El Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias lanzó una dura solicitada contra los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca, los diputados Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, y los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía. Los responsabilizó políticamente por no enfrentar la decisión del Gobierno nacional de prolongar la intervención del Puerto de Ushuaia sin una fecha concreta de finalización. Exigió la rendición de cuentas de los fondos administrados y un cronograma para restituir el control portuario a la provincia.
Ushuaia, jueves 19 de noviembre de 2026.- La decisión del Gobierno nacional de extender la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia desató una nueva controversia política e institucional en Tierra del Fuego. Esta vez, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) dirigió sus cuestionamientos directamente contra los representantes de La Libertad Avanza, a quienes acusó de anteponer su pertenencia partidaria a la defensa de los intereses provinciales.
Mediante una solicitada pública de tres páginas, firmada por su secretaria general, Daniela Almada; la secretaria adjunta, Nancy Ross; y el secretario administrativo, Jorge Bahamondez, la organización sindical denunció lo que considera un nuevo avance del Gobierno de Javier Milei sobre la autonomía y el patrimonio de Tierra del Fuego.
El documento lleva un encabezado especialmente contundente: “El puerto es fueguino. La Libertad Avanza es responsable del robo”, una acusación política formulada por el sindicato que refleja la profundidad del enfrentamiento generado por la continuidad de la intervención.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), mediante la Resolución Nº 69/2026, prorrogara las medidas de intervención dispuestas en enero y condicionara su continuidad al cumplimiento de un plan de obras de infraestructura.
La resolución, publicada este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, no establece una fecha calendario para finalizar la intervención, circunstancia que constituye uno de los principales motivos del rechazo sindical.
Seis legisladores en el centro de los cuestionamientos
La solicitada identifica con nombres y apellidos a los representantes fueguinos de La Libertad Avanza que, según el SUTAP, deben asumir responsabilidades políticas frente a la decisión adoptada por el Gobierno nacional.
Se trata de los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca; los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez; y los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía.
Para la organización gremial, estos dirigentes no pueden permanecer como espectadores de una decisión adoptada por el mismo espacio político al que pertenecen.
El sindicato considera que su responsabilidad es incluso mayor por contar con representación institucional y vínculos políticos con las autoridades nacionales.
“No pueden presentarse como simples espectadores de una decisión adoptada por su propio espacio político. No pueden invocar obediencia partidaria para justificar su falta de una respuesta contundente”, sostiene el documento.
En ese contexto, el SUTAP plantea que quienes recibieron el respaldo electoral de los fueguinos tienen la obligación de defender los intereses provinciales, aun cuando eso implique cuestionar decisiones de su propio Gobierno.
La organización también formula dos preguntas dirigidas a los seis representantes libertarios:
“¿Van a defender a Tierra del Fuego o van a seguir defendiendo las decisiones de Javier Milei? ¿Representan a los fueguinos o actúan como representantes del Gobierno nacional en la provincia?”
Una intervención sin fecha de finalización
Uno de los puntos centrales del conflicto es la Resolución Nº 69/2026, mediante la cual la ANPYN aprobó un Plan de Obras de Infraestructura y prorrogó las medidas de intervención administrativa establecidas originalmente por la Resolución Nº 4/2026.
La nueva disposición vincula la continuidad de la intervención con el cumplimiento del plan de obras, pero no determina una fecha concreta para que la administración portuaria regrese a la provincia.
Esta situación despertó fuertes cuestionamientos del sindicato, que considera que una medida inicialmente presentada como excepcional puede transformarse en un mecanismo de administración nacional de duración incierta.
Según el SUTAP, el Gobierno nacional se reserva la facultad de determinar cuándo considera cumplidas las condiciones necesarias para finalizar la intervención.
La organización advierte que ese esquema coloca a Tierra del Fuego en una situación de incertidumbre institucional respecto de uno de sus principales recursos estratégicos.
Desde la ANPYN, en cambio, la intervención fue fundamentada en la necesidad de corregir deficiencias administrativas y de infraestructura, garantizar la seguridad de las operaciones portuarias y asegurar la continuidad de los servicios.
