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La disputa judicial por el emblemático complejo termal enfrenta a la Provincia y al Municipio de Tolhuin con una demanda de Roanmat que supera los 100 millones de dólares quedó firme. Inversiones privadas, desalojos, decisiones estatales y un debate de fondo sobre la propiedad de los recursos naturales configuran uno de los litigios más sensibles de la historia reciente de Tierra del Fuego.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- El conflicto por las Termas del Río Valdez, en cercanías de Tolhuin, atraviesa uno de sus momentos más críticos. La demanda impulsada por la empresa Transportes Roanmat S.R.L., propiedad de la familia Reyes, continúa su curso judicial tras la falta de respuesta en tiempo por parte del Gobierno provincial y del Municipio de Tolhuin, una situación que podría tener consecuencias procesales relevantes al quedar firme el juicio por el reclamo que supera los 100 millones de dólares e incluye daños, perjuicios, lucro cesante y la pérdida de un emprendimiento turístico desarrollado durante más de cuatro décadas. Pero detrás de las cifras, el caso abre un debate más profundo: el límite entre lo público y lo privado, el rol del Estado y la seguridad jurídica en la provincia.

El origen: un proyecto pionero en los años 80

La historia se remonta a comienzos de la década de 1980, cuando Tierra del Fuego aún era territorio nacional. En ese contexto, la familia Reyes impulsó un ambicioso proyecto para transformar una laguna con temperatura —aun no se sabía que eran termales— en la vera del río Valdez para un complejo turístico.

Sin financiamiento estatal, la empresa avanzó con recursos propios en una de las zonas más inhóspitas de la isla. Construyó un camino de acceso de 17 kilómetros —con una inversión superior a los 3 millones de dólares—, levantó puentes, desarrolló infraestructura sanitaria y proyectó instalaciones deportivas y recreativas.

El 26 de junio de 1992 el Estado fueguino tasó el predio de 400 hectáreas de las Termas del Río Valdez para avanzar en la Opción a Compra establecida en la tercera cláusula del contrato.

En 1985, el entonces Gobierno territorial otorgó una concesión sobre 400 hectáreas. Tres años más tarde, en 1988, se firmó un nuevo contrato bajo la figura de comodato por 30 años, que incluía la “opción a compra” del predio. Solo solicitaba que la firma Transportes Roanmat S.R.L. hiciera la mensura y en caso de que no pudiera hacerlo, el Estado fueguino se comprometía a hacerlo. De hecho, la firma privada hizo cuatro mensuras en total con distintos profesionales.

La lógica era clara: el privado invertía y desarrollaba el complejo, recuperando su inversión mediante la explotación turística.

La primera de las cuatro mensuras de las Termas del Río Valdez realizada por la familia Reyes el 7 de abril de 1986.

Inversiones millonarias y desarrollo técnico

Según detalla la empresa, el proyecto avanzó con obras concretas: piletas termales techadas, baños, dependencias y un polideportivo completo con tribunas, alojamiento y pileta reglamentaria.

En 1993, la Secretaría de Minería de la Nación, a través de la Dirección Nacional del Servicio Geológico y su Departamento de Geotermia, avanzó en un Informe de Avance sobre el Estudio de Reconocimiento de Recursos Geotérmicos de Baja Entalpía de la zona centro-sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Sin embargo, ese gimnasio debió ser desmontado tras recomendaciones técnicas derivadas de estudios geológicos.

El ex vicepresidente de CAMPOLTER, Francisco Yeto, confirmó años después en el Diario Provincia 23 (5 de diciembre 2001), el subsidio recibido para la compra del polideportivo construido por la familia Reyes en las Termas del Río Valdez.

La venta posterior del edificio —por apenas el 30% de su valor— implicó una pérdida cercana al 70%. La estructura fue adquirida por la mutual policial CAMPOLTER y reinstalada en Ushuaia con apoyo estatal.

A esto se suma la inversión en estudios científicos. La empresa financió la instalación de un sismógrafo permanente —con un costo cercano a los 120 mil dólares—, luego de haber alquilado previamente equipos móviles para analizar la actividad geológica del área.

Estos estudios, realizados en coordinación con organismos nacionales y provinciales, permitieron determinar características del terreno y de las aguas termales, cuya temperatura oscila entre los 36 y 40 grados.

El punto de quiebre: rescisión, desalojo y conflicto abierto

El conflicto escaló en 2001, cuando el Gobierno provincial rescindió el contrato durante la gestión de Carlos Manfredotti, argumentando incumplimientos contractuales, entre ellos la falta de mensura.

El 30 de mayo de 2001, basándose falazmente en que la empresa Transportes Roanmat S.R.L. no realizó la mensura —pese a que el contrato establecía que en caso de no hacerlo el Estado fueguino debería haberlo hecho —, el gobierno de Carlos Manfredotti decretó sin más el desalojo. Vale aclarar que la firma privada llevó a cabo dos mensuras antes de dicho desalojo.

La empresa sostiene lo contrario: asegura haber realizado múltiples mensuras —al menos cuatro como se dijo más arriba— y que el propio contrato establecía que, en caso de incumplimiento, el Estado debía asumir esa obligación.

En 2002 se concretó el desalojo. Maquinaria pesada, equipamiento y materiales fueron retirados del predio y trasladados a dependencias estatales, sin que —según la firma— hayan sido restituidos hasta la actualidad.

En 2006, durante la gestión de Hugo Cóccaro, se intentó recomponer la situación mediante un nuevo acuerdo que devolvía la concesión, con la condición de desistir de acciones judiciales. Sin embargo, la relación nunca se normalizó y el proyecto quedó en un limbo operativo y legal.

El 17 de agosto de 2006, el entonces gobernador de Tierra del Fuego, Hugo Omar Cóccaro, dejó sin efecto el Decreto 929/2001 del antecesor gobierno de Carlos Manfredotti, restituyendo a través Decreto 3274/2006 el status quo a 1988 sobre el comodato de las termas a Roanmat con “Opción a Compra”.

Tolhuin y un nuevo capítulo en la disputa

El conflicto sumó un actor clave en 2017, con la ampliación del ejido urbano de Tolhuin. A partir de entonces, el Municipio comenzó a sostener que las termas debían ser gestionadas como un recurso natural de dominio público.

La discusión dejó de ser exclusivamente contractual para transformarse en un debate estructural: propiedad privada versus dominio público.

El segundo desalojo y el fallo del Superior Tribunal

En octubre de 2024, el Superior Tribunal de Justicia ordenó un nuevo desalojo de la empresa, en un fallo que dispuso la restitución del predio en un plazo de cinco días.

La resolución se basó en la Ley 17.091, que habilita al Estado a recuperar inmuebles concesionados mediante un procedimiento expeditivo.

Para la empresa, este punto es central en la disputa. Su abogado, Miguel Ángel Febre, sostiene que esa normativa solo aplica a bienes de dominio público, mientras que las tierras concesionadas para explotación económica serían bienes privados del Estado.

Esa distinción —clave en términos jurídicos— define si correspondía un desalojo administrativo o un proceso judicial ordinario con mayores garantías y teniendo al Estado como una parte más en el litigio.

El núcleo del conflicto: público vs. privado

Este eje conceptual atraviesa toda la causa. Según la interpretación de la empresa, el Estado actuó como si todo el predio y las mejoras formaran parte del dominio público, cuando muchas de las inversiones —infraestructura, estudios y desarrollos— eran bienes privados incorporados legítimamente al patrimonio del concesionario.

La diferencia no es menor: determina si el Estado podía disponer libremente del predio o si debía reconocer derechos adquiridos e indemnizar.

Infraestructura destruida y un proyecto frustrado

Transportes Roanmat S.R.L. sostiene que gran parte de las instalaciones construidas fueron desmanteladas, robadas o abandonadas tras los desalojos.

Piletas, baños, dependencias y otras estructuras quedaron deterioradas o desaparecieron —incluido el enorme techado de la pileta—, lo que, según la empresa, agrava el perjuicio económico.

A esto se suma la imposibilidad de habilitar formalmente el complejo durante más de 40 años, producto —según denuncian— de trabas administrativas, exigencias cambiantes y decisiones contradictorias.

Uso social y función comunitaria

Las imágenes de arriba atestiguan la infraestructura construida por Roanmat, pese a que nunca la habilitaron para funcionar, dispuso el uso gratuito de las Termas del Río Valdez a distintas instituciones públicas, incluso dispuso un colectivo para los tolhuinenses. Sin embargo, el Municipio de Tolhuin utiliza con fines lucrativos lo que quedó de las instalaciones que con gran esfuerzo y recursos económicos la familia Reyes dispuso para su malogrado proyecto.

Pese a los conflictos, la empresa asegura que el predio fue utilizado con fines sociales durante todos esos años. Se habrían cedido instalaciones de manera gratuita a instituciones, entre otras, como la Municipalidad de Río Grande y el PAMI para actividades recreativas.

Incluso se adquirió un colectivo para el traslado de contingentes, lo que refuerza la idea de un proyecto con impacto comunitario, más allá de su finalidad turística.

La Corte Suprema y el futuro del litigio

En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el recurso presentado por la empresa, lo que mantiene el conflicto abierto en el máximo tribunal.

Mientras tanto, el predio se encuentra en uso bajo administración estatal, generando una superposición compleja entre explotación actual y litigio pendiente.

Una demanda que puede marcar un antes y un después

El reclamo judicial incluye el valor del complejo, la infraestructura, las maquinarias, el lucro cesante y el daño moral. Su magnitud lo convierte en uno de los litigios más importantes para las finanzas públicas fueguinas.

La falta de respuesta inicial de la Provincia y el Municipio de Tolhuin agrega un elemento adicional que podría incidir en el desarrollo del proceso.

Las notificaciones de Roanmat a la Provincia y al Municipio de Tolhuin no fueron contestadas, porque lo que quedo firme la demanda por el reclamo que supera los 100 millones de dólares e incluye daños, perjuicios, lucro cesante y la pérdida de un emprendimiento turístico desarrollado durante más de cuatro décadas.

Más que un juicio: un caso testigo

El caso de las Termas del Río Valdez excede lo judicial. Interpela al Estado, a la Justicia y a la dirigencia política.

Plantea preguntas de fondo sobre cómo se administran los recursos naturales, cómo se protege la inversión privada y cuáles son los límites del poder estatal.

Pese a los dos desalojos, el Gobierno de la Provincia nunca dejó de cobrarle a la empresa Transportes Roanmat S.R.L. los impuestos, reconociendo de este modo el status quo a 1988 sobre el comodato de las termas a Roanmat con “Opción a Compra”.

Después de más de cuatro décadas, la historia sigue abierta. Y su desenlace podría sentar un precedente clave no solo para Tierra del Fuego, sino para la relación entre el Estado y el desarrollo productivo en todo el país.