La Legislatura se planta: Puerto, Terra Ignis y control político en una sesión que expuso la nueva correlación de fuerzas

Encabezada por la vicegobernadora Mónica Urquiza, la primera sesión del año en la Legislatura fueguina dejó mucho más que definiciones administrativas. Con fuertes cruces por la intervención del puerto de Ushuaia, cuestionamientos a la gestión estatal y decisiones concretas sobre Terra Ignis —incluyendo remociones y falta de acuerdos a propuestas del Ejecutivo—, el Parlamento mostró un perfil más activo y confrontativo. El paquete de leyes que envió el gobernador Gustavo Melella será tratado en la próxima sesión del 30 de abril, incluida la adhesión al RIGI, si es que avanza en las comisiones. También se pidió informes sobre la designación de Maximiliano D’Alessio como representante de la provincia ante YPF.

Ushuaia (Ramón Taborda Strusiat).- Un inicio de sesiones con tono político elevado es el que se apreció en el parlamento provincial el pasado viernes, en una jornada maratónica con más de 80 asuntos, tratamiento sobre tablas y un fuerte pedido de mayor gravitación de la Legislatura en los pedidos de informes y en la potestad de interpelar a funcionarios, tanto del gabinete como de los entes descentralizados.

De este modo, lejos de la formalidad habitual de las primeras sesiones ordinarias, la Legislatura de Tierra del Fuego abrió su año parlamentario con un debate cargado de contenido político, institucional y simbólico. Bajo la conducción de la vicegobernadora Mónica Urquiza, el recinto se convirtió en escenario de una discusión más amplia: el rol del Estado, los límites del poder Ejecutivo y la relación con el Gobierno nacional.

La extensión de la sesión, la intensidad de las intervenciones y el volumen de temas tratados marcaron un punto de inflexión. No se trató simplemente de inaugurar el calendario legislativo ordinario, sino de establecer posiciones frente a un contexto político complejo y en transformación.

Los 15 legisladores presentes

La sesión fue presidida por la vicegobernadora Mónica Urquiza y sesionaron los 15 legisladores. Por FORJA Federico Jorge Greve, Federico Sciurano y Myriam Noemí Martínez; por el Partido Justicialista Juan Carlos Pino, Virgilio Tomás García y Victoria Vuoto; por Somos Fueguinos Raúl Von Der Thusen y Jorge Andrés Lechman; por La Libertad Avanza Natalia Graciania y Luciano Selzer; por el Movimiento Popular Fueguino (MOPOF) Pablo Gustavo Villegas y Damián Löffler; por el Partido Verde María Laura Colazo; representando a Provincia Grande Matías Lapadula y del Bloque Sumemos Tolhuin Gisela Dos Santos.

La memoria como punto de partida y de división

El debate comenzó con un eje que, aunque recurrente, volvió a dividir posiciones: el aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

La legisladora Victoria Vuoto (Partido Justicialista) encabezó una intervención que combinó memoria histórica con lectura política contemporánea. “No se trata sólo de recordar, sino de entender que hay discursos que hoy intentan relativizar lo que ocurrió”, expresó, en una alocución que buscó reafirmar el consenso en torno a las políticas de derechos humanos.

En la misma línea, Matías Lapadula (Provincia Grande) sostuvo que “el golpe no fue un hecho aislado, sino un plan sistemático que marcó la historia del país y cuyas consecuencias siguen vigentes”.

Sin embargo, la votación nominal evidenció que el consenso no es absoluto. Las diferencias expuestas en este punto anticiparon lo que sería el tono del resto de la jornada.

A 75 años de la tragedia de Aerolíneas en Río Grande

La Legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) mocionó para apartarse del reglamento para ingresar un proyecto de declaración “donde proponemos adherir a la conmemoración del 75 aniversario de la primera tragedia aérea ocurrida en la ciudad de Río Grande, que es un reconocimiento por el que están trabajando hace muchos años antiguos pobladores de Río Grande, entre ellos el señor Adrián Goodall; me parece importante que como Legislatura podamos adherir esta conmemoración y apoyar esta visibilización de la memoria histórica de nuestra ciudad de Río Grande acompañando a los activos pobladores”.

La parlamentaria fundamentó que el 26 de marzo de 1951, hecho que constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia local.

En aquella jornada, el avión Douglas DC-3 denominado “Yagán”, perteneciente a Aerolíneas Argentinas, que cubría la ruta Ushuaia–Río Grande–norte del país, se precipitó a tierra al intentar aterrizar en la pista del entonces aeródromo del CAP, por causas que nunca pudieron ser completamente esclarecidas. Como consecuencia del siniestro, perdieron la vida once personas, entre ellas los tres integrantes de la tripulación —el comandante Miguel Yorio, el copiloto Pablo Abella y el radiotelegrafista Jorge Pizarro— y ocho pasajeros, dejando una profunda huella en la comunidad riograndense.

