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El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, cuestionó al Ejecutivo provincial por una deuda de coparticipación que ya supera los 17.000 millones de pesos y denunció un trato desigual respecto de Ushuaia. Advirtió que las demoras en las transferencias comprometen la asistencia social, los servicios municipales, las negociaciones salariales y la ejecución de obras. También reclamó que la Legislatura retome el tratamiento de la ley de goteo y aseguró que el conflicto no perjudica a una gestión política, sino a los vecinos de la ciudad. 

Río Grande, 21 de octubre de 2026.- El secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, formuló fuertes cuestionamientos al Gobierno de Tierra del Fuego por el crecimiento de la deuda de coparticipación con Río Grande, que actualmente supera los 17.000 millones de pesos, y advirtió que la falta de transferencia de recursos está comprometiendo la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y responder a las necesidades de la población.

Durante una entrevista en el programa Buscando el Equilibrio, por Radio Provincia, el funcionario explicó que la deuda provincial continúa incrementándose pese a las reuniones mantenidas entre las autoridades económicas de ambas administraciones.

“La deuda provincial pasó de 16.000 millones de pesos, cuando el intendente Martín Pérez presentó el presupuesto municipal ante el Concejo Deliberante, a más de 17.000 millones en la actualidad”, señaló.

En ese contexto, Díaz atribuyó las demoras a una decisión política del Ejecutivo fueguino y expresó una de sus principales críticas a la administración encabezada por el gobernador Gustavo Melella.

“La Provincia ahoga financieramente a Río Grande. Existe, desde lo que nosotros estamos observando, la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande”, afirmó.

El secretario de Gobierno precisó que el Municipio estaría recibiendo entre 400 y 500 millones de pesos semanales menos de los recursos que le corresponden, una situación que consideró especialmente preocupante frente al deterioro económico y social que atraviesa el norte de Tierra del Fuego.

Asimismo, aclaró que el reclamo municipal no está relacionado exclusivamente con la disminución de los ingresos nacionales como consecuencia de la caída del consumo, sino con fondos que ya ingresaron a las cuentas provinciales y todavía no fueron distribuidos.

“Nosotros no estamos reclamando sobre lo que el Gobierno no recibió, estamos reclamando que, además de que se mandan menos recursos desde Nación por la caída del consumo, sobre lo que ya recibió la Provincia existen 40, 45 días de atraso”, puntualizó.

La deuda golpea la asistencia social y los servicios municipales

Díaz explicó que las consecuencias de la falta de coparticipación se reflejan directamente en la capacidad de respuesta del Estado municipal frente a las necesidades de los vecinos, particularmente en un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo, la caída de la actividad industrial y las dificultades económicas de numerosas familias.

“La Municipalidad termina siendo el primer resorte de contención de aquella gente que la está pasando mal”, expresó.

En ese sentido, señaló que muchos trabajadores que pierden sus empleos también se quedan sin cobertura de obra social y encuentran mayores dificultades para acceder a prestaciones privadas, por lo que terminan recurriendo al sistema público de salud.

Destacó que los 15 dispositivos de salud municipales cumplen un papel fundamental en la atención de esa demanda creciente y advirtió que la falta de recursos limita las posibilidades de ampliar las prestaciones.

También mencionó que el Municipio debe responder diariamente a solicitudes de subsidios, módulos alimentarios, pasajes y asistencia a comedores, entre otras necesidades sociales.

“Cuando se retacean estos fondos de la Provincia al Municipio, lo que nos impide es poder dar una mayor contención social a los que la están pasando mal”, manifestó.

Para el funcionario, el perjuicio no recae sobre una administración o una figura política determinada, sino sobre los vecinos que necesitan respuestas del Estado.

Denunció un trato desigual con Ushuaia y cuestionó el destino de los recursos

Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue el cuestionamiento al tratamiento financiero que, según Díaz, reciben los distintos municipios fueguinos.

El secretario de Gobierno consideró que existe una diferencia en la relación del Ejecutivo provincial con Río Grande y Ushuaia, y mencionó como ejemplo un convenio por 20.000 millones de pesos provenientes del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), destinados a la capital provincial.

