radiouniversidad.com.ar

La finalización del mandato de la síndica titular de Terra Ignis Energía S.A., Ana Constanza Carro, volvió a poner en discusión el esquema de control institucional de la empresa estatal, en un contexto marcado por la reciente aprobación legislativa de un nuevo marco de gestión que implica la absorción de compromisos financieros vinculados a YPF.

Río Grande.- En una nota elevada a la Legislatura provincial, Carro informó que durante los ejercicios 2024 y 2025 no fue posible ejercer el control societario en los términos establecidos por la normativa vigente, una situación que —según dejó asentado— se produjo en un marco de irregularidad institucional.

El planteo adquiere relevancia tras la última sesión legislativa, en la que el Parlamento aprobó el nuevo esquema mediante el cual Terra Ignis asume un déficit estimado en 80 millones de dólares anuales, una carga significativa para una provincia atravesada por un escenario social y económico delicado. La iniciativa no contó con respaldo unánime: Jorge Lechman, Pablo Villegas y Damián Löffler no acompañaron el proyecto, mientras que la mayoría del cuerpo legislativo votó a favor.

La coincidencia temporal entre la votación y la salida de la síndica instala un interrogante central sobre el funcionamiento institucional de la empresa: cómo se garantizará el control y la fiscalización de una sociedad que amplía sus responsabilidades financieras, cuando el propio órgano de control interno deja constancia de que no pudo ejercer sus funciones.

En su presentación, Carro señaló que estas dificultades ya habían sido informadas a la Legislatura, a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Inspección General de Justicia, sin que se produjeran correcciones sustanciales en el funcionamiento societario.

Tras la aprobación del proyecto, la ministra Castillo, quien además integra la conducción de Terra Ignis, fue consultada sobre el impacto financiero del traspaso y el esquema de control previsto. Sin embargo, no brindó precisiones sobre cómo se absorberá el déficit, qué mecanismos de supervisión se implementarán ni cuál será la estructura de fiscalización a partir de ahora.

La ausencia de un síndico en funciones profundiza esas incógnitas. Más allá del debate político, el foco se desplaza hacia una cuestión institucional: quién controlará, auditará y responderá por decisiones que comprometen recursos públicos de magnitud, en una empresa estratégica que acaba de redefinir su rol.

La renuncia de la síndica no cierra el proceso iniciado en la Legislatura. Por el contrario, expone la necesidad de esclarecer el esquema de control que acompañará a un modelo de gestión que ya fue aprobado, pero que aún carece de definiciones clave en materia de fiscalización y transparencia.