La Provincia sostiene el subsidio al gas envasado y cubre casi el 90% del costo frente al retiro de Nación

El viceministro de Economía, Juan Pablo Ruiz Rullier, confirmó que el Gobierno fueguino mantiene su fuerte intervención en el precio del GLP pese a la desregulación nacional. Se implementó una nueva segmentación por ingresos y territorio para garantizar equidad y sostener el sistema.

Ushuaia.- En un escenario marcado por la retracción del Estado nacional en materia de subsidios energéticos, el Gobierno de Tierra del Fuego decidió sostener y reforzar su política de acompañamiento al gas licuado de petróleo (GLP), un insumo clave para miles de hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

El viceministro de Economía, Juan Pablo Ruiz Rullier, confirmó que la provincia continúa absorbiendo la mayor parte del costo del gas envasado, con una cobertura que supera el 88% del valor final del producto, en un contexto donde Nación redujo significativamente su participación.

Un cambio de escenario: menos Nación, más Provincia

La decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación del mercado del GLP, a través de modificaciones implementadas en 2025, alteró el esquema histórico de subsidios.

“Lo más importante es aquella persona que tenía la garrafa, el tubo de gas. Sabiendo que la decisión venía de parte del gobierno nacional, esto podría haber tenido también la misma decisión por el gobierno de la provincia. Sin embargo, el gobierno mantiene el subsidio”, remarcó Ruiz Rullier.

Actualmente, el aporte nacional representa apenas entre el 8% y el 9% del costo del kilo de gas, mientras que la provincia cubre cerca del 88% al 89%, quedando el resto a cargo del usuario.

Nuevos valores y esfuerzo fiscal

De acuerdo a los datos oficiales, el precio del kilo de GLP en marzo ronda los 2.362 pesos. De ese total, la Nación aporta aproximadamente 199 pesos, mientras que la provincia subvenciona alrededor de 2.083 pesos.

Esto implica que el usuario final paga entre 80 y 120 pesos por kilo, dependiendo del esquema de segmentación vigente.

“El 88% del subsidio lo da el gobierno de la provincia”, reiteró el funcionario, destacando el esfuerzo fiscal que implica sostener este esquema en un contexto de restricciones presupuestarias.

Segmentación para garantizar equidad

Lejos de eliminar el subsidio, la Provincia avanzó en un proceso de ordenamiento del sistema, con el objetivo de mejorar la eficiencia y asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.

La nueva segmentación se basa en dos ejes principales:

* Nivel de ingresos de los hogares.

* Zonificación territorial.

En este último punto, se introdujeron criterios vinculados a las características urbanas, topográficas y, especialmente, al acceso o no a la red de gas natural en cada localidad.

“El ordenamiento no implica eliminar el subsidio, sino priorizar a quienes dependen del GLP”, explicó Ruiz Rullier.

Foco en Río Grande y equilibrio provincial

La política también contempla un enfoque territorial diferenciado, con especial atención en la ciudad de Río Grande, donde el impacto social del costo energético se ve agravado por la situación del empleo.

No obstante, el esquema alcanza a toda la provincia, incluyendo Ushuaia y Tolhuin, con el objetivo de sostener un equilibrio en la distribución de los recursos.

Sostenibilidad y transición energética

El rediseño del sistema de subsidios también busca compatibilizar dos objetivos: sostener la asistencia social y promover una transición progresiva hacia el gas natural en aquellas zonas donde la infraestructura lo permite.

En ese sentido, el Ministerio de Economía apunta a optimizar el uso de recursos públicos, evitando distorsiones y fortaleciendo la sostenibilidad fiscal del esquema.

Un mensaje de tranquilidad

Finalmente, el viceministro llevó tranquilidad a los usuarios ante la incertidumbre generada por la política nacional, al ratificar que el compromiso provincial se mantiene firme.

“La provincia sigue acompañando el subsidio”, insistió, dejando en claro que, al menos en el corto plazo, el esquema de asistencia continuará vigente como una herramienta central para garantizar el acceso a la energía en Tierra del Fuego.

La decisión, en definitiva, reafirma el rol activo del Estado provincial en un contexto de retracción nacional, con una política que combina contención social, criterio territorial y administración de recursos en un escenario económico complejo.