El puerto de Ushuaia, eje de la disputa de fondo

El debate por la intervención del puerto de Ushuaia concentró el momento más intenso de la sesión y dejó al descubierto dos miradas contrapuestas sobre el rol del Estado y el alcance del federalismo.

En ese contexto, la legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) tomó un rol protagónico con una intervención extensa, técnica y políticamente incisiva. Lejos de una defensa genérica, construyó su argumentación sobre la base de inspecciones, informes y observaciones concretas.

“Lo que encontramos no es una situación normal. Hay deterioro, falta de mantenimiento, ausencia de controles y muchas preguntas sin respuesta sobre el uso de los recursos”, afirmó.

Para Gracianía, la intervención nacional no representa una pérdida de soberanía, sino una herramienta para recuperar un activo estratégico. “El puerto no se está entregando, se está intentando ordenar”, sostuvo, y agregó que los recursos generados continuarán dentro del propio sistema portuario.

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue cuando planteó la posibilidad de que el deterioro de la infraestructura no haya sido únicamente producto de la desidia. “Es legítimo preguntarse si no se dejó caer el puerto para justificar otro modelo de gestión”, deslizó, generando reacciones inmediatas en el recinto.

Desde el oficialismo, el legislador Federico Greve rechazó con firmeza esa postura y calificó la intervención como “una medida arbitraria que avanza sobre la autonomía provincial”. En su exposición, el presidente de FORJA provincial sostuvo que “no se puede permitir que el Gobierno nacional intervenga un recurso estratégico sin respetar las instituciones locales”.

Por su parte, Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) introdujo un enfoque jurídico, al advertir que “la existencia de problemas en la gestión no habilita a vulnerar el orden constitucional”. En esa línea, planteó que cualquier corrección debía darse dentro del marco institucional vigente.

El legislador Federico Sciurano (FORJA) amplió la mirada al señalar que “lo que está en discusión no es sólo el puerto, sino el precedente que se genera para el manejo de los recursos provinciales”.

El cruce dejó en evidencia que el conflicto excede lo técnico y se inscribe en una disputa más profunda sobre poder, control y federalismo.

El Legislador Damián ‘Loli’ Löffler pidió apartarse del reglamento para que “el proyecto de ley creando la sociedad portuaria de la provincia, sea remitido a archivo”.

La moción quedó aprobada por 8 votos.

Reclamos sociales y presión política

La sesión también dio lugar a temas de fuerte impacto social. Gracianía volvió a intervenir para referirse a la situación de los policías retirados del ex Territorio, denunciando demoras en el pago de haberes.

“Hay 540 familias que no tienen respuestas. No es un problema administrativo menor, es una cuestión que afecta directamente la vida de las personas”, expresó, y reclamó la presencia de funcionarios para dar explicaciones.

El planteo se inscribió en una estrategia más amplia de la Legislatura de avanzar en mecanismos de control más efectivos sobre el Ejecutivo.

OSEF y el manejo de fondos bajo la lupa

Otro de los ejes sensibles fue la situación de la obra social estatal. A partir de observaciones sobre el uso de fondos destinados a enfermedades catastróficas, se impulsó un pedido de informes que encendió alertas dentro del sistema.

Gracianía fue nuevamente una de las voces más firmes: “Si se desviaron recursos específicos, estamos ante una situación grave que requiere una investigación inmediata”.

El tema dejó planteado un nuevo frente de tensión, con potencial impacto político e institucional.

Terra Ignis: remociones, rechazos y reconfiguración del poder

Uno de los momentos más significativos de la jornada se dio en torno a la empresa estatal Terra Ignis, donde la Legislatura avanzó en la remoción de Claudio Carreras, Fernando Gliubich, Lautaro Sainman, Nancy Andrea Graña y a la síndico titular, Ana Constanza Carro, designados por la Cámara.

La moción fue propuesta por el mopofista Damián ‘Loli’ Lóffler, quien pidió apartarse del reglamento.

Acto seguido, el Parlamento aprobó una nueva conformación para la conducción de la empresa, designando como director titular al licenciado Mauro Pérez Toscani; al ingeniero civil Víctor Sálgues, mientras que Mariano Alfredo Rafael López y Juan Venegas fueron nombrados como directores suplentes. En tanto, la sindicatura quedó a cargo del abogado José María Bustos López, todo ello por 10 votos contra 5.

