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Así lo definió el penalista Daniel Cesari Hernandez, quien analizó el debate en el Congreso nacional por el endurecimiento de penas por homicidios viales y fue contundente: cuestionó la baja respuesta penal, apuntó contra la cultura de la imprudencia y sostuvo que la sociedad aún no asume al tránsito como un problema de seguridad. “Si alguien mata con un arma puede recibir hasta 25 años. Si mata manejando de manera imprudente, la pena es mucho menor. Y la sociedad siente que eso es poco”, afirmó el ex Juez de Instrucción de Río Grande.

Río Grande.- En su habitual columna de los miércoles en “La Mañana de la Tecno” por Radio Universidad 93.5 MHz, el ex juez de Instrucción de Río Grande y reconocido penalista a nivel nacional, Dr. Daniel Cesari Hernandez, abordó uno de los temas más sensibles del debate jurídico y social actual: las penas por muertes y lesiones en siniestros viales.

En el marco del tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados que busca endurecer las sanciones por homicidios viales —con aumentos de las penas mínimas y máximas, e incorporación de nuevos agravantes—, el especialista planteó una mirada crítica que va más allá de la letra de la ley: cuestionó la percepción social, la cultura vial y el propio sentido del castigo penal.

La inseguridad que no se percibe

Cesari Hernandez señaló que, a diferencia de los delitos contra la propiedad, los hechos de tránsito no suelen ser percibidos como un problema de inseguridad, pese a su impacto cotidiano.

“Cuando se habla de inseguridad, la gente piensa en robos. Pero también existe otra inseguridad: la de la conducción imprudente, que genera muertes y daños todos los días”, explicó.

Según el penalista, esta falta de percepción influye directamente en el debate público y en la tolerancia social frente a conductas peligrosas al volante.

Penas bajas y sensación de injusticia

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la brecha entre la respuesta penal y la expectativa social de justicia.

Actualmente, los homicidios culposos en accidentes de tránsito —es decir, sin intención de matar— tienen penas relativamente bajas. Esto genera, según Cesari Hernandez, una fuerte sensación de insatisfacción en las víctimas.

“Si alguien mata con un arma puede recibir hasta 25 años. Si mata manejando de manera imprudente, la pena es mucho menor. Y la sociedad siente que eso es poco”, afirmó.

En este sentido, consideró razonable el reclamo de endurecer las sanciones, aunque advirtió que el problema no es solo jurídico, sino también cultural.

Culpa, dolo y un debate incompleto

El abogado explicó que la mayoría de los hechos viales se encuadran como delitos culposos —producto de negligencia o imprudencia—, pero cuestionó que el Código Penal argentino no defina claramente conceptos clave como el dolo.

Incluso planteó una postura más severa: “El que se sienta al volante sabe que puede matar. Por eso, muchas conductas deberían ser consideradas más cercanas al dolo que a la simple culpa”.

Esta idea abre un debate profundo en el derecho penal: si determinadas conductas extremadamente imprudentes —como manejar alcoholizado o cruzar en doble línea amarilla— deberían recibir un reproche más grave.

“No fue un accidente: había un irresponsable al volante”

Con tono crítico, Cesari Hernandez cuestionó el uso del término “accidente”.

“No hay accidentes. Hay responsables. No es una desgracia: había alguien manejando de manera indebida”.

Para el ex juez, la mayoría de los siniestros no responden al azar, sino a decisiones conscientes que violan normas básicas de tránsito.

La cultura de la imprudencia

El análisis también apuntó contra hábitos profundamente arraigados en la sociedad argentina:

• Adelantar en doble línea amarilla.
• No respetar señales de “Pare”.
• Usar el celular al volante.
• Circular a exceso de velocidad.

“Nos acostumbramos a la mediocridad moral. A que lo incorrecto sea lo normal”, sostuvo.

Incluso fue más allá al señalar que estas conductas no solo son toleradas socialmente, sino también replicadas —en algunos casos— por vehículos oficiales.

El rol del Estado y la educación vial

Cesari Hernandez también puso el foco en la responsabilidad estatal, tanto en el control como en la infraestructura.

Recordó que durante su gestión judicial impulsó medidas concretas como señalización de rutas y mejoras en zonas críticas tras accidentes fatales.

Sin embargo, advirtió que el problema no se resuelve solo con obras: “No es el juez el que tiene que pedir que se pinten las rutas. Es el Estado el que tiene que garantizar condiciones seguras”.

En paralelo, valoró los sistemas de control estrictos —como los de Córdoba o países europeos— aunque reconoció que generan resistencia social.

“Lo que molesta son los límites. Pero vivir en sociedad implica respetarlos”.

El caso del bache: responsabilidad compartida

Ante la consulta sobre un siniestro provocado por el mal estado de la vía, el penalista fue claro: el conductor no queda exento de responsabilidad.

“La ley exige dominio del vehículo en todo momento. Eso implica prever obstáculos como un pozo o un animal”.

No obstante, aclaró que el conductor puede iniciar acciones civiles contra el Estado por el daño sufrido.

El verdadero debate: castigo o prevención

Finalmente, Cesari Hernandez llevó la discusión a un plano más profundo: el sentido de la pena.

“La sociedad quiere castigo. El derecho penal busca prevención y reinserción. Ahí está el gran conflicto”.

En ese marco, el endurecimiento de penas aparece como una respuesta a una demanda social legítima, pero insuficiente si no va acompañada de cambios culturales.

Una conclusión incómoda

El especialista dejó una reflexión que resume el eje de su postura: “Los ciudadanos somos víctimas de lo que reclamamos: leyes estrictas que, cuando nos afectan, no queremos cumplir”.

En tiempos donde el Congreso debate penas más duras, la advertencia es clara: sin responsabilidad individual y sin una transformación cultural en la conducción, ninguna reforma penal será suficiente.