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La Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares de policías retirados que prestaron servicios cuando Tierra del Fuego era Territorio Nacional difundió una dura respuesta pública en la que rechazó acusaciones sobre supuestos privilegios previsionales, defendió la legalidad de los beneficios percibidos y cuestionó con dureza al Ejecutivo por el manejo de la Caja y por la reciente creación de un fondo reservado para áreas de la Policía Provincial.

Río Grande.- En medio de la creciente discusión en torno a la situación de la Caja de Previsión y a los beneficios que perciben policías retirados que prestaron servicios en la etapa territorial, la Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares de los Policías Provinciales que también cumplieron funciones en el entonces Territorio Nacional difundió una extensa respuesta pública con fuertes cuestionamientos políticos e institucionales.

El documento apunta contra quienes, según sostienen, intentan “instalar una versión parcial de los hechos” y omiten aspectos centrales sobre el origen de los aportes, la conformación del directorio de la Caja y los convenios firmados entre Nación y Provincia tras la provincialización.

Desde la entidad remarcaron, en primer lugar, que los aportantes “nunca eligieron al directorio de la Caja”, ya que ese cuerpo —afirman— “es designado discrecionalmente por la Jefatura de turno y el Poder Ejecutivo”. En ese marco, señalaron que la conducción del organismo previsional “nunca estuvo en manos de los propios policías”, sino de decisiones políticas adoptadas “a dedo”.

La discusión sobre los policías territoriales

Uno de los ejes centrales de la respuesta está vinculado con la situación de los denominados policías territoriales. La asociación rechazó de plano la versión según la cual esos agentes habrían sido absorbidos por la Policía Federal al momento de la provincialización o que hubieran sido “pagados” por la Provincia.

Según explicaron, lo que efectivamente ocurrió fue la firma de un convenio entre Nación y Provincia en 1994, por el cual la Policía Federal asumiría el pago del retiro financiado con aportes del 12 por ciento realizados por los propios efectivos hasta su retiro, mientras que la Provincia afrontaría el pago de zona e ítems adicionales.

A su vez, señalaron que desde 1992 esos mismos policías realizaron aportes del 13 por ciento a la Caja provincial, “exactamente en las mismas condiciones que los policías netamente provinciales”.

Sobre este punto, también aclararon que una vez producida la situación de retiro, el aporte baja al 8 por ciento, aunque remarcaron que ese mismo porcentaje es el que aportan los policías provinciales retirados. Por eso, se preguntaron “dónde está la diferencia” que algunos sectores intentan remarcar.

“No existe delito alguno”

La asociación también salió al cruce de las críticas referidas a la supuesta percepción de dos beneficios por parte de algunos retirados. En ese sentido, afirmaron que “no existe delito alguno” cuando esas prestaciones están respaldadas por acuerdos legales entre Nación y Provincia.

Con tono crítico, sostuvieron que si se considera cuestionable esa situación, entonces con la misma lógica también debería objetarse que una persona cobre simultáneamente un retiro y una pensión. Para los firmantes, el problema no sería jurídico sino “selectivo”.

En la misma línea desmintieron que los llamados territoriales perciban una “doble zona desfavorable”, al considerar que esa afirmación es inexacta y omite que se trata de derechos reconocidos por la Constitución Nacional para quienes prestaron servicios en condiciones particulares.

Reclamo por una mirada “seria” sobre aportes y años de servicio

En otro tramo del pronunciamiento, la entidad recordó que las reformas legales que hoy se ponen bajo sospecha permitieron, en su momento, que numerosos policías provinciales accedieran al retiro con 17 o 20 años de servicio.

“Curiosamente, en aquel entonces no abundaban las denuncias ni las críticas”, indicaron, al sostener que muchos de quienes hoy cuestionan esas normas “usufructuaron esos beneficios sin mayores objeciones”.

Por eso, reclamaron que si el debate gira en torno a aportes y años de servicio, la discusión debe darse “con seriedad”. En ese marco, remarcaron que los policías que comenzaron a prestar funciones en la etapa territorial lo hicieron bajo órbita provincial desde 1992 hasta 2023, y plantearon un interrogante directo: “¿Quién aportó más al sistema?”.

Críticas por el incumplimiento de normas vigentes

La asociación también cuestionó los discursos que invocan preocupación por los “camaradas”, al considerar que lejos de contribuir a una salida, generan “confusión y enfrentamiento”.

A juicio de los firmantes, si existiera una verdadera preocupación por el conjunto del sector, la discusión debería centrarse en exigir el cumplimiento de normas vigentes, entre ellas la Ley 735, en particular su artículo 69, que —según sostienen— beneficiaría a todos los integrantes del sistema previsional policial.

En ese marco, advirtieron que muchas de las expresiones difundidas públicamente no solo desinforman, sino que además deterioran el respeto que debería existir entre personas que formaron parte de una misma institución.

Cuestionamientos al fondo reservado para divisiones de la Policía

Además de responder las críticas previsionales, el texto sumó un nuevo foco de polémica al referirse a la reciente instrumentación de un fondo operativo destinado a determinadas divisiones de la Policía Provincial.

Con fuerte ironía, la asociación señaló que, según distintas publicaciones periodísticas, se firmó un decreto provincial —con aval de la Vicegobernadora y la intervención del Ministerio de Economía, la Contaduría General y la oficina jurídica contable de la Policía— para depositar 6 millones de pesos mensuales en concepto de gastos reservados.

“¡Qué maravilla de despliegue burocrático!”, expresaron, para luego preguntarse si todos esos organismos “surgieron ahora” o si solo funcionan como una “cortina de humo” destinada a aparentar control.

La crítica, en ese punto, fue todavía más dura al señalar que cuando desde la asesoría jurídica de la Caja se avalaron decisiones que, según denuncian, vulneraban leyes provinciales, nacionales e incluso la Constitución, “nadie abrió la boca”.

Interrogantes sin respuesta

En la parte final del documento, la entidad plantea una serie de interrogantes sobre el destino de los recursos públicos y la falta de respuestas oficiales.

Entre otras cosas, se preguntan para quiénes o con qué finalidad se utilizarán esos fondos reservados financiados con impuestos, y si realmente los organismos de control cumplen su función o son apenas un adorno institucional.

También remarcan que ese supuesto andamiaje administrativo no logró resolver cuestiones elementales, al recordar que “hace diez meses no pagó ni un aguinaldo”. A partir de allí, deslizan sospechas sobre una eventual utilización de la Caja para “tapar agujeros del Gobierno y de la propia Caja”.

“Como siempre, muchos interrogantes y, por supuesto, ninguna respuesta”, afirmaron.

Un mensaje con tono político e institucional

La respuesta pública difundida por la Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares de los Policías Provinciales que también prestaron servicios en el Territorio Nacional vuelve a exponer una disputa de fondo que excede lo estrictamente previsional y que se adentra de lleno en el terreno político e institucional.

El documento no solo busca defender la situación de los retirados territoriales frente a cuestionamientos recientes, sino también poner en discusión la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la designación de autoridades, en la administración de la Caja y en el manejo de recursos sensibles.

En definitiva, el pronunciamiento deja al descubierto una tensión cada vez más visible entre sectores vinculados al universo policial retirado y las autoridades políticas que, desde hace años, tienen bajo su órbita la conducción del sistema previsional provincial.