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El legislador del MPF planteó reparos jurídicos sobre el régimen de grandes inversiones, defendió la Ley 19.640 como herramienta superior para generar empleo y reclamó que Nación apruebe nuevos procesos productivos. También habló del goteo, los policías territoriales, la falta de rendición de cuentas del Ejecutivo, el radar de Tolhuin y los proyectos sobre enfermería.

Río Grande.- En medio de una agenda legislativa marcada por debates de alto impacto institucional, económico y social, el legislador provincial Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, expresó fuertes reparos frente a una eventual adhesión de Tierra del Fuego al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tal como fue planteado en el marco de la Ley Bases.

En diálogo con “La Mañana de la Tecno” por Radio Universidad 93.5 MHz, Villegas valoró que la Legislatura haya retomado un ritmo intenso de trabajo en comisiones, pero advirtió que algunos proyectos requieren un análisis profundo y no pueden ser tratados con apuro ni bajo presión política.

“Por suerte este año estamos trabajando bien en la Legislatura. Hubo un cambio en la conducción de distintas comisiones y eso habilitó el debate y el tratamiento de proyectos que estaban presentados hace años y que, por malas prácticas políticas, muchas veces se neutralizaban u obturaban”, señaló.

Reparos al RIGI: inversiones sí, pero no a cualquier costo

Villegas aclaró que ningún legislador puede estar en contra de generar herramientas para atraer inversiones y crear empleo, especialmente en un contexto de cierre de fábricas, despidos, caída de contratos y fuerte deterioro del empleo comercial e industrial en Río Grande.

Sin embargo, marcó una diferencia central: “Una adhesión lisa y llana al RIGI, como se plantea, no la comparto. Tiene una serie de implicancias jurídicas e institucionales que no estoy dispuesto a que la provincia pague”.

El punto más sensible, según explicó, es la prórroga de jurisdicción prevista para eventuales conflictos entre empresas adheridas al régimen y el Estado provincial o municipal.

“Si mañana hay un conflicto entre una municipalidad o el Gobierno provincial con una empresa que venga a producir bajo esta ley, no va a intervenir el Poder Judicial provincial. Va a intervenir un tribunal arbitral extranjero, que ni siquiera sabemos cómo está constituido”, cuestionó.

“Lo que ellos llaman garantía, yo lo llamo falta de respeto”

Ante el argumento de sectores que impulsan el RIGI y sostienen que el arbitraje internacional es una garantía para atraer capitales, Villegas fue terminante.

“Lo que ellos llaman garantía, yo lo llamo falta de respeto a la institucionalidad de Tierra del Fuego”, afirmó.

El legislador defendió el rol del Poder Judicial provincial y sostuvo que, más allá de acuerdos o desacuerdos con sus fallos, se trata de una institución que debe ser preservada.

“Nuestro Poder Judicial tendrá aciertos y errores, pero es nuestro Poder Judicial. Lo que tenemos que hacer es mejorar los estándares de gestión de la Justicia, no allanarnos tan fácilmente a un juicio previo contra nuestras instituciones”, remarcó.

La zona gris de la ley y el temor por la 19.640

Villegas también advirtió sobre cláusulas ambiguas del régimen, particularmente aquellas que establecen que cualquier disposición normativa contraria al RIGI podría resultar inoponible o sin eficacia jurídica.

“Es una redacción muy vaga, muy ambigua, que deja mucha tela por cortar y puede ser interpretada de cualquier manera”, alertó.

En ese marco, planteó que la discusión debe darse con extrema prudencia para evitar que el RIGI termine funcionando como una vía paralela que debilite el régimen fueguino.

“Si de forma paralela estamos avalando un régimen distinto a la Ley 19.640, no vaya a ser que eso después termine siendo excusa para que nos limpien la 19.640”, advirtió.

“Tenemos un régimen mucho más beneficioso que el RIGI”

Para el legislador del MPF, Tierra del Fuego no necesita inventar un “RIGI fueguino”, porque ya cuenta con una herramienta de desarrollo productivo más potente: la Ley 19.640.

“Nosotros tenemos un régimen aduanero, económico y productivo especial mucho más beneficioso que el RIGI”, sostuvo.

Por eso, propuso que el esfuerzo político e institucional se concentre en exigir al Gobierno nacional la aprobación de nuevos modelos de desarrollo productivo bajo el subrégimen industrial.

“Hace más de 20 años que no se aprueban nuevos procesos productivos. Si tanta voluntad tiene el Gobierno nacional de generar empleo en Tierra del Fuego, que nos ayude con eso”, reclamó.

Ganancias, coparticipación y efecto fiscal

Villegas agregó otro elemento al debate: el impacto fiscal indirecto de la adhesión al RIGI.

Según explicó, el régimen incluye beneficios vinculados al impuesto a las Ganancias, que es coparticipable.

