Policías territoriales llevan 11 meses sin cobrar: denuncian discriminación y advierten sobre un conflicto sin salida política

Unas 540 familias reclaman el pago de haberes previsionales adeudados. La falta de respuestas oficiales y fallos judiciales dispares profundizan la crisis. Por ese motivo, aprovecharon la presentación de Terra Ignis en Río Grande, donde fueron escuchados por el Secretario de Representación Política, Federico Giménez y por el Jefe de la Policía de Tierra del Fuego, Comisario General Jacinto Rolón.

Río Grande.- En Río Grande, el conflicto de los policías territoriales retirados suma un nuevo capítulo de tensión y visibilidad en un contexto de conflictividad social que sumó tres reclamos gremiales en esta ciudad, en el marco de la presentación en “El Muelle” del proyecto de Terra Ignis. A casi un año sin percibir parte de sus haberes, el reclamo ya involucra a más de 540 familias y pone en el centro del debate la responsabilidad del Estado provincial y el funcionamiento de la caja compensadora.

El suboficial mayor retirado Alfredo Gatti fue contundente al describir la situación: “Vamos a cumplir 11 meses sin cobrar. Este es un reclamo por aportes que hicimos durante toda nuestra carrera, no estamos pidiendo ningún beneficio extraordinario”.

Un sistema previsional en crisis

El eje del conflicto radica en el incumplimiento de un esquema previsional acordado en 1994 entre Nación y Provincia, que establecía la integración del haber de retiro a partir de aportes a dos cajas: un 12% al Ministerio del Interior y un 13% a la caja compensadora.

Según denuncian los afectados, esta última dejó de abonar su parte de manera unilateral, argumentando problemas financieros. La consecuencia: cientos de retirados perciben solo una fracción de sus ingresos.

“Somos los únicos que no estamos cobrando —subrayó Gatti—. Los directivos de la caja cobran, sus empleados también, y los retirados provinciales siguen percibiendo sus haberes. Acá hay un trato desigual que no se puede justificar”.

La Justicia y el límite de lo político

Si bien en primera instancia los fallos judiciales resultaron favorables a los demandantes, la situación se complejizó cuando la Cámara resolvió que el conflicto debe ser abordado por el poder político provincial, desplazando la definición fuera del ámbito estrictamente judicial.

Ante la falta de respuestas del Ejecutivo y el Legislativo fueguino, los ex efectivos decidieron escalar el reclamo a nivel nacional, incluso con gestiones en el Congreso de la Nación Argentina y ante medios nacionales de comunicación.

Fallos que exponen la desigualdad

En este escenario, dos casos recientes se convirtieron en símbolos de la controversia.

Por un lado, el del ex jefe de Policía Walter Hugo Papa, quien obtuvo un fallo favorable en su reclamo, marcando un antecedente jurídico para el resto de los retirados. Sin embargo, la aplicación efectiva de ese criterio no se ha extendido al conjunto de los afectados.

Por otro, el caso del también ex jefe policial Luís Gustavo Penza, cuya situación de salud —descrita como grave y apremiante— derivó en un fallo excepcional de la Cámara que ordenó el pago en un plazo de 30 días, con intereses y costas.

“Esto es lo más doloroso —expresó Gatti—. No puede ser que haya que estar atravesando una situación límite de salud para que la Justicia reconozca un derecho que es de todos”.

Un reclamo que interpela al Estado

Lejos de resolverse, el conflicto de los policías territoriales se profundiza con el paso de los meses. La ausencia de definiciones políticas, sumada a decisiones judiciales que no logran unificar criterios, alimenta la incertidumbre y el malestar.

Mientras tanto, cientos de familias continúan sosteniendo su vida cotidiana sin ingresos completos, en un escenario que ya excede lo previsional para convertirse en un problema social de escala.

El reclamo sigue en pie, con un mensaje claro: los derechos adquiridos no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad financiera ni a la urgencia médica. Y la solución, coinciden los afectados, ya no puede esperar.

Los manifestantes fueron escuchados por el Secretario de Representación Política, Federico Giménez y por el Jefe de la Policía de Tierra del Fuego, Comisario General Jacinto Rolón.