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Policías del ex Territorio llevan nueve meses sin cobrar su jubilación y crece la preocupación por 540 familias afectadas, ante lo cual la legisladora provincial Natalia Gracianía cuestionó el silencio del Gobierno fueguino frente a la crítica situación que atraviesan los retirados de la Policía del ex Territorio Nacional. Denunció que muchos de ellos están endeudados, enfermos y sin respuestas oficiales, mientras la deuda previsional continúa acumulándose.

Río Grande.- En diálogo con el programa “La Mañana de la Tecno” por Radio Universidad 93.5 MHz, la legisladora provincial de Tierra del Fuego por el bloque La Libertad Avanza (LLA), Natalia Gracianía, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los policías retirados del ex Territorio Nacional, quienes llevan nueve meses sin percibir la totalidad de sus haberes jubilatorios.

Según explicó la parlamentaria, se trata de 540 familias afectadas, muchas de ellas compuestas por adultos mayores que hoy atraviesan una situación económica y social extremadamente delicada.

“Estamos hablando de personas que ya cumplieron su servicio como policías, que hoy están retiradas y deberían estar transitando esta etapa de la vida con tranquilidad, pero están pasando angustia, endeudamiento y enfermedades producto de esta incertidumbre”, señaló.

Una deuda que se acumula mes a mes

Gracianía explicó que los jubilados perciben únicamente una parte de su haber, correspondiente a los aportes realizados en la caja federal, mientras que la porción que debe abonar la Caja de Previsión Policial provincial permanece impaga desde hace meses.

La legisladora remarcó que el único pago que recibieron recientemente fue un desembolso parcial de uno de los aguinaldos adeudados en agosto, lo que no resolvió la situación de fondo.

“Esta deuda crece todos los meses y las familias están totalmente desesperadas. Recibo mensajes de esposas, hijos, viudas y de los propios retirados contando situaciones realmente dramáticas”, afirmó.

Según relató, muchos de los afectados se encuentran endeudados con préstamos y tarjetas de crédito, mientras otros enfrentan dificultades para comprar medicamentos o cubrir gastos básicos.

Pedido de informes en la Legislatura

Ante la falta de respuestas oficiales, Gracianía confirmó que presentó en la Legislatura un pedido de informes dirigido a la Caja de Previsión Policial, con el objetivo de conocer la situación financiera del organismo y el plan para cancelar la deuda.

El proyecto, que sería tratado en la primera sesión ordinaria prevista para el 26 de marzo, solicita detalles sobre:

*- Cómo se afrontará la deuda acumulada con los retirados.

*- La sostenibilidad financiera de la caja previsional.

*- Si el Gobierno provincial ha brindado asistencia económica al organismo.

*- El estado de los aportes que debe realizar el Estado provincial.

La legisladora recordó además que la Comisión de Seguridad de la Legislatura convocó en dos oportunidades a autoridades de la Caja Policial y al Gobierno provincial, pero ninguno de los organismos asistió.

“Los citamos dos veces para que explicaran la situación frente a los jubilados y sus familias, pero la caja no vino y el Gobierno tampoco”, sostuvo.

Posibles ejecuciones fiscales del Banco Tierra del Fuego

Otro de los aspectos que preocupa a los retirados es la acumulación de deudas con el Banco Tierra del Fuego (BTF), situación que podría derivar en ejecuciones judiciales.

En ese sentido, Gracianía adelantó que evalúa solicitar formalmente información al banco para analizar la posibilidad de refinanciar o suspender temporalmente las deudas de los afectados.

“Estamos tratando de relevar cuántos jubilados tienen problemas con préstamos o tarjetas. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: si no cobran lo que les corresponde, cualquier refinanciación es solo un parche”, advirtió.

Para la legisladora libertaria, el problema requiere una solución urgente por parte del Gobierno provincial, ya que se trata de personas que cumplieron funciones en la seguridad pública y hoy enfrentan una situación que calificó como “inadmisible”.

“Es una situación absolutamente injusta. Estamos hablando de 540 familias que han quedado en una situación de enorme vulnerabilidad y que merecen una respuesta concreta”, concluyó.