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En el marco del debate generado por la modificación del proceso productivo para la fabricación de productos celulares en Tierra del Fuego, la Secretaria de Industria de la provincia, Alejandra Man, precisó que la autoridad de aplicación y la potestad para definir estos cambios recae exclusivamente en el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaria de Gestión Productiva.

Ushuaia.- Alejandra Man, Secretaria de Industria de la provincia, fue contundente al señalar que la provincia “no modifica, aprueba ni autoriza” los procesos productivos. “La autoridad de aplicación es Nación, quien es dueña de los procesos productivos y tiene la potestad absoluta de su modificación”, explicó Man. La medida, que actualiza los requisitos de fabricación, surgió de una propuesta elevada por las propias cámaras empresariales del sector industrial fueguino a la Subsecretaría de Gestión Productiva de la Nación. Asimismo, la funcionaria comentó: “Cabe aclarar que por cuestiones normativas la provincia tiene que expedirse con una opinión técnica no vinculante, pero necesaria para contribuir al analisis de los proyectos propuestos”.

Frente a la versión que se pondrían en riesgo 400 puestos de trabajo, Man manifestó: “Yo, la verdad, ese número no lo tengo, no lo manejo”. Señaló que, “a pedido de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se ha solicitado formalmente a las cámaras empresariales información concreta sobre el posible impacto laboral de esta modificación”.

Respecto a la postura provincial, Man subrayó la complejidad del entramado industrial fueguino, compuesto por empresas de distintos tamaños y modelos de negocio. Mencionó que, mientras algunas empresas podrían verse afectadas en su configuración de líneas, otras ven esta actualización como una herramienta para ser más competitivas frente a dos desafíos concretos: la baja de aranceles de importación prevista para el 15 de enero y el constante problema del contrabando.

“Si no somos competitivos, nos quedamos fuera” afirmó, recordando el antecedente de la fabricación de notebooks, un sector que “se perdió por completo” al no poder competir con los productos importados.

La Secretaria aclaró que el rol de la Secretaría a su cargo se limitó a la elaboración de un “informe técnico” sobre la factibilidad y el cumplimiento normativo y técnico del proyecto de modificación elevado por las cámaras.

“Nosotros manifestamos de manera política nuestra preocupación respecto a los puestos laborales, pero en lo técnico, verificamos la normativa que está vigente y verificamos el cumplimiento respecto a la Ley 19.640 en términos respecto a definiciones conceptuales y normativos sobre porcentajes mínimos de integración y cumplimiento a la transformación sustancial, precisó, desmintiendo así que la provincia haya “avalado” la medida por fuera de un análisis reglamentario.

Sobre la inminente liberación arancelaria, Man reconoció: “La verdad que nos asusta el 15 de enero”, aunque consideró que esta modificación del proceso productivo les da a las empresas una “previsión” para manejar sus planes de producción y estrategias, apuntando a una reducción de costos, compras de insumos y kits para la fabricación que les permita producir y sostenerse.

Finalmente, descartó de plano que la medida esté vinculada a la relación política entre la provincia y la Nación, atribuyéndola a una “mirada de la Subsecretaría de Gestión Productiva” centrada en la “reducción de costos y la eficiencia”. “Seguimos trabajando para sostener el régimen porque realmente sí nos preocupa.  Tal como lo manifestó nuestro Gobernador, Gustavo Melella nos preocupa cada persona, nos preocupa cada puesto laboral. No nos da igual”, concluyó la Secretaria.