utilizó para cuestionar la intervención fue el desempeño operativo del puerto durante la última temporada.

Según indicó, la actividad portuaria se desarrolló sin inconvenientes, incluso en el período de mayor demanda.

“Durante todo el verano el puerto operó con normalidad. No hubo una sola hora en la que no funcionara, a pesar de que decían que no era seguro o que la infraestructura era un desastre”, enfatizó.

En esa línea, también cuestionó la falta de acciones posteriores por parte de la intervención: “No hicieron absolutamente nada. Si el puerto realmente no estaba en condiciones, no lo estaba ni para la Provincia ni para la propia ANPyN. Sin embargo, siguió funcionando con total normalidad”.

Defensa de la gestión provincial

Canals defendió además el trabajo realizado por la administración fueguina en materia portuaria, destacando inversiones y mejoras recientes.

Entre ellas, mencionó la ampliación del muelle, que calificó como “la inversión más importante de los últimos años”, y sostuvo que existía un plan de trabajo en ejecución para adecuar la infraestructura.

“Sabemos que hay cosas por mejorar, pero hay un plan. Este informe de Prefectura es resultado de ese proceso de adecuación que venía llevando adelante la Dirección Provincial de Puertos”, explicó.

Dudas sobre el manejo de los recursos

Uno de los cuestionamientos más duros del funcionario estuvo dirigido al manejo actual de los fondos tras la intervención.

Según planteó, el Gobierno provincial perdió capacidad de control sobre los recursos generados por la actividad portuaria.

“Hoy no hay control sobre los recursos. No sabemos a dónde van los fondos que antes administraba la provincia”, advirtió.

Y agregó: “Entendemos que se concentran en una cuenta general, sin trazabilidad clara”.

Falta de planificación y sospechas económicas

El jefe de Gabinete también puso en duda la gestión de la intervención al señalar la ausencia de medidas concretas para mejorar la seguridad o la infraestructura.

“No hay licitaciones públicas, no hay planificación visible. Lo único que hay es una intervención que se está quedando con los recursos de los fueguinos”, afirmó.

En ese contexto, fue más allá y deslizó que podría existir un interés económico detrás de la medida: “Hay claramente una intencionalidad económica en esta decisión”.

Camino judicial en marcha

Finalmente, Canals adelantó que el Gobierno provincial ya trabaja en el plano legal para revertir la intervención.

“Nuestros equipos jurídicos están avanzando en las estrategias correspondientes, no solo por lo que entendemos fue una medida inconstitucional, sino también por las responsabilidades que surgen de haber avanzado sin fundamentos reales”, concluyó.

Con el respaldo técnico de Prefectura y la decisión de avanzar en el terreno judicial, el conflicto por el control del puerto de Ushuaia suma un nuevo capítulo, en una disputa que combina cuestiones operativas, económicas y de autonomía provincial, y que promete seguir escalando en las próximas semanas.