“Yo lo que veo es que de parte del Gobierno existe un trato desigual con Ushuaia y Río Grande”, afirmó.

No obstante, aclaró que el Municipio riograndense no exige necesariamente la cancelación inmediata de la totalidad de los fondos adeudados, sino una reducción concreta de los plazos de atraso.

“No digo que mañana tenga que resolver los 17.000 millones, pero, a ver, por lo menos achicar a 25 días de atraso. Hoy estamos en más de 40 días”, planteó.

Asimismo, recordó que el actual gobernador Gustavo Melella, cuando estaba al frente del Municipio de Río Grande, cuestionaba públicamente demoras similares en las transferencias provinciales.

En esa referencia incluyó al actual titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, Óscar Bahamonde, quien entonces se desempeñaba como secretario de Finanzas municipal.

Díaz sostuvo que aquellos funcionarios consideraban que una demora de 40 días ponía en riesgo el funcionamiento del Municipio, mientras que actualmente, según su interpretación, se mantiene una situación semejante sin resolver el reclamo riograndense.

Responsabilidad de los funcionarios y cumplimiento de la Constitución

El secretario de Gobierno también puso el foco en las obligaciones de quienes administran los recursos públicos y planteó que las demoras deben analizarse desde la responsabilidad institucional de los funcionarios provinciales.

“Tenemos responsabilidades los funcionarios porque somos servidores públicos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que las obligaciones alcanzan tanto a las autoridades municipales como a los ministros y funcionarios provinciales encargados de efectuar las transferencias.

“Hay responsabilidad de los ministros del Gobierno de la Provincia que tienen que apretar el botón para que ese dinero que ya recibieron destinado a Río Grande termine llegando a Río Grande, y eso no está sucediendo”, cuestionó.

Díaz mencionó los artículos 188 y 69 de la Constitución provincial, vinculándolos con la responsabilidad de los funcionarios públicos y el régimen de coparticipación, respectivamente.

“No estamos pidiendo que alguien se aparte de lo que establece la Constitución”, remarcó.

Durante la entrevista también se recordaron antecedentes históricos de conflictos por coparticipación, particularmente los reclamos realizados durante la gestión provincial de Jorge Colazo.

Frente a esas referencias, Díaz insistió en la necesidad de respetar las responsabilidades institucionales y garantizar que los fondos lleguen a sus destinatarios.

La ley de goteo, una discusión que debe volver a la Legislatura

Uno de los principales reclamos políticos e institucionales formulados por Díaz fue la necesidad de reactivar el tratamiento legislativo de la denominada ley de goteo, destinada a establecer un mecanismo de transferencia de fondos a los municipios.

Recordó que la iniciativa fue impulsada originalmente por el legislador Matías Lapadula y posteriormente trabajada con la participación del legislador Juan Carlos Pino, hasta alcanzar su sanción legislativa.

Sin embargo, explicó que cuando debía retomarse su tratamiento, la discusión quedó paralizada luego de que el asunto fuera girado a comisión, en un contexto de fuertes tensiones políticas.

“Me parece que tenemos que volver a discutir en la Legislatura esta ley de goteo, que le va a traer tranquilidad a los municipios”, sostuvo.

Díaz recordó que, durante aquel conflicto, el gobernador había advertido sobre supuestos intentos de desestabilización institucional.

Frente a esa situación, aseguró que desde el Municipio de Río Grande mantuvieron una posición clara de no acompañar acciones que pudieran derivar en una crisis política.

“Nosotros siempre dijimos: no nos vamos a prender en esa, no cuenten con nosotros para generar una crisis institucional”, expresó.

El Municipio presentó un informe al Concejo Deliberante con el detalle de la deuda

Díaz confirmó que el Ejecutivo municipal respondió un pedido de informes del Concejo Deliberante de Río Grande, en el que se solicitaban precisiones sobre la evolución de la deuda provincial.

Explicó que la documentación presentada incluye las intimaciones realizadas al Ministerio de Economía por la falta de transferencia de recursos, además de un detalle mensual de los montos pendientes.

