El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, denunció que la deuda por recursos no transferidos por el Gobierno provincial continúa creciendo y alcanzó los $18.000 millones. Advirtió que esta situación compromete el pago del aguinaldo, el premio vacacional y la prestación de servicios esenciales. También anticipó que el Municipio podría recurrir a la Justicia si persisten las demoras en las transferencias de coparticipación.
Río Grande, miércoles 11 de noviembre de 2026.- En el marco del inicio del tratamiento del Presupuesto Municipal 2027 en el Concejo Deliberante de Río Grande, el secretario de Gobierno, Dr. Gastón Díaz, formuló duras críticas al Gobierno provincial por las demoras en el envío de recursos de coparticipación y advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría provocar en las finanzas municipales.
El funcionario sostuvo que la deuda reclamada por la administración del intendente Martín Pérez continúa incrementándose y que, según los cálculos municipales, actualmente alcanza los 18.000 millones de pesos.
“Hace 20 días dijimos que ya eran 17.000 millones, hoy son 18.000”, afirmó Díaz, quien atribuyó la situación a una decisión política del Gobierno encabezado por Gustavo Melella.
En declaraciones a la prensa, el secretario de Gobierno señaló que el problema excede las dificultades económicas y financieras que atraviesa la Provincia, al considerar que existe un tratamiento desigual en la distribución de los fondos entre los municipios fueguinos.
La Provincia enviaría un 25% menos de los recursos correspondientes
Díaz reveló que el Municipio recibió el cronograma de transferencias previsto por el Ministerio de Economía provincial para la semana en curso y que, de acuerdo con esa programación, Río Grande recibiría nuevamente menos recursos de los que considera que le corresponden.
“Observamos que nuevamente va a haber un 25% menos de lo que nos corresponde”, manifestó.
El funcionario cuestionó el destino de los fondos que, según sostuvo, ya fueron percibidos por el Gobierno provincial y deberían haber sido transferidos a la ciudad.
Para Díaz, esta situación demuestra que la Provincia estaría utilizando recursos municipales para atender otras obligaciones financieras.
En ese contexto, remarcó que el Municipio continuará reclamando el cumplimiento de las transferencias y que no descarta recurrir a instancias judiciales.
El aguinaldo y el premio vacacional, en riesgo
Una de las advertencias más preocupantes del secretario de Gobierno estuvo relacionada con las obligaciones salariales de fin de año.
Díaz explicó que el Municipio logró abonar los salarios correspondientes a octubre, aunque reconoció que fue necesario realizar un importante esfuerzo financiero y postergar compromisos con proveedores.
“Nosotros abonamos los sueldos la semana pasada, la verdad que con lo justo”, expresó.
El funcionario sostuvo que la falta de previsibilidad en el ingreso de recursos impide avanzar responsablemente en nuevas negociaciones salariales.
Explicó que, aunque el Presupuesto contemple partidas para recomposiciones salariales, resulta indispensable que el dinero ingrese efectivamente a las cuentas municipales.
“Por más que estemos autorizados presupuestariamente a gastarlo, si no está el dinero, no sería responsable firmar un incremento salarial”, señaló.
En ese sentido, lanzó una advertencia directa sobre los compromisos de diciembre.
“Seriamente está en riesgo el pago de aguinaldo y premio vacacional”, afirmó.
Díaz responsabilizó políticamente al gobernador Gustavo Melella por las consecuencias que, según su interpretación, podrían derivarse de la continuidad de las demoras en las transferencias.
Los servicios esenciales también podrían verse afectados
El secretario de Gobierno explicó que las dificultades financieras no solamente afectan el pago de salarios y proveedores, sino también el sostenimiento de servicios esenciales.
Entre ellos mencionó la potabilización del agua, el transporte público de pasajeros, la recolección de residuos y el funcionamiento del relleno sanitario.
Reveló que durante el mes anterior el Municipio solamente pudo abonar el 50% del servicio de recolección de residuos.
Díaz advirtió que la continuidad de esta situación podría comprometer la calidad de las prestaciones y generar responsabilidades para los funcionarios municipales.
En particular, destacó la importancia de garantizar el funcionamiento de los sistemas de potabilización del agua, por sus consecuencias directas sobre la salud pública.
También señaló que el Municipio debe continuar sosteniendo el subsidio al transporte público para evitar que los usuarios deban afrontar el costo total del servicio.
Según expresó, si persisten las dificultades financieras, podrían verse afectados aspectos fundamentales de la salubridad y el ambiente de la ciudad.
Cartas documento y advertencia de una denuncia penal
Díaz confirmó que el Municipio ya avanzó con medidas administrativas para reclamar los fondos pendientes.