“Adherir al RIGI significa certificar que empresas del norte del país van a pagar menos impuesto a las Ganancias. Indirectamente, eso implica certificar una reducción de nuestra coparticipación”, planteó.

Por eso, insistió en que se trata de un tema que debe analizarse “con pinzas” y no con una mirada simplificada.

Ley de goteo y administración de recursos

El legislador también se refirió al debate por el goteo de recursos a los municipios, aunque aclaró que no integra la comisión específica donde se trataría el tema.

Señaló que se trata de una discusión compleja, porque involucra la distribución de fondos, el funcionamiento de los municipios y el manejo financiero del Estado provincial.

La ley de goteo aparece en el centro de la disputa política por la administración de los recursos públicos, en un contexto donde los municipios reclaman previsibilidad y cumplimiento en tiempo y forma de las transferencias que les corresponden.

Policías territoriales: “El Estado provincial es el último garante”

Otro de los temas abordados por Villegas fue la situación de los policías territoriales y sus familias, que reclaman el pago completo y oportuno de sus haberes previsionales.

El legislador recordó que desde la Comisión 1 se convocó al jefe de Gabinete y a las autoridades de la Caja de Jubilaciones de la Policía para que expliquen cómo resolverán una problemática que afecta a más de 540 familias.

“Hace meses que no están cobrando la totalidad de su haber previsional. Queremos que vengan a rendir cuentas a la Legislatura y digan cómo van a resolver esta situación en el corto plazo”, sostuvo.

Respecto del fallo del Superior Tribunal de Justicia que rechazó la vía del amparo, Villegas aclaró que esa decisión no implica que los policías no tengan derecho al reclamo.

“El Superior Tribunal dijo que el amparo no era la vía procesal idónea, pero no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. No genera cosa juzgada. Pueden reclamar por la vía ordinaria”, explicó.

De todos modos, expresó su desacuerdo con el fallo mayoritario.

“Yo no comparto esa resolución. Cuando trabajamos la ley de amparo provincial, justamente pensábamos en este tipo de situaciones”, afirmó.

Críticas a la falta de rendición de cuentas

Villegas también cuestionó la ausencia de funcionarios provinciales ante las convocatorias legislativas.

“Esto pone de relieve una falta de voluntad política para rendir cuentas ante la Legislatura, que tiene por función controlar los actos del Ejecutivo”, señaló.

En ese sentido, respaldó la modificación del reglamento interno de la Cámara impulsada por la legisladora Goto para fortalecer la capacidad de la Legislatura de convocar a funcionarios y autoridades de entes autárquicos.

“No deberíamos tener que llegar a estas herramientas. Los funcionarios deberían venir a dar explicaciones cuando se los convoca”, sostuvo.

Radar de Tolhuin: “Todavía no tenemos un ámbito institucional para investigar”

El legislador volvió a mencionar el caso del radar instalado en Tolhuin y cuestionó que, pese a la gravedad institucional del tema, aún no se haya conformado una comisión investigadora.

“Hace más de dos años que vengo reclamando acompañamiento para una comisión investigadora por el radar en Tolhuin”, recordó.

Villegas mencionó además la sentencia del juez González, de Ushuaia, que declaró la nulidad de la inscripción ante la IGJ de la persona jurídica vinculada al caso.

“Todavía no podemos tener un ámbito institucional para investigar por qué nos pasó lo que nos pasó y quiénes actuaron”, lamentó.

Enfermería: formación universitaria y presencia en las escuelas

Finalmente, Villegas destacó el trabajo realizado en la Comisión de Educación sobre dos proyectos impulsados por el Movimiento Popular Fueguino.

El primero busca adherir a la ley nacional de promoción de la enfermería y avanzar hacia la creación de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

“Queremos evitar que los enfermeros que deseen seguir formándose tengan que pagar sumas muy importantes en universidades privadas del norte del país”, explicó.

El segundo proyecto aborda la enfermería escolar, una figura cada vez más necesaria en el marco de los procesos de inclusión dentro de las escuelas.

“Hay enfermeros que trabajan en el ámbito del Ministerio de Educación, particularmente en escuelas, pero no son docentes. Es una situación híbrida que hay que ordenar”, señaló.

Villegas remarcó que defender la educación pública no pasa únicamente por reclamar mejoras salariales, sino también por mejorar las condiciones de trabajo de todos los actores de la comunidad educativa.

En una entrevista extensa, Villegas dejó planteada una posición de fondo: Tierra del Fuego necesita inversiones y empleo, pero no a costa de resignar institucionalidad, jurisdicción ni herramientas históricas como la Ley 19.640. Para el legislador del MPF, el desafío no es adherir rápidamente a un régimen nacional, sino defender un modelo fueguino de desarrollo con reglas claras, control legislativo y mayor responsabilidad del Gobierno nacional.