“Ponemos en conocimiento las intimaciones previas que hemos hecho al Ministerio de Economía respecto de la no transferencia de estos fondos de Río Grande”, explicó.

El funcionario señaló que el informe será considerado en la próxima sesión del cuerpo deliberativo y permitirá observar cómo se incrementaron los montos adeudados.

También advirtió que existen atrasos superiores a 60 días en las liquidaciones definitivas de coparticipación.

Sobre este punto, detalló que la Provincia realiza transferencias provisorias y posteriormente determina, mediante decretos, los importes definitivos correspondientes a cada período.

“Hay atrasos de definitivos de más de 60 días”, aseguró, al considerar que se trata de una situación de especial gravedad para las finanzas municipales.

“Diálogo existe, lo que no existen son las transferencias de fondos”

Consultado sobre la relación entre las autoridades municipales y provinciales, Díaz aclaró que los canales de comunicación permanecen abiertos, aunque cuestionó la falta de resultados concretos.

Recordó que hace aproximadamente tres meses se desarrollaron reuniones entre los secretarios de Finanzas municipales y el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, en las que se acordó elaborar un cronograma para reducir los atrasos.

Sin embargo, afirmó que el esquema presentado no permitió achicar la deuda y que, por el contrario, los plazos de demora continuaron aumentando.

“O sea, presentaron un cronograma de transferencia, pero no que achique los días de atraso, incluso han crecido”, señaló.

En ese contexto, reconoció que existen conversaciones entre el intendente Martín Pérez y el gobernador Gustavo Melella, así como entre las autoridades económicas de ambas administraciones.

No obstante, resumió la situación con una definición contundente:

“Diálogo sí existe, diálogo existe de parte del intendente con el gobernador, de nuestra secretaria de Finanzas con el ministro de Economía, lo que no existen son las transferencias de fondos”.

La falta de liquidez también frenó la discusión salarial

El secretario de Gobierno reveló que la demora en los fondos provinciales también está condicionando las negociaciones paritarias con los trabajadores municipales.

Explicó que participó de una reunión con representantes gremiales en la que no pudo avanzar en el tratamiento de mejoras salariales, pese a que el presupuesto contempla esa posibilidad.

Según indicó, existe una diferencia entre contar con previsiones presupuestarias y disponer efectivamente de los recursos para afrontar nuevos compromisos.

“Presupuestariamente uno podría hacerlo, porque el presupuesto lo contempla, pero en términos económicos, es decir, de liquidez, de recursos, no los tenemos”, explicó.

Por ese motivo, aseguró que debió comunicar a las organizaciones sindicales la imposibilidad de abrir una discusión salarial en las actuales condiciones financieras.

“No puedo entrar en un debate o discusión de una mejora salarial absolutamente necesaria para los trabajadores municipales de Río Grande, porque los recursos no están llegando”, manifestó.

Crisis industrial, desempleo y una realidad económica distinta a Ushuaia

Díaz vinculó el reclamo financiero con la situación económica que atraviesa Río Grande, especialmente por la pérdida de empleos industriales, las dificultades en la actividad petrolera y la caída de la actividad comercial.

Consideró que el norte de la provincia enfrenta un escenario particularmente complejo, que requiere mayor acompañamiento de las autoridades provinciales.

En ese sentido, comparó el movimiento económico de Río Grande con el que observó durante una reciente visita a Ushuaia.

“Estuve el fin de semana en Ushuaia, y el movimiento que vi en los comercios, en los restaurantes y demás es totalmente distinto al de Río Grande”, relató.

Aseguró que ese nivel de actividad comercial hace tiempo que no se observa en la ciudad del norte provincial.

También coincidió con apreciaciones formuladas por el exsenador nacional Pablo Blanco respecto del impacto de las políticas económicas nacionales sobre la región.

“El norte de la Provincia está siendo muy, muy afectado por las políticas nacionales y además por la administración provincial que no nos está mirando con la preocupación que creo que se merece el pueblo de Río Grande”, sostuvo.