En ese sentido, explicó que la Asesoría Letrada municipal remitió cartas documento al tesorero y al contador general de la Provincia, intimándolos por las transferencias reclamadas y advirtiendo sobre la posibilidad de formular una denuncia penal.
El funcionario aclaró que la elección de los destinatarios responde a las responsabilidades personales que establece la Constitución provincial en materia de administración financiera.
Según precisó, el artículo 168 de la Constitución de Tierra del Fuego contempla responsabilidades específicas para esos funcionarios.
Díaz también respondió a cuestionamientos formulados desde el Gobierno provincial sobre el envío de las intimaciones.
Para el secretario de Gobierno, el procedimiento responde a una obligación institucional y no a una decisión arbitraria.
Una nueva reunión podría definir el camino judicial
El funcionario confirmó que el próximo viernes 13 de noviembre está prevista una nueva reunión entre el ministro de Economía provincial y representantes de los municipios, esta vez en Tolhuin.
Díaz señaló que el resultado del encuentro y el cumplimiento efectivo del cronograma de transferencias serán determinantes para evaluar las próximas medidas.
Si la Provincia mantiene las diferencias en los montos remitidos, el Municipio podría avanzar con una presentación judicial para reclamar los recursos.
El secretario de Gobierno rechazó que esa eventual medida deba interpretarse como una judicialización de las diferencias políticas.
Por el contrario, sostuvo que se trata de defender fondos que pertenecen a los vecinos de Río Grande.
Cuestionamientos por el coeficiente de coparticipación
Otro de los puntos abordados por Díaz fue la controversia sobre el coeficiente utilizado para distribuir recursos entre los municipios de Río Grande y Ushuaia.
Según explicó, durante 2025 el Ministerio de Economía provincial aplicó un coeficiente que, desde la interpretación municipal, favorecía a Ushuaia en perjuicio de Río Grande.
El Municipio presentó un recurso administrativo y posteriormente el gobernador dispuso una corrección que reconocía el planteo riograndense.
Sin embargo, Díaz afirmó que, tras un reclamo formulado desde Ushuaia, el Ejecutivo provincial resolvió suspender la aplicación del nuevo coeficiente.
El funcionario estimó que esa decisión representa aproximadamente 600 millones de pesos que Río Grande considera que debería percibir.
Díaz atribuyó la suspensión a presiones políticas, una interpretación que corresponde a su posición y que forma parte de las diferencias existentes entre las administraciones involucradas.
El FAMP y la búsqueda de financiamiento para obras
Durante sus declaraciones, el secretario de Gobierno también se refirió a las gestiones municipales ante el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
Díaz sostuvo que aproximadamente el 82% de los aportes empresariales que integran ese fondo provienen de compañías radicadas en Río Grande, por lo que consideró necesario que una parte importante de los recursos se traduzca en inversiones para la ciudad.
Entre las obras mencionó los trabajos de infraestructura en Vapor Amadeo, destinados a generar lotes con servicios, y las intervenciones de infraestructura y pavimentación en el parque industrial.
También confirmó que el Municipio presentó un nuevo proyecto para mejorar el acceso sur de Río Grande.
El funcionario aseguró que la gestión municipal continuará buscando financiamiento, independientemente de las diferencias políticas con los gobiernos provincial y nacional.
Díaz vinculó el conflicto con el escenario electoral de 2027
En otro tramo de sus declaraciones, Díaz sostuvo que el conflicto financiero también tendría motivaciones políticas relacionadas con el próximo proceso electoral.
Según su interpretación, existirían sectores interesados en dificultar el cierre de la gestión del intendente Martín Pérez.
El secretario de Gobierno recordó que 2027 será el último año del actual mandato municipal y afirmó que el objetivo de la administración es completar el ciclo de ocho años de gestión de la mejor manera posible.
En ese contexto, insistió en que la prioridad debe ser garantizar los recursos necesarios para sostener los servicios y cumplir con las obligaciones municipales.
Un presupuesto condicionado por los recursos que efectivamente ingresen
Las declaraciones del secretario de Gobierno se produjeron en el inicio del debate del Presupuesto Municipal 2027, una herramienta que deberá contemplar las necesidades de funcionamiento de la ciudad en medio de un escenario económico complejo.
Díaz remarcó que las previsiones presupuestarias no garantizan por sí mismas la disponibilidad efectiva de fondos.
Por esa razón, consideró indispensable resolver las diferencias con el Gobierno provincial para recuperar previsibilidad financiera.
Mientras tanto, el Municipio sostiene que la deuda reclamada continúa aumentando y que las demoras en las transferencias ya tienen consecuencias sobre proveedores, servicios y compromisos salariales.
La reunión prevista para el viernes 13 de noviembre en Tolhuin aparece así como una nueva instancia para intentar alcanzar una solución institucional, antes de que el conflicto pueda trasladarse nuevamente al ámbito judicial.
