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El director de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, advirtió sobre una combinación de factores que tensionan las finanzas provinciales: caída real de la recaudación, menor consumo, pérdida de ingresos por regalías y escasas herramientas para aumentar recursos. El panorama podría agravarse en los próximos meses.

Río Grande.- En un contexto económico cada vez más complejo, el titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, trazó un diagnóstico crudo sobre la situación fiscal de Tierra del Fuego, al advertir que la provincia enfrenta una caída sostenida de ingresos en términos reales, con perspectivas aún más negativas hacia el corto plazo.

Durante una entrevista en el programa radial “El Primero de la Fila” por FM La Isla, el funcionario explicó que el escenario actual combina múltiples tensiones: menor recaudación nacional, caída del consumo interno, retroceso de la actividad económica y un sistema tributario provincial con escaso margen de maniobra.

Deudas cruzadas y un saldo limitado

Uno de los puntos centrales del análisis tiene que ver con la relación financiera entre Nación y Provincia. Según detalló Bahamonde, el Estado nacional mantiene una deuda con Tierra del Fuego que ronda los 8.325 millones de pesos, vinculada principalmente a obras, vivienda y vialidad. A su vez, la provincia también mantiene compromisos por unos 5.000 millones, lo que arroja un saldo favorable cercano a los 2.000 millones.

Sin embargo, el dato más significativo aparece al considerar el histórico Fideicomiso Austral, que acumula acreencias por unos 233 millones de dólares. Se trata de un esquema que nunca terminó de consolidarse plenamente, pese a haber sido reformulado en 2021, y que buscaba canalizar recursos provenientes de explotaciones offshore hacia la provincia.

Coparticipación en caída y alerta desde Nación

El problema estructural se agrava por la fuerte dependencia de la coparticipación federal. Bahamonde recordó que entre el 60% y el 65% de los ingresos provinciales provienen de estos fondos, lo que vuelve especialmente sensible cualquier caída en la recaudación nacional.

En ese sentido, alertó que los indicadores ya muestran una baja sostenida en términos reales y que incluso desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se anticipó un panorama negativo para los próximos meses, especialmente hacia mayo, cuando impacten cambios en la liquidación del Impuesto a las Ganancias.

“Si ya están advirtiendo en marzo que mayo viene complicado, es porque lo están monitoreando con preocupación”, señaló.

Regalías, industria y consumo: los tres frentes críticos

El titular de AREF identificó tres áreas donde el impacto es más fuerte:

Regalías hidrocarburíferas: la salida de producción de Vega Pléyade y su reemplazo por proyectos offshore bajo jurisdicción nacional implicó una pérdida directa de ingresos provinciales. Si bien se implementaron mecanismos de compensación, el daño estructural persiste.

Actividad económica: la caída del consumo afecta directamente la recaudación de IVA y, en cascada, los ingresos brutos.

Tasa de industria: registró caídas reales significativas, con desplomes cercanos al 60% en algunos meses.

“El problema no es solo que se recauda menos, sino que la caída es sostenida y creciente en varios rubros”, sintetizó.

Impacto visible en la economía real

Más allá de los números, Bahamonde reconoció que la crisis ya se percibe en el territorio, especialmente en Río Grande, donde se observa un aumento de locales vacíos y una retracción general del comercio.

Sectores como la construcción, altamente dependientes de la obra pública, aparecen entre los más golpeados, con efectos directos sobre el empleo y la actividad económica.

Pocas herramientas y debate por suba de impuestos

Frente a este escenario, el margen de acción del Estado provincial es limitado. Bahamonde explicó que las provincias tienen restricciones estructurales para crear nuevos tributos y que las principales fuentes de ingresos —Ingresos Brutos y Sellos— ya están reguladas por el consenso fiscal.

No obstante, el Gobierno analiza avanzar con modificaciones en el Código Fiscal y la ley tarifaria para:

Equiparar alícuotas en sectores que históricamente tributaron menos (especialmente servicios y actividades financieras).

Ajustar aspectos técnicos para mejorar la eficiencia recaudatoria.

Modernizar el sistema tributario con herramientas digitales.

“Tierra del Fuego tiene hoy una de las alícuotas más bajas del país en Ingresos Brutos, pero el contexto obliga a evaluar dónde se puede hacer un esfuerzo adicional”, sostuvo.

Un momento bisagra

El funcionario definió la coyuntura como un “momento complejo” y con pocas alternativas claras. La combinación de caída de ingresos, aumento de costos y limitaciones estructurales configura un escenario desafiante tanto para la Provincia como para los municipios.

En ese marco, la discusión sobre cómo sostener el funcionamiento del Estado —sin profundizar la crisis económica— aparece como uno de los ejes centrales del debate político y fiscal en Tierra del Fuego.

“El problema es que las herramientas son pocas, y el contexto no ayuda”, resumió Bahamonde, dejando en evidencia que la provincia transita una etapa de definiciones clave.