De esta manera, el conflicto enfrenta dos interpretaciones: la del Gobierno nacional, que sostiene la necesidad de completar las medidas de normalización, y la del sindicato, que denuncia una afectación de la autonomía provincial.
El reclamo por los fondos portuarios
La solicitada también incorpora cuestionamientos sobre el manejo de los recursos económicos generados por la actividad portuaria durante la intervención.
El sindicato menciona controversias relacionadas con la administración de los fondos, reclamos judiciales de acceso a la información pública y denuncias vinculadas con el funcionamiento del establecimiento.
Frente a esta situación, exige una rendición completa de los recursos administrados por las autoridades nacionales y mayor transparencia sobre las decisiones adoptadas.
La organización sostiene que no resulta admisible prolongar la intervención sin establecer simultáneamente mecanismos claros de información y control.
En consecuencia, reclama que los representantes libertarios impulsen las acciones institucionales necesarias para exigir explicaciones sobre el destino de los fondos portuarios y obtener un cronograma cierto de restitución de la administración provincial.
“La lealtad a Javier Milei no puede estar por encima de la lealtad a Tierra del Fuego”
La frase constituye el eje político de la solicitada y sintetiza el cuestionamiento dirigido a los representantes de La Libertad Avanza.
Para el SUTAP, la disciplina partidaria no puede justificar la ausencia de pronunciamientos o iniciativas institucionales frente a una medida que considera perjudicial para la provincia.
El gremio sostiene que la representación popular implica obligaciones que deben prevalecer sobre las conveniencias de cualquier espacio político.
En uno de sus párrafos más contundentes, afirma:
“Tierra del Fuego no necesita representantes que expliquen las decisiones de Buenos Aires. Necesita representantes que defiendan a Tierra del Fuego frente a Buenos Aires”.
La organización advierte, además, que la falta de una defensa efectiva de los intereses provinciales debe tener consecuencias políticas.
El puerto, un recurso estratégico para Tierra del Fuego
Más allá de la controversia partidaria, el conflicto involucra una infraestructura fundamental para el comercio, el turismo internacional, las operaciones logísticas y la actividad antártica.
El Puerto de Ushuaia fue transferido a la provincia mediante un convenio suscripto con el Estado nacional el 25 de septiembre de 1992.
Desde entonces, su administración ha constituido una competencia provincial, aunque su funcionamiento continúa sujeto a las regulaciones nacionales correspondientes a la actividad portuaria.
Precisamente, uno de los aspectos centrales de la controversia es determinar hasta dónde pueden extenderse las facultades de fiscalización y control del Estado nacional y cuáles son los límites impuestos por la autonomía provincial.
La prolongación de la intervención vuelve a colocar esa discusión en el centro de la agenda institucional fueguina.
Un reclamo que exige definiciones políticas
En el tramo final de la solicitada, el SUTAP insiste en que los representantes de La Libertad Avanza deben pronunciarse públicamente contra la prolongación de la intervención, reclamar la rendición de los fondos administrados e impulsar mecanismos institucionales para recuperar el control provincial del puerto.
El documento concluye con una afirmación que resume la posición del sindicato:
“El puerto es de Tierra del Fuego”.
Y agrega que los seis representantes señalados deberán responder políticamente por lo que la organización considera una falta de defensa efectiva de los intereses provinciales.
La nueva resolución nacional y el pronunciamiento sindical abren así otro capítulo de un conflicto que ya ha tenido derivaciones administrativas, judiciales y políticas.
Mientras el Gobierno nacional sostiene la necesidad de completar las obras y medidas de normalización, el SUTAP reclama que la intervención no se transforme en una administración nacional sin un horizonte temporal definido.
La discusión ya no se limita a las condiciones operativas del Puerto de Ushuaia: también alcanza a la autonomía provincial, al control de sus recursos y a las responsabilidades institucionales de quienes representan a Tierra del Fuego.
