La votación nominal reflejó divisiones dentro del cuerpo legislativo, aunque finalmente la iniciativa fue aprobada por mayoría, consolidando una señal política clara: la Legislatura no sólo revisa decisiones previas, sino que también interviene activamente en la redefinición de los cuadros de conducción de las empresas públicas provinciales.

La decisión no sólo implicó un cambio de nombres, sino que evidenció una disputa de fondo sobre el control de las empresas públicas y la capacidad del Ejecutivo para definir su conducción.

El proceso de designación de nuevas autoridades —que se definió en ese mismo contexto— quedó atravesado por esa tensión. Más allá de los nombres, el mensaje fue inequívoco: la Legislatura no está dispuesta a convalidar automáticamente las decisiones del Ejecutivo.

El caso YPF: un rechazo de Lechman que marca posición

El legislador Jorge Lechman pidió apartarse del Reglamento Interno para incorporar un proyecto de resolución “que tiene que ver con el incumplimiento de la Ley 1.012 en su artículo 2 por parte del Poder Ejecutivo provincial, al no haber informado a esta Cámara que se ha designado en el directorio de YPF al señor Maximiliano D’Alessio como representante de la provincia, para que sea rechazada su designación”, dijo.

En ese marco, el parlamento resolvió un pedido de informes que tiene un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas para que el Gobierno informe a la Legislatura si se nombró o no a Marcelo D’Alessio como representante ante YPF. Si esto es así, se pide que se envíe la documentación respaldatoria.

Los legisladores quieren determinar si hubo un incumplimiento de la ley 1.012 la cual habla claramente de que cuando el gobierno nombra un representante ante YPF tiene 48 horas ya que no puede entrar en funciones hasta tanto la Legislatura lo apruebe porque es ad referéndum del parlamento provincial.

De esta manera la Legislatura envió una señal política clara de autonomía y de voluntad de ejercer un control más estricto.

La negativa no fue un hecho aislado, sino que se inscribió en una lógica más amplia: el rechazo a convalidar automáticamente las propuestas del Ejecutivo y la decisión de ejercer un control más estricto sobre los cargos estratégicos.

En una provincia donde la política energética tiene un peso central, la representación en YPF adquiere una relevancia particular, por lo que la falta de acuerdo legislativo constituye un mensaje político de fondo.

Un Parlamento más activo en el control institucional

En línea con ese escenario, la legisladora Victoria Vuoto planteó la necesidad de fortalecer las herramientas de control parlamentario.

“La Legislatura no puede limitarse a recibir informes cuando los funcionarios quieren enviarlos. Tiene que poder exigir explicaciones”, sostuvo, en referencia a la ampliación de los mecanismos de interpelación.

El planteo refleja una tendencia más amplia: un Poder Legislativo que busca ganar protagonismo y equilibrar la dinámica institucional.

Sala Juzgadora y Sala Acusadora

En el marco de la sesión, la Legislatura también avanzó en la conformación de los órganos previstos para eventuales procesos de juicio político, estableciendo la integración de la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora, dos instancias clave dentro del esquema institucional de control. La primera, encargada de analizar denuncias y promover acusaciones contra funcionarios, quedó integrada por legisladores de distintos bloques, respetando la proporcionalidad política del cuerpo y garantizando representación plural en una etapa donde se define la procedencia de los procesos.

Por su parte, la Sala Juzgadora —responsable de evaluar las acusaciones y eventualmente dictar sanciones— también fue conformada bajo criterios de equilibrio político, asegurando imparcialidad en el juzgamiento. La definición de ambas salas no es un dato menor: en un contexto de creciente tensión institucional y mayor protagonismo legislativo, su integración refuerza la capacidad del Parlamento para ejercer control efectivo sobre los otros poderes del Estado.

Un cambio de época en la política fueguina

Al cierre de la sesión, lo que quedó no fue sólo el resultado de las votaciones, sino la sensación de que algo está cambiando en la política fueguina.

La Legislatura mostró mayor iniciativa, mayor confrontación y mayor disposición a intervenir en decisiones clave del Estado. En ese contexto, figuras como Natalia Gracianía se consolidan como actores centrales de una nueva etapa.

El debate por el puerto, las decisiones sobre Terra Ignis y los cuestionamientos a la gestión estatal no son hechos aislados. Forman parte de un escenario en el que el equilibrio de poder se redefine y donde el Parlamento empieza a ocupar un lugar más determinante.

Una señal, en definitiva, de que la política fueguina ha entrado en una fase más explícita, más disputada y, posiblemente, más decisiva para el futuro institucional de la provincia.