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El subsecretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, contador público Nicolás Giordano, advirtió que el Gobierno provincial mantiene una deuda acumulada de $17.000 millones en concepto de recursos coparticipables. Señaló que los atrasos, que en algunos casos alcanzan los 60 días, afectan la planificación financiera, la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones municipales. El funcionario confirmó que ya se realizaron presentaciones administrativas y anticipó que se avanzará con nuevas acciones institucionales para reclamar los fondos correspondientes a la ciudad.

Río Grande, 21 de octubre de 2026.- El Municipio de Río Grande atraviesa un escenario de dificultades financieras como consecuencia de las demoras en la transferencia de recursos coparticipables por parte del Gobierno de Tierra del Fuego. Según informó el subsecretario de Finanzas, C.P.N. Nicolás Giordano, la deuda provincial acumulada asciende actualmente a $17.000 millones, con partidas que registran atrasos de hasta 60 días.

El funcionario explicó que aproximadamente el 80% de los ingresos municipales proviene de la coparticipación nacional y provincial, por lo que la regularidad de estas transferencias resulta determinante para garantizar el funcionamiento de la administración local.

En ese contexto, sostuvo que la falta de previsibilidad en el ingreso de los fondos repercute directamente en la organización presupuestaria, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado municipal.

“Esta complejidad nos rompe la planificación de todos los servicios que llevamos adelante”, expresó Giordano, al describir las consecuencias que generan los atrasos en la disponibilidad de recursos.

Una deuda que compromete la planificación municipal

El subsecretario precisó que, del total de $17.000 millones reclamados, aproximadamente $5.900 millones corresponden a recursos que presentan demoras de entre 40 y 60 días.

Esta situación, según explicó, genera un desfasaje permanente entre los ingresos presupuestados y los fondos efectivamente disponibles, dificultando la administración de los recursos municipales.

“Si uno planifica en función de estimaciones pero todos los meses sigue generando esa diferencia de deuda y se va estirando en el tiempo, se hace muy difícil. Esa es la situación que estamos viviendo hoy”, afirmó.

Giordano señaló que la problemática no puede interpretarse como una demora administrativa aislada, dado que los atrasos se vienen registrando de manera sostenida y terminan acumulando obligaciones pendientes de transferencia.

En ese sentido, advirtió que la reducción de la liquidez disponible condiciona las posibilidades del Municipio de afrontar compromisos vinculados con el pago de salarios, la contratación de servicios y el cumplimiento de obligaciones con proveedores.

El marco normativo y los plazos de transferencia

Uno de los aspectos señalados por el funcionario está relacionado con las disposiciones que regulan la periodicidad de las transferencias de fondos coparticipables.

Giordano recordó que la Resolución Ministerial 665/09 establece las condiciones de periodicidad para la remisión de recursos nacionales y provinciales a los municipios.

Asimismo, mencionó antecedentes judiciales relacionados con esta cuestión, en los cuales se había considerado un plazo de 21 días como período razonable para concretar las transferencias.

Sin embargo, sostuvo que actualmente existen partidas que superan ampliamente ese período, alcanzando demoras de hasta 60 días.

La diferencia entre los plazos contemplados en esos antecedentes y los tiempos efectivos de transferencia constituye uno de los principales fundamentos del reclamo que lleva adelante la administración municipal.

Presentaciones administrativas y documentación respaldatoria

El subsecretario explicó que el Municipio viene realizando distintas gestiones ante las autoridades provinciales con el objetivo de obtener la regularización de los recursos pendientes.

En ese marco, indicó que ya se efectuaron las presentaciones correspondientes y que la situación fue puesta en conocimiento del Concejo Deliberante de Río Grande.

Además, señaló que el reclamo cuenta con un informe contable elaborado por el Tribunal de Cuentas Municipal, así como con documentación respaldatoria y conciliaciones bancarias que permiten identificar los montos pendientes.

Giordano también hizo referencia a las dificultades que generan los plazos de publicación de los informes definitivos de recaudación provincial, ya que esa información resulta necesaria para efectuar un seguimiento actualizado de los recursos que corresponden a cada municipio.

Según explicó, la disponibilidad oportuna de esos datos permitiría mejorar los mecanismos de control y conciliación de los fondos coparticipables.

Tres años de atrasos y nuevas acciones institucionales

El funcionario sostuvo que la problemática se viene profundizando desde hace varios años y que su continuidad obliga a evaluar nuevas herramientas para reclamar el cumplimiento de las transferencias.

“Este atraso permanente, sistemático, que se viene dando en los últimos tres años, lleva a nosotros a tener una situación mucho más complicada”, manifestó.

En ese sentido, señaló que las conversaciones mantenidas con las autoridades provinciales y las presentaciones administrativas realizadas hasta el momento no han permitido resolver definitivamente la situación.

Por ese motivo, anticipó que el Municipio avanzará con nuevas acciones institucionales destinadas a exigir la regularización de los fondos adeudados, sobre la base de los antecedentes administrativos, contables y normativos reunidos.

El impacto sobre los servicios y los vecinos de Río Grande

Finalmente, Giordano remarcó que las consecuencias de los atrasos no se limitan a las cuentas públicas, sino que también alcanzan al conjunto de las actividades que desarrolla el Municipio.

La falta de disponibilidad de recursos en los plazos previstos dificulta la programación de gastos, el cumplimiento de compromisos con proveedores y la sostenibilidad financiera de los servicios esenciales que se prestan a la comunidad.

En ese marco, insistió en que la coparticipación constituye una fuente fundamental de financiamiento para el Estado municipal y que su transferencia regular resulta indispensable para garantizar previsibilidad en la gestión.

“Este reclamo es en resguardo de los derechos de los vecinos de Río Grande, que son los verdaderos titulares de los recursos que le corresponden a la ciudad”, concluyó el subsecretario de Finanzas.

De esta manera, el Municipio mantiene abierto su reclamo ante el Gobierno provincial por los $17.000 millones pendientes de transferencia, en un escenario en el que la acumulación de atrasos continúa condicionando la administración de los recursos públicos de la ciudad.