Rechazó los piquetes y defendió los mecanismos institucionales

Ante las consultas sobre las diferencias entre los reclamos de Río Grande y las manifestaciones realizadas anteriormente en Ushuaia por problemas de coparticipación, Díaz defendió la decisión del Municipio de mantener sus planteos dentro de los canales institucionales.

Aseguró que la responsabilidad de los funcionarios no consiste en promover medidas de presión callejera, sino en utilizar las herramientas administrativas, legislativas y judiciales disponibles.

“La gente no nos vota para que salgamos a hacer piquete, no nos vota para que salgamos a hacer piquetes a la calle y mandar a sus funcionarios a prender tachos, digamos, en reclamo, sino para activar los mecanismos institucionales”, expresó.

En ese marco, consideró que Tierra del Fuego necesita fortalecer el respeto por las instituciones y evitar que el cumplimiento de las obligaciones públicas dependa de la intensidad de los reclamos.

“Tierra del Fuego necesita recuperar esa institucionalidad”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que “la institucionalidad tiene que estar absolutamente por encima de las personas, porque los funcionarios, los electos y los no electos, en algún momento vamos a dejar nuestro lugar”.

“Esto no se trata de Martín Pérez, se trata de los vecinos de Río Grande”

Díaz insistió en que el reclamo no debe interpretarse como un conflicto personal entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente Martín Pérez.

Aunque reiteró su interpretación de que existe una decisión política de perjudicar financieramente al Municipio, sostuvo que las consecuencias exceden cualquier disputa entre dirigentes.

Recordó que Martín Pérez transita la etapa final de su mandato municipal y que los servicios, programas y obligaciones del Estado local deben continuar más allá de quienes ejerzan la conducción política.

“Esto no es algo que se le hace al intendente de la ciudad, porque el intendente de la ciudad el próximo año es el último año que tiene como intendente. Es algo que se le está haciendo a los vecinos de Río Grande”, afirmó.

También se refirió a las diferencias públicas con un funcionario del Municipio de Ushuaia, luego de una publicación en redes sociales.

Díaz evitó profundizar la controversia y señaló que, durante su participación en las actividades por el aniversario de Ushuaia, mantuvo conversaciones cordiales con distintos referentes de esa ciudad.

“Esa cuestión en particular la dejé completamente de lado, me parece que no suma absolutamente nada”, expresó.

“Me parece que hay que seguir sosteniendo el diálogo, independientemente de las personas, porque somos funcionarios públicos, somos servidores públicos”, señaló.

Y agregó que, frente a eventuales provocaciones personales, su respuesta será mantener silencio para evitar que la discusión se aleje de los problemas institucionales.

El Concejo Deliberante y la Legislatura, claves para los próximos pasos

Sobre la continuidad del reclamo, Díaz adelantó que el tratamiento del informe presentado ante el Concejo Deliberante será una instancia importante para determinar las próximas acciones.

Explicó que la documentación permitirá a los concejales conocer los montos adeudados, la evolución de los atrasos y las gestiones administrativas realizadas ante el Gobierno provincial.

A partir de ese análisis, consideró necesario trasladar la información a los legisladores provinciales para impulsar nuevamente la discusión sobre la ley de goteo.

También señaló que el problema financiero no afecta únicamente al Ejecutivo municipal, sino que repercute sobre el funcionamiento de otras instituciones locales.

“Lo que nos pasa a nosotros termina repercutiendo en todas las instituciones, el Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas, porque es un arrastre, digamos, no tener los fondos”, explicó.

El funcionario insistió en que la discusión debe centrarse en garantizar el cumplimiento de las obligaciones provinciales y establecer reglas claras para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

De esta manera, dejó planteados dos objetivos inmediatos: conseguir que el Gobierno provincial reduzca efectivamente los atrasos en las transferencias y lograr que la Legislatura retome el debate sobre un mecanismo automático de distribución de los fondos municipales.

Finalmente, Díaz reiteró que “la Provincia ahoga financieramente a Río Grande” y reclamó que las diferencias políticas no interfieran en la transferencia de los recursos que corresponden al Municipio.