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La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande advierte que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional desfinancia a las entidades empresarias, debilita a las PyMEs y rompe el equilibrio entre trabajadores y empleadores. Reclaman diálogo, federalismo y reglas de juego equitativas.

Río Grande.- El debate en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a encender luces de alerta en el sector comercial y productivo. En el centro de la controversia se encuentra el Artículo 128 del proyecto de ley Ómnibus/Bases, una disposición que apunta directamente a la financiación de las entidades intermedias y que, según advierten desde las cámaras empresarias, pone en riesgo la representatividad institucional del sector privado, en especial de las pequeñas y medianas empresas.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción (CCIP) de Río Grande, su presidente José Luís “Gigi” Iglesias confirmó que la entidad se encuentra en estado de alerta y adherida a la campaña nacional que cuestiona el alcance de esta norma. La preocupación central radica en que el artículo en cuestión prohíbe explícitamente que las cámaras empresariales reciban aportes obligatorios, mientras mantiene —aunque con modificaciones— la figura de la denominada “cuota solidaria” para los sindicatos.

“El artículo 128 del proyecto de ley del Gobierno nacional desfinancia a las instituciones empresarias, debilitando la representatividad del sector productivo”, afirmó Iglesias, al tiempo que advirtió que la medida “desequilibra el vínculo entre trabajadores y empleadores”, generando una asimetría que podría profundizar los conflictos laborales en lugar de resolverlos.

Un cambio estructural con impacto directo en las PyMEs

Las cámaras empresarias cumplen un rol clave en la articulación del entramado productivo, especialmente en economías regionales y ciudades del interior del país, donde las PyMEs encuentran en estas instituciones un espacio de defensa, capacitación, negociación y representación frente al Estado y otros actores sociales.

Desde ese lugar, Iglesias remarcó que el financiamiento de las cámaras no es un privilegio corporativo, sino una herramienta necesaria para garantizar la existencia de instituciones fuertes, capaces de acompañar a los comercios, industrias y servicios en un contexto económico cada vez más complejo.

“El problema no es discutir una modernización del sistema laboral —algo que muchos sectores consideran necesario—, sino hacerlo de manera desequilibrada, debilitando a una de las partes de la relación laboral”, señaló el titular de la CCIP. En ese sentido, sostuvo que quitar recursos a las entidades empresarias mientras se preservan mecanismos de financiamiento sindical genera una desigualdad estructural que termina afectando a los empleadores más pequeños, que no cuentan con espaldas financieras ni asesoramiento propio.

Representatividad, diálogo y federalismo

Otro de los puntos señalados por la CCIP es el impacto que este tipo de medidas tiene sobre el federalismo y la participación de las economías regionales en la discusión de políticas públicas. Las cámaras locales, advierten, son muchas veces la única voz organizada del sector productivo en ciudades alejadas de los grandes centros de decisión.

En ese marco, Iglesias fue contundente: “La modernización laboral se construye con diálogo, representatividad federal y equilibrio de fuerzas”. Para el dirigente mercantil, cualquier reforma de fondo debe surgir del consenso y del reconocimiento del rol que cumplen tanto los trabajadores como los empleadores en la generación de empleo y desarrollo.

Un debate abierto

La discusión sobre el Artículo 128 se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo de relaciones laborales que propone el Gobierno nacional y el rol que deben cumplir las organizaciones intermedias en ese esquema. Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de reducir “costos” y eliminar supuestos privilegios, desde el sector comercial advierten que desfinanciar a las cámaras no fortalece la libertad de mercado, sino que debilita a quienes sostienen la actividad económica cotidiana.

Con este posicionamiento, la CCIP se suma a otras entidades empresarias del país que reclaman revisar el contenido del artículo, abrir instancias de diálogo real y evitar una reforma que, lejos de promover el desarrollo, profundice las desigualdades y fragilice el entramado productivo nacional.

El debate sigue abierto, pero el mensaje del comercio es claro: sin instituciones representativas y equilibradas, no hay modernización laboral posible.