La abogada e investigadora Mariana Sánchez Caparrós participó en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, donde expuso una iniciativa tecnológica orientada a mejorar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género mediante inteligencia artificial. Es importante destacar que el desarrollo de la iniciativa contó con una significativa participación de talento fueguino.
Río Grande.- El desarrollo de la iniciativa tecnológica orientada a mejorar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género mediante inteligencia artificial, contó con una destacada participación de talento fueguino. El equipo estuvo integrado por Mariana Sánchez Caparrós como líder de producto y del proyecto, y responsable del abordaje ético de la solución, junto a los licenciados en informática y desarrolladores Matías Calderini, Matías Mansilla y Sergio Maciel, quienes participaron en el diseño y desarrollo tecnológico de la plataforma.
La iniciativa fue presentada en el marco de la CSW70, junto a CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Ministerio de la Mujer de Paraguay, y propone utilizar herramientas de Inteligencia artificial para optimizar la recepción de denuncias, reducir la revictimización y fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia.
Tecnología aplicada al acceso a la justicia
Durante su exposición, Sánchez Caparrós explicó el desarrollo de una Plataforma Inteligente para la toma de denuncias y la generación de decisiones basadas en evidencia, pensada para asistir a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
El sistema se estructura en varios componentes tecnológicos que buscan mejorar la experiencia de la víctima y, al mismo tiempo, generar información útil para el sistema judicial y las políticas públicas:
IA para la escucha activa: permite procesar denuncias verbales con asistencia de inteligencia artificial supervisada, preservando el relato original de la víctima.
Estructuración automática de datos: transforma testimonios en información organizada que facilita el análisis y la toma de decisiones en el ámbito estatal.
Georreferenciación de hechos: ubica territorialmente los casos para generar diagnósticos más precisos sobre la violencia de género.
Recolección temprana de evidencia: posibilita cargar documentos, audios o imágenes para resguardar pruebas desde las primeras etapas del proceso.
Según explicó la investigadora, el objetivo es reducir la victimización secundaria, un fenómeno frecuente en procesos judiciales donde las víctimas deben repetir reiteradamente su relato o enfrentar procedimientos burocráticos complejos.
Un desarrollo con enfoque ético y soberanía tecnológica

El proyecto se basa en principios de privacidad, ética y soberanía tecnológica, buscando que los sistemas de inteligencia artificial se diseñen con protección de datos y transparencia desde su origen.
El laboratorio IALAB, donde se desarrolla parte de este trabajo, es un espacio académico vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dedicado a investigar aplicaciones de inteligencia artificial en el sector público, la justicia y la administración estatal. Entre sus líneas de trabajo se encuentran la gobernanza de la IA, la regulación tecnológica y el uso responsable de sistemas algorítmicos en el ámbito judicial.
En ese marco, el equipo viene impulsando estudios sobre IA aplicada al derecho y a los derechos humanos, así como directrices para el uso responsable de herramientas como los sistemas generativos en la administración pública.
Justicia digital con perspectiva de género
La participación en la CSW70 representa un paso más en la internacionalización de estas iniciativas. Para Sánchez Caparrós, el desafío consiste en incorporar la tecnología al sistema judicial sin perder de vista los derechos humanos y la perspectiva de género.
“Una justicia digital con enfoque de género es posible y puede convertirse en una herramienta clave para mejorar el servicio de justicia”, señaló la investigadora durante su presentación ante representantes de distintos países y organismos internacionales.
La propuesta busca demostrar que la inteligencia artificial no solo puede automatizar procesos, sino también ayudar a detectar patrones, comprender mejor la violencia y diseñar políticas públicas más eficaces, especialmente en América Latina, donde el acceso a la justicia sigue siendo una de las principales barreras para las víctimas de violencia de género.






















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