Una mirada crítica sobre la gestión provincial plantea que el problema no es financiero sino político, y propone un acuerdo estructural para reactivar la producción, el empleo y el mercado interno en Tierra del Fuego. El Movimiento Nacional de Trabajadores Jubilados Fueguinos hace un llamado a ordenar la economía fueguina en medio de la crisis y reactivar el Consejo Económico y Social. “La falta de trabajo es el fracaso de la política”, observó Gerónimo Ruiz.
Río Grande.- En un contexto de creciente deterioro social y económico, distintos sectores comienzan a poner el foco en lo que consideran el núcleo del problema fueguino: la falta de planificación y conducción política de la economía provincial. Bajo esa premisa, desde el Movimiento Nacional de Trabajadores Jubilados Fueguinos surge con fuerza la propuesta de conformar un Consejo Económico y Social que permita ordenar prioridades, recuperar el rumbo productivo y dar respuestas estructurales a la crisis.
Desorden institucional y falta de conducción económica
Uno de los ejes más críticos apunta al funcionamiento del propio Estado provincial. Se advierte una estructura sobredimensionada, con cargos jerárquicos que no cumplen funciones acordes a su responsabilidad, y áreas clave —como Economía o Comercio— que, lejos de conducir políticas activas, aparecen desarticuladas frente a los desafíos actuales.
En ese marco, se cuestiona la narrativa oficial que atribuye la caída del consumo exclusivamente al contexto nacional. Si bien se reconoce el impacto de las políticas del presidente Javier Milei en el escenario macroeconómico, se sostiene que en Tierra del Fuego la situación responde principalmente a decisiones —o a la falta de ellas— del Gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella.
Ley 19.640: beneficios que no se traducen en bienestar
La crítica adquiere mayor profundidad al considerar el régimen de promoción económica establecido por la Ley 19.640. Este esquema otorga beneficios fiscales y aduaneros únicos en el país, pensados para fomentar el arraigo, la producción y el desarrollo regional.
Sin embargo, el diagnóstico es contundente: esos beneficios no están generando el impacto esperado en términos de empleo, consumo y calidad de vida. Por el contrario, se observa un deterioro progresivo de los ingresos reales y un aumento de la pobreza estructural.
La pobreza como síntoma de un fracaso político
“El problema no es la falta de recursos, sino la falta de conducción”, sintetizó el ex Secretario General de ASOEM e integrante de este movimiento, Gerónimo Ruiz. Bajo esta mirada, la pobreza no es consecuencia exclusiva de restricciones financieras, sino del fracaso en diseñar e implementar políticas que promuevan producción, trabajo genuino y distribución equitativa.
Se cuestiona, además, la recurrencia a mecanismos de financiamiento —como endeudamiento o asistencia periódica— que, lejos de resolver el problema de fondo, profundizan la fragilidad económica provincial.
Trabajo, producción y justicia social como ejes de reconstrucción
Frente a este escenario, la propuesta apunta a recuperar una agenda centrada en el trabajo y la producción. Se advierte sobre la consolidación de ingresos que, en muchos casos, quedan por debajo de niveles dignos y se asemejan a esquemas asistenciales, lo que genera un círculo de dependencia y precarización.
La ausencia de un modelo productivo sólido deriva, según este análisis, en mayor gasto público, déficit fiscal y expansión de programas de empleo transitorio, sin lograr revertir las causas estructurales de la pobreza.
Un acuerdo provincial para reordenar la economía
En este contexto, cobra centralidad la propuesta de constituir un Consejo Económico y Social como ámbito institucional de diálogo y planificación estratégica. La iniciativa plantea reunir a actores políticos, empresariales, sindicales y sociales para consensuar un programa económico integral.
Entre los puntos clave, se propone revisar y fortalecer la Ley Provincial 844, con el objetivo de garantizar el acceso a bienes esenciales y regular precios en el marco del régimen promocional vigente.
Asimismo, se plantea la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de los beneficios establecidos por la Ley 19.640, de modo que estos impacten directamente en el bienestar de la población y no queden diluidos en distorsiones del sistema.
Una provincia rica con una población empobrecida
La paradoja fueguina aparece como uno de los puntos más sensibles del debate: una provincia con abundantes recursos naturales, capacidades humanas y un régimen económico privilegiado, pero con indicadores sociales en retroceso.
El diagnóstico final es claro: sin planificación, sin previsibilidad y sin un proyecto de desarrollo, la crisis no solo se profundiza en el presente, sino que compromete el futuro de las próximas generaciones.


















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