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En una sesión de alto voltaje, la legisladora de Natalia Gracianía cuestionó con dureza la gestión provincial sobre el puerto de Ushuaia, reclamó más herramientas de control para la Legislatura y puso en agenda la crisis de la caja policial y la situación de OSEF. También anticipó que el RIGI podría tratarse en la próxima sesión.

Ushuaia.- La primera sesión ordinaria de la Legislatura fueguina dejó en evidencia un cambio en la dinámica parlamentaria. Con cruces intensos, reposicionamientos y acuerdos transversales, el recinto expuso una nueva correlación de fuerzas que, según Gracianía, apunta a “darle mayor agilidad y eficacia al trabajo legislativo”.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza reconoció que hubo “nuevos consensos” entre los distintos espacios para ordenar el trabajo en comisiones y acelerar el tratamiento de proyectos clave, entre ellos el paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo.

Sin embargo, el tono de la sesión estuvo lejos de la armonía: debates sobre el puerto, Terra Ignis, OSEF y la caja policial marcaron una jornada atravesada por tensiones políticas y posiciones bien definidas.

El puerto de Ushuaia: defensa de la intervención y críticas al Gobierno

Uno de los ejes centrales fue la intervención del puerto de Ushuaia, donde Gracianía se posicionó como la única voz disidente frente a las críticas mayoritarias.

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Hay teorías conspirativas que son disparatadas”, afirmó, al tiempo que defendió la decisión de la autoridad portuaria nacional.

Para la legisladora, la intervención es consecuencia directa de la gestión provincial:

• Denunció falta de inversión en infraestructura.
• Señaló deficiencias en seguridad y mantenimiento.
• Apuntó al uso indebido de fondos portuarios.

En ese sentido, fue categórica: “Solo el 1,3% de los fondos del puerto se destinaban a obras, mientras que cerca del 30% se utilizaba para otros fines”.

Gracianía sostuvo que la medida busca “reordenar el puerto, transparentar las cuentas y garantizar las inversiones necesarias”, y advirtió que la alternativa era aún más grave: el cierre de la terminal.

Además, cuestionó con dureza al Ejecutivo por haber impulsado en paralelo un proyecto para crear una sociedad anónima de gestión portuaria:

“Es un contrasentido absoluto. No entendemos cómo se plantea transformar el puerto en una sociedad cuando está intervenido por falta de control”.

El proyecto, finalmente, fue enviado a archivo por decisión de la Legislatura.

Más poder de control: el reclamo por las interpelaciones

Otro punto fuerte del discurso de Gracianía fue la necesidad de ampliar las herramientas de control del Parlamento.

Actualmente, la Legislatura solo puede interpelar a ministros y secretarios. La legisladora respaldó la iniciativa para extender esa facultad a entes autárquicos y descentralizados.

“Nos quedamos sin herramientas. Necesitamos poder interpelar a quienes tienen responsabilidad directa en temas críticos”.

Adelantó que, de aprobarse esa ampliación, impulsará la interpelación de autoridades de la caja policial, uno de los conflictos más sensibles.

Crisis previsional: 540 familias sin cobrar

La situación de la caja policial fue planteada como una urgencia social.

Gracianía denunció que 540 retirados llevan diez meses sin percibir sus haberes, y cuestionó la falta de respuestas oficiales.

“No sabemos cuál es el plan de sostenibilidad ni cómo se va a afrontar la deuda acumulada”.

Recordó además que las autoridades fueron citadas en dos oportunidades a la Comisión de Seguridad y Justicia —que ella preside— y no asistieron, lo que profundizó el reclamo político.

OSEF bajo la lupa: sospechas sobre fondos sensibles

En la misma línea de control institucional, la Legislatura aprobó un pedido de informes a OSEF con plazo perentorio de 72 horas.

El requerimiento apunta a esclarecer el presunto uso de fondos destinados a enfermedades catastróficas para cubrir gastos corrientes.

“Queremos saber si esos fondos fueron restituidos y cómo se manejaron”, enfatizó.

RIGI: expectativa por su aprobación

En materia económica, Gracianía puso el foco en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), iniciativa que su bloque impulsa en la provincia.

Si bien aclaró que el Ejecutivo no presentó un proyecto propio, interpretó que el Gobierno acompañaría la propuesta ya ingresada.

“Vamos a trabajar para que se trate en la próxima sesión. Tierra del Fuego necesita atraer inversiones y generar empleo genuino”.

La legisladora remarcó que el régimen podría ampliar la matriz productiva y posicionar a la provincia en la competencia por inversiones a nivel nacional.

Un año legislativo con agenda cargada

De cara a lo que viene, Gracianía anticipó un calendario intenso, con comisiones distribuidas entre Ushuaia y Río Grande para facilitar la participación ciudadana.

“El objetivo es escuchar a todos los sectores y dar respuesta a los temas que están pendientes”, señaló.

La primera sesión dejó un mensaje claro: el año legislativo arrancó con tensión política, agenda cargada y un oficialismo provincial bajo fuerte presión en